John Saxe-Fernández

La suma de todos los miedos

"Invertiré en la tecnología del futuro para evitar que los estadunidenses tengan que morir por el petróleo iraquí". Con estas palabras el senador John Kerry, puntero en la contienda por la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos, sacó del clóset un tema ampliamente discutido en el ámbito internacional, tabú para los medios de comunicación estadunidenses: el peso de los intereses de la industria del gas y del petróleo en la guerra de conquista desatada por Bush contra Irak.

Lo dicho por Kerry cobra importancia porque se da en medio de una profunda crisis de credibilidad del gobierno debido, primero, a la revelación del ex secretario del Tesoro, Paul O' Neill, de que la decisión de atacar Irak se tomó meses antes del 11/9, y segundo, a las declaraciones de David Kay, de la CIA y ex jefe de inspectores de armas de destrucción masiva, sobre la inexistencia de esos arsenales en Irak.

Si bien Kay aseguró que Hussein destruyó los arsenales en 1991 y que nunca fueron sustituidos, lo cierto es que abrió una puerta de escape a Bush, Cheney y el resto del equipo de la Casa Blanca, al plantear que todo se debió, no a una manipulación deliberada del Congreso y del público por parte de Bush, sino a "errores de los servicios de inteligencia" en cuanto a la existencia de esas armas en Irak.

La creación de comisiones en Estados Unidos e Inglaterra para "indagar esas fallas" es, como expresó hace pocos días a la BBC Marcos Roitman, un intento para "lavarse la cara". Bush no sólo se opuso terminantemente a la labor de los inspectores de Naciones Unidas, que habrían llegado a la misma conclusión de Kay mucho antes, sino que alegó la existencia de una amenaza inminente para desatar una masacre de iraquíes, seguida por persistentes bajas de Estados Unidos. Además de desactivar a los inspectores de la ONU, Bush y Blair reprimieron las pruebas recabadas por sus servicios de inteligencia que pusieron en tela de duda la existencia de arsenales prohibidos. Como develó O'Neill, el objetivo predeterminado de Bush fue desencadenar la guerra, por lo que puso a un lado todo indicio que cuestionara un brutal operativo "preventivo", en el que los principales beneficiarios han sido precisamente grandes empresas de la construcción, del área de servicios petroleros y otros importantes contratistas militares, todos vinculados con la Casa Blanca en general y con el vicepresidente Cheney en particular. Un estudio del Centro por la Integridad Pública indica que incluso la desprestigiada Enron -uno de cuyos funcionarios preparó el esquema de "reforma" petroeléctrica de Fox-, por medio de su gerente general y su Comité de Acción Política continúa apoyando la campaña de Bush. Bajo presión del Senado y de la Cámara baja, el presidente finalmente cedió a la propuesta de crear una comisión independiente sobre las presuntas fallas de los servicios de inteligencia, pero, siguiendo su notable inclinación a burlar a la opinión pública, se ha asegurado de que los resultados de tales investigaciones se conozcan "después" de concluidos los comicios presidenciales.

En un medio internacional adverso, debido al "empantanamiento mesopotámico" en el que la resistencia iraquí ha sumido a la campaña militar de la "superpotencia delincuencial" dirigida por Bush, así como a condiciones domésticas que indican un potencial deterioro electoral por la incapacidad de los programas gubernamentales para generar empleo mientras impulsan un déficit fiscal y de cuenta corriente sin precedentes, la propensión del presidente y su equipo a recurrir al miedo como pieza central para lograr su relección se cierne como uno de los grandes peligros para la sociedad estadunidense y el mundo, especialmente si se tiene presente su proclividad por la manipulación de la opinión pública mediante el "manejo" de la información y de maniobras encubiertas.

Al discutir las ventajas que las encuestas daban a Kerry sobre Bush en la eventualidad de que los comicios se celebraran ahora, fue precisamente un estratega republicano quien expresó desde la CNN que la situación "podría revertirse rápidamente de ocurrir alguna acción terrorista espectacular". En este contexto cobran relevancia los ataques de ricina contra el Senado y dos quejas planteadas por los demócratas: sólo 3 por ciento de todos los contenedores que ingresan diariamente a Estados Unidos por vía marítima reciben una inspección de seguridad, mientras, en contradicción con la retórica oficial sobre la proliferación nuclear, el gobierno de Bush obstaculiza los esfuerzos internacionales por monitorear y controlar la circulación de uranio enriquecido. Con Bush en el poder conviene pensar lo impensable: un escenario como el planteado en la película La suma de todos los miedos -un hipotético ataque terrorista nuclear contra una ciudad-, que aseguraría la "relección" y consolidaría el regime change en Estados Unidos al sustituir permanentemente a la Constitución con la nueva versión de la Ley Patriota.

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