Cuestionan afán oficial en supuesta lucha antiterrorista

Critican presencia de extranjeros en actos que sólo competen a mexicanos

Organismos defensores de derechos humanos consideraron preocupante que las autoridades federales subordinen su obligación de proteger los derechos de todos los ciudadanos a los intereses políticos establecidos con otros países, en un afán de cumplir con una "supuesta lucha contra el terrorismo".

Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, afirmó que ningún acuerdo bilateral "puede estar por encima de la Constitución" ni "permitir la injerencia de representantes judiciales extranjeros en acciones que sólo competen a las autoridades mexicanas".

Nos preocupa mucho, agregó, que el gobierno federal esté violando las garantías judiciales "no sólo de los ciudadanos mexicanos, sino de cualquier persona que se encuentre en nuestro territorio".

A su vez, Fabián Sánