En el documento, la Semarnat pide a las fuerzas armadas mantenerse en la zona

Reubicar a indígenas asentados en Montes Azules, eje de un plan federal

Solicita a Gobernación revisar a extranjeros que asesoran a habitantes de la reserva

ONG denuncia intereses ''conservacionistas multinacionales'' en reciente expulsión

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 30 de enero. Lo que está ocurriendo en Montes Azules se presenta como un problema exclusivamente ambiental, que incumbe sólo al conservacionismo institucional y privado, aunque "para bien de la humanidad". La "politización" del problema es vista como una mancha de lo social sobre el limpio papel en que se imprimen los planes de protección, y los mal disimulados intereses comerciales y de bioprospección estratégica.

En el documento oficial Acciones prioritarias a realizar en la reserva de la biosfera Montes Azules (enero de 2004), el gobierno federal fija sus prioridades en la materia y las ''acciones inmediatas de gestión'' con diversas dependencias federales y la secretaría de Gobierno de Chiapas. En su "ruta crítica", el documento destaca que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ''actualizará los procedimientos jurídicos-administrativos por el cambio de uso de suelo de las invasiones. En caso de que no existan, los ejecutará de manera inmediata. No deberán permitirse nuevas invasiones''.

El plan de acción, diseñado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Profepa, representa la más reciente plataforma para la expulsión de las comunidades indígenas dentro de Montes Azules. El único término oficialmente aceptado es ''reubicación''. La palabra "desalojo" está desalojada del lenguaje gubernamental.

El plan enfrenta no pocos obstáculos, incluso internos: ''El jefe del Estado Mayor de la Armada, vicealmirante Alberto Castro Rosas, ha confirmado que en enero de 2004 se retirarán, de manera definitiva, las bases de operaciones que tiene la Armada en el sur de Chiapas, por razones presupuestales". Con esto, "pierde efectividad" la vigilancia de Profepa, por lo que "se sugiere una solicitud del secretario Cárdenas al secretario Peyrot para que mantenga a la Marina en la zona del río Lacantún".

Si la gestión fracasa, el titular de Semarnat deberá gestionar "ante el secretario de la Defensa para que los grupos anfibios especiales establezcan de inmediato acciones de vigilancia de la ribera del río Lacantún". Se lamenta que el Ejército federal no realice "acciones de acompañamiento a la Profepa, por lo que la coordinación con ellos tiene alcances muy limitados".

De todos modos, se pide a la Secretaría de la Defensa Nacional que destruya o inutilice ''pistas de aterrizaje que se observan en forma paralela a algunos asentamientos irregulares dentro de la reserva de la biosfera, como San Gregorio y Nueva Galilea". Con ello, Semarnat y Profepa califican a San Gregorio de irregular, buscando doblegar a la comunidad más antigua y menos irregular dentro de Montes Azules. Y meter al Ejército Mexicano en nuevos problemas.

A la Secretaría de Gobernación, Semarnat solicitará el regreso del garrote migratorio, ''para que revise la legalidad de la presencia y las acciones de asesoría de diversos extranjeros con los habitantes de los asentamientos irregulares''.

Por último, se reitera la alianza institucional con la ONG Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable (Endesu), al solicitarle ''apoyo para restablecer las estaciones científicas y de observación de Ixcán y Tzendales, contratando a trabajadores locales que permitan mantener presencia y vigilancia en la zona".

A eso se refiere la tercera prioridad del documento: ''Gestionar recursos y acordar con la comunidad de Nueva Palestina (parte de la comunidad lacandona, dueña legal de Montes Azules y la reserva de Lacantún) un programa de pago de servicios ambientales (única frase subrayada en el original) para evitar el desmonte".

La prioridad número dos es ''recuperar la ribera del río Lacantún (invasiones ocurridas durante la presente administración)'', y para ello, ''negociar con el grupo San Isidro (antes 8 de Febrero) y con Nuevo San Rafael la reubicación en las 70 hectáreas de que se dispone en el municipio de Salto de Agua''. No obstante, ahora que estos últimos han dejado Montes Azules, lo hicieron para volver a El Calvario, su comunidad de origen, no a Salto de Agua.

El punto clave del plan de la Federación es reubicar los ''asentamientos humanos'' de Montes Azules. Para llegar ahí, incurre en errores evidentes, como señalar que ''hasta 1994 existían 13 asentamientos irregulares'', entre los cuales cuenta "seis con resolución presidencial" (¿y aún así irregulares?; entonces que se cuiden hasta los lacandones). El texto también confunde comunidades, como Ruinas y Sol Paraíso. O dice en una misma página que el ''asentamiento humano'' El Buen Samaritano es ''anterior a 2000'', pero también que ''esta invasión se efectuó a finales de 2000''. O ubica inexactamente Arroyo Cristalina ''en el corazón de la reserva''.

