México D.F. Lunes 2 de febrero de 2004
Preocupa a ecologistas el dominio de la Subprocuraduría
de Inspección Industrial
Areas clave de la Semarnat, bajo control empresarial
Personajes ligados a la IP coordinan asesores y dirigen
el campo de normatividad ambiental
Organizaciones civiles temen que algunos funcionarios
beneficien intereses de particulares
ANGELICA ENCISO
Areas estratégicas de la Secretaría de Medio
Ambiente y Re-cursos Naturales (Semarnat), que están orientadas
a la regulación ambiental, el desarrollo de normatividad, la vigilancia
e inspección de la planta industrial, están en manos de empresarios
y de personas ligadas con ellos.
Bajo su control están la Subprocuraduría
de Inspección Industrial de la Procuraduría Fe-deral de Protección
al Ambiente (Profepa), la coordinación de asesores del titular de
la Semarnat y el área de normatividad ambiental. Es un giro radical
de la política ambiental reflejado en las personas que encabezan
rubros sustanciales en la secretaría, indican organizaciones ambientalistas.
Si bien hace casi diez años, cuando se creó
la dependencia, a ella llegaron académicos para impulsar en el gabinete
el tema ecológico, ahora hay industriales. En 1994, Julia Carabias,
maestra en ciencias, entonces titular de la secretaría, atrajo a
investigadores universitarios reconocidos para ocupar esos puestos. De
esos personajes quedan Fernando Tudela, que entonces fue coordinador de
asesores, ex investigador de El Colegio de México y quien ahora
funge como subsecretario de Planeación. También es el caso
de Francisco Giner de los Ríos, que fue director general de Regulación
Ambiental del Instituto Nacional de Ecología y ahora es subsecretario
de Gestión para la Protección Ambiental.
Preocupación civil
Para
organizaciones ambientalistas resulta preocupante que entidades desde las
cuales la actividad industrial es regulada, normada, vigilada y sancionada,
desde septiembre pasado estén a cargo de empresarios y gente afín
a ellos. Sobre todo porque aún está pendiente el reglamento
del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), que
de manera obligatoria deberá presentar el sector industrial y en
el que darán a conocer públicamente las emisiones contaminantes
al aire, agua y suelo, con lo cual se conocerá cuál es la
industria más sucia y cuál la más limpia.
Es sabido que desde que el registro estaba a discusión,
antes de que su existencia fuera sancionada por la ley, hubo oposición
de empresarios y de la misma Secretaría de Economía, pero
al final salió adelante, porque además es parte del compromiso
trinacional que el gobierno debe cumplir al ser parte del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. En Estados Unidos, el RETC existe
desde hace varios años. En ese país la industria reporta
600 sustancias, en Canadá son 250 y en México serán
104, por las características de la industria, argumentan funcionarios,
pero la cifra se pretende reducir sustancialmente, según organizaciones
que son parte del grupo de discusión del registro.
El subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental,
Juan José García de Alba, responsable de emitir las regulaciones
ambientales hacia la industria y otros sectores, es empresario del calzado
y fue coordinador general en Jalisco de la asociación Amigos de
Fox. También se dedicó a la producción de plásticos,
además de ser organizador de congresos internacionales de nuevas
tecnologías agrícolas. Su conocimiento sobre medio ambiente
se remite a haber participado como expositor y asistente en cursos sobre
el tema.
La coordinadora de asesores del subsecretario García
de Alba es Adriana Oropeza, quien como parte del Consejo Coordinador Empresarial
(C-CE) y de su área ambiental, el Centro de Estudios para el Desarrollo
Ambiental (Cespedes), en muchas ocasiones cabildeó en la Cámara
de Diputados para que tanto leyes como normas ambientales en proceso de
ser aprobadas no afectaran a la industria, sino que al contrario, se viera
beneficiada. Oropeza ahora es parte sustancial de la subsecretaría
en la que se desarrollan todas las regulaciones ambientales que inciden
en las empresas.
El coordinador de asesores del titular de la Semarnat
y su mano derecha es Raúl Tornel, propietario de la llantera del
mismo apellido. Durante ocho años fue presidente de la Comisión
de Ecología de la Confederación de Cámaras Industriales
de México y creó la primera Comisión de Ecología
en la Cámara Nacional de la Industria Hulera. Además fue
presidente de la Asociación de Llantas y Rines y vicepresidente
de la Cámara Nacional de la Industria Hulera.
La pregunta que organizaciones ambientalistas se hacen
es acerca de los beneficios que la industria obtendrá al tener gente
afín a ella en la Semarnat, ahora que son juez y parte. Un ejemplo
de la posición de Tornel y del subprocurador de Inspección
Industrial, recuerdan entrevistados, se dio en el debate de la Ley General
de Residuos, que fue aprobada el año pasado, cuando apoyaron la
incineración, método de destrucción de residuos peligrosos
con el que las organizaciones ambientalistas estaban en contra por el nivel
de tóxicos que emiten al aire.
El responsable de vigilar el cumplimiento de la legislación
ambiental y de sancionar a las plantas industriales es José Ramón
Ardavín, ex presidente de la Comisión de Ecología
de la Cámara Nacional del Cemento y de Cementos Mexicanos (Cemex).
La industria del ramo ocupa el lugar número 12 -de 32 giros industriales-
en cuanto al tamaño de sus fuentes contaminantes, aunque se considera
que en México es más limpia que en otros países.
Ardavín está a cargo del área cuya
misión es que las 33 mil 800 plantas industriales de competencia
federal prevengan y controlen la contaminación y restauren el medio
ambiente; además, debe identificar las infracciones, notificar las
sanciones y ordenar las medidas correctivas.
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