Aclara definición de embarazo

Señora directora: Quisiera que se publicaran algunos comentarios en torno a la controversial inclusión de la píldora AE en la norma oficial, dirigidos a la arquidiócesis mexicana y a la sociedad en general.

Ultimamente, en países como Estados Unidos y el nuestro, el clero se ha permitido una injerencia desmedida en varios ámbitos de la vida política y social, afectando a toda la población con puntos de vista carentes de objetividad y racionalidad científica, ésta muy importante en el tema que abordo. El martes fue publicada una aclaración del presbítero Hugo Valdemar, en la que cita de forma incompleta una aclaración de embarazo que da un diccionario médico y de enfermería. No me corresponde seguir el juego acudiendo a más fuentes de literatura especializada, pero es necesario compartir al menos dos conceptos que parecen decisivos para la tronadera de críticas oscurantistas:

El internacionalmente reconocido texto, Obstetricia, de Williams, informa que "se puede hablar de un embarazo si, y sólo si, se presentan los siguientes tres signos positivos: 1) identificación del latido cardiaco fetal (día 21 o 22 post-fecundación); 2) movimientos fetales activos percibidos por el médico (término del cuarto mes), y 3) reconocimiento del feto por medio de técnicas ecocardiográficas (ultrasonido) o el feto más maduro mediante radiografía en la segunda mitad del periodo gestacional". Asimismo, páginas después, brinda la definición de aborto: "Es la terminación del embarazo por cualquier medio".

Por tanto, las píldoras del día siguiente no son abortivas, pues no impiden el embarazo. (embarazo, señores eclesiásticos, nunca es sinónimo de fecundación; ¿capisci?) ¿Por qué obcecarse en llamar "asesinato" al hecho de eliminar dos células que se alojan en el organismo femenino? Yo amo la vida (por eso elegí la carrera de medicina), mas no concibo la simulada actitud filantrópica de varios miembros de la Iglesia. Poco falta para que se opongan al coito interrumpido, aduciendo que los involucrados cometen un crimen por impedir que dos células proveedoras de vida, predestinadas a encontrarse, se unan. ¿Acaso es eso homicidio, oh milenarios amigos del derramamiento de sangre en nombre del Señor de los cielos? Y porque amo la vida es que defiendo el derecho que tienen tantas mujeres -mujeres vivas, que existen, que sienten; no un cigoto que todavía ni siquiera presenta reflejos- de expulsar, si así lo deciden, el huevo producto de una violación; o la capacidad plena de una pareja para elegir si se continúa o no con el proceso de división celular que tiene lugar dentro de las tubas y del útero de ella, después de una incursión, mal protegida, en el natural y maravilloso mundo del sexo carnal y genital. ¿Es difícil relacionar la represión y el miedo que infunde la moral religiosa con el hecho de que 40 por ciento del total de embarazos en México son no deseados? ¿Y qué pasa con los bebés -vivos, ellos sí- que nacieron sin ser deseados, sin ser esperados? ¿No es más criminal el futuro que les depara esta sociedad sin oportunidades?

Por lo pronto, me voy a preparar mi exposición de anticonceptivos para mañana, no sin antes imaginar lo que gozaremos mi novia y yo esta noche (usando condón, claro).

Daniel Padilla Cicourel, 19 años, estudiante de medicina, UNAM

Señora directora: Una preocupación que embarga a los sindicatos y las organizaciones sociales y campesinas que integramos el Frente Sindical Mexicano tiene como eje la violencia a que están recurriendo las autoridades federales, estatales y municipales para impedir que los pueblos indígenas y mestizos puedan hacer válida su manera de elegir las autoridades por medio de usos y costumbres.

El municipio de Tlalnepantla, Morelos, ha sufrido en carne propia el concepto de autoridad y de justicia que tienen los gobernantes del PAN y los viejos caciques del PRI. La idea de impedir que los pueblos indígenas-mestizos sean autosuficientes y elijan a sus autoridades, para meterlos al juego partidista, está fundada en un concepto racista y discriminador, impuesto por los conquistadores europeos. No obstante la disposición de diálogo y respeto con que se condujeron los representantes de la comunidad ante el gobierno del estado, el organismo de derechos humanos y los representantes del PRI y sus candidatos, éstos mantuvieron una actitud de alargar el conflicto y restarle importancia a la demanda de respeto a la elección de autoridades bajo la tradición del pueblo.

Si hasta hace tres años no hubo problemas fue porque el PRI registraba como candidato al que elegía la comunidad y no había contrincante. Pero hoy la disputa partidaria dividió a la comunidad entre siete candidatos y el que eligió la población por usos y costumbres fue registrado por el partido Fuerza Ciudadana. Habiendo cumplido con su tradición, los ciudadanos no fueron a votar, por juzgarlo innecesario, acción que permitió que el candidato del PRI y el del PAN disputaran la presidencia municipal con los votos de 10 de los integrantes del padrón electoral, que es de 4 mil 500 ciudadanos. Esta situación obligó a reaccionar al pueblo y solicitar que se reconsiderara la elección y se respetara al que ellos eligieron por usos y costumbres.

La reacción desmesurada del gobernador Sergio Estrada Cajigal no es ajena, ya que es su forma de entender cómo se arreglan los conflictos que cuestionan la "legalidad", sin tomar en cuenta la inoperancia de las leyes para atender las justas demandas de la población que mantiene formas de elección distintas, legítimas y aceptadas por los pobladores.

En razón de ello exigimos a las autoridades federales y al Congreso de la Unión su definitiva intervención para frenar la violencia y la violación de los derechos constitucionales de la población del municipio de Tlalnepantla, juicio político al gobernador y castigo a los responsables del asesinato de un ciudadano y de la dispersión de la población, aterrorizándola al ingresar a sus casas y llevarse presas a las personas que no admiten que los administre alguien distinto al que eligieron por usos y costumbres.

Por la dirección nacional: Salvador Ibarra Vega, secretario de comunicación y prensa; Rosendo Flores F., presidente; José Luis Vega N., secretario de organización; Alejandro Vega, secretario de formación sindical; Maurilio Hernández, secretario de alianzas; Eder Mendoza Q., secretaria de finanzas, y Joel López M., oficial mayor

Señora directora: He leído con mucha tristeza la noticia de la renuncia de María Eugenia Tamez como productora de Diálogos en confianza y de la censura aplicada a los temas de sexualidad, pues ese programa se ha caracterizado por ser una fuente muy valiosa de información para las personas que de otra manera difícilmente encontrarían soluciones a muchas de sus preguntas.

La información profesionalmente transmitida en ese programa no merece ser censurada por personas llenas de prejuicios e ideas medievales. Es una pena también que el señor Julio Di-Bella siga pensando sólo en "mejorar el rating", en detrimento de los contenidos de sus programas.

Norma Botello Stolz, residente en Alemania

Señora directora: Agradezco de antemano la atención prestada a esta misiva, en la que deseo exponer algunas precisiones a la nota publicada en su acreditado diario en la página 31 de la edición del 23 de enero del presente, en la que se lee que "Patricio Martínez habría entregado bono ilegal a funcionarios electorales".

De acuerdo con la nota, diputados de Acción Nacional señalaron que se pagaron "bonos de compensación a magistrados del Tribunal Estatal Electoral por más de 3 millones 930 mil pesos, entregados por el gobierno de Patricio Martínez".

Al respecto, me permito comentarle que la Secretaría de Finanzas, por medio del Departamento de Organismos Descentralizados, entregó al Tribunal Estatal Electoral (TEE) 3 millones 930 mil 762 pesos y 70 centavos, por concepto de reparación, ampliación y equipamiento del inmueble que ocupa, pues se había derrumbado el techo de una parte del local de dicho organismo.

Asimismo, para la ampliación de las instalaciones se realizó la compra de la casa contigua, y al monto de la adquisición de la finca se suman los gastos correspondientes a la adecuación del nuevo espacio, con una inversión que totaliza la cifra mencionada, con recursos provenientes de la cuenta denominada "Apoyo a la democratización integral" y de ingresos propios de la administración, pero nunca dichos importes se destinaron al pago de bonos u otros conceptos a favor de los funcionarios o demás personal del TEE.

Como puede usted comprobar, la dignificación de los espacios de los organismos descentralizados y dependencias oficiales ha sido una constante en la presente administración estatal. Lamentamos que versiones tendenciosas pretendan sembrar el desconcierto y la duda entre sus lectores, pues seguramente se omitió dar a conocer que en el informe se establece que la cifra en cuestión es un presupuesto modificado, con recursos destinados para ese efecto, y corresponde a las ampliaciones del presupuesto original y cuyo cierre se reporta en el mes de diciembre.

Agradezco de nuevo el favor de su atención y le ruego la publicación de la presente.

Lic. Antonio García Hernández, coordinador de Comunicación Social del gobierno del estado de Chihuahua

Señora directora: Con relación a la carta aclaratoria (a una nota del 12 de enero) firmada por el C. Edilberto Ramírez Vázquez, publicada el 26 de enero de los corrientes en este mismo espacio, me permito manifestar lo siguiente:

El señor Edilberto Ramírez Vázquez, irresponsablemente hace precisiones fuera de lugar, en donde aparece mi nombre y me involucra en el conflicto y bloqueo del pueblo de San Mateo Xalpa, ya que dice le informaron que estuve presente en la coordinación del pueblo referido. Aclaro que a esa hora estaba yo en la iglesia del pueblo de San Mateo. Posteriormente me dirigí, como siempre, a realizar mis labores de ama de casa en la colonia Santa Cruz de Guadalupe. Este señor está fabricando culpables de hechos que le corresponden a otras personas y trata de justificar su incapacidad con actitudes dolosas. Si quiere ser coordinador, que no propicie enfrentamientos y desconfianza entre vecinos del pueblo.

Reyna Olivares González

Señora directora: El lunes 26 de enero del presente se publicó en esta sección una carta aclaratoria a una nota del 12 del mismo mes, firmada por el C. Edilberto Ramírez Vázquez. El supuesto coordinador del pueblo de San Mateo Xalpa hace aparecer mi nombre y me involucra en el bloqueo del pueblo. Lo señalado no es una aclaración sino una información en la que de manera irresponsable y dolosa afirma que yo estaba presente en dicho acto, cuando en realidad a esa hora permanecía con mis familiares en una fiesta en el pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa, como pueden dar fe un sinnúmero de personas.

Como ciudadana me preocupa esta actitud, ya que en lugar de beneficiar a la comunidad nos perjudica y propicia enfrentamientos.

Petra Tapia García

Los integrantes de la Coordinación de Comités de Base de Trabajadores, Jubilados y Pensionados del Seguro Social estamos muy preocupados por la grave pretensión del gobierno neoliberal foxista y del director general del IMSS, Santiago Levy, con la indigna complicidad del CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que encabeza el diputado priísta Rodolfo Vega Galina, de hacer lesivas y regresivas modificaciones al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), contenidas y promovidas intensamente en su propuesta Reformas 2004 Modernización del RJP. Decisiones con Futuro. CEN-SNTSS 2002-2006. Esta propuesta se encuentra plagada de mentiras, demagogia y catastróficas amenazas sutiles -"De este modo asegurar la viabilidad financiera y permanencia de nuestra fuente de trabajo"- y abiertas -se harían destituciones de los opositores-, para tratar de desmovilizar a la base trabajadora, e intentará que se apruebe en un controlado neocharrilmente congreso nacional extraordinario el 15 de marzo.

Ante esta crítica situación, invitamos a debatir fraternalmente un plan de lucha y una coordinación nacional amplia y unitaria; por lo que convocamos a una urgente asamblea nacional de trabajadores, pensionados y jubilados del IMSS, contra las neoliberales modificaciones al régimen de jubilaciones y pensiones, el sábado 7 de febrero a las 10 horas en la Universidad Obrera de México, calle San Idelfonso 72, Centro Histórico, México, DF.

Dr. Armando Quiroz Alejandre, María Luisa López, Simón de la Rosa (estado de México), Lilia Pérez, Carlos Lozada, Armando Hernández, Isabel Baca, Dr. Rafael Gomar, Teresa Calderón, Alberto López, Víctor Munguía, Germán Ortega, Carlos Chávez (estado de México), Juan Mejía (estado de México)
  

El Correo Ilustrado