Llama la atención el papel asignado a la asociación civil Endesu en el convenio de concertación para la vigilancia de los recursos de la reserva de la biosfera, firmado por Profepa, la Comisión Nacional de Areas Protegidas y la mencionada asociación, animada por ex funcionarios ambientales. Además de ''inhibir las conductas ilícitas de los pobladores locales y de posibles migrantes'', este grupo acuerda gestiones ante la Armada.

El 5 de enero de 2004, revela el documento gubernamental, Profepa se reunió en la estación biológica Chajul con Endesu, y ambos acordaron solicitar al Estado Mayor de la Armada la continuación de los recorridos fluviales de inspección y vigilancia por el río Lacantún; el ''traslado diario de elementos de la Armada desde la ENA en Flor de Cacao hasta Chajul'', y que los marinos ''pernocten cada tercer día en la estación Ixcán'' y establezcan un puesto de revisión frente a la estación.

Voces críticas

La organización ambientalista Maderas del Pueblo del Sureste sostuvo en un boletín divulgado ayer que el reciente desalojo en Montes Azules obedece a intereses conservacionistas multinacionales. ''En el poblado Nuevo San Rafael, ubicado en la porción sur de la reserva de la biosfera, se dio un operativo de desalojo quirúrgico.

''Nuevo San Rafael estaba integrado por indígenas provenientes de Sabanilla (al norte del estado), desplazados por la violencia del grupo paramilitar Paz y Justicia. Este pequeño poblado, junto con sus vecinos Nuevo San Isidro y Lucio Cabañas-Arroyo San Pablo (reubicado forzosamente en diciembre 2002 y luego abandonado a su suerte por el gobierno) se localizan a unos cuantos kilómetros de lo que fue la estación biológica de la UNAM Boca de Chajul".

En 2001, ''la estación para la investigación pública fue convertida en un hotel de turismo científico de gran altura. Mediante el pago de 90 dólares diarios y previa reservación vía Internet, llegan investigadores de universidades privadas extranjeras para realizar acciones de colectas y bioprospección, sin ningún control, ya no digamos de las comunidades, sino de nuestro país.

''La superficie donde se encuentra este hotel abarca 80 hectáreas de selva alta, a orillas de los ríos Lacantún y Chajul, en zona núcleo de la reserva, fue concesionada por los mal llamados lacandones a Endesu, por un lapso inicial de 25 años, a cambio de 65 mil pesos anuales'', prosigue Maderas del Pueblo.

''Endesu fue fundada por el biólogo Javier de la Maza, ex director general de Areas Naturales Protegidas de Semarnap (ahora Semarnat), con el apoyo político y financiero de la ex secretaria Julia Carabias. En su calidad de funcionarios, ambos aprovecharon en septiembre 1999 un convenio de Cooperación Técnica firmado por el gobierno mexicano con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por un monto de poco más de 7 millones de pesos, asignado a la selva Lacandona, transfiriendo ese monto íntegro a Endesu, para que 'pudiera rehabilitarse la infraestructura existente en la estación biológica de Chajul y se iniciara la construcción de otra estación en el río Tzendales.

"Es decir, Carabias y De la Maza, en tanto funcionarios de Semarnap, se regalan a sí mismos (como Espacios Naturales) 7 millones de pesos, otorgados por la ONU al pueblo de México, para su futuro negocio privado en Chajul, e iniciar otro en Tzendales.''

Según el reporte de Maderas, ''el segundo hotel de turismo científico, también en zona núcleo, estará en la desembocadura del río Tzendales en el Lacantún (lugar donde, dicen los lugareños, le gustaba ecoturistear al ex presidente Zedillo), sigue en construcción, disfrazado de estación biológica y de vigilancia privada, bajo la protección de Profepa y Semarnat y con recursos adicionales de Ford Motor Company".

En este contexto, "el desalojo quirúrgico efectuado en Nuevo San Rafael obedece, no al muy discutible hecho de que las pocas familias choles ahí asentadas estuvieran 'arrasando la selva' (la cual es 'imperativo' preservar 'para beneficio de la humanidad'), sino al pánico de las corporaciones multinacionales interesadas (y sus maquiladores nacionales) de que tales negocios de supuesto ecoturismo de elite (en realidad y en el fondo vinculados a la bioprospección) puedan venirse abajo por la cercanía y el riesgo de invasión de indígenas zapatistas".

Desde otra perspectiva, ''esta acción intimidatoria y 'ejemplar' puede leerse como una clara provocación a la paz social de los sectores duros de los gobiernos federal y estatal. Más allá de la justicia agraria y social implícitas, lo que se vive en Montes Azules detrás de los persistentes intentos de desalojo (o reubicación forzosa) y de la resistencia indígena a ello, no es más que una fragorosa y sorda batalla por ese territorio y sus valiosos y estratégicos recursos naturales".

Dicho en términos geopolíticos, concluye Maderas del Pueblo, allí estaría dirimiéndose en parte "la lucha entre el Plan Puebla Panamá/ALCA y el Plan La Realidad-Tijuana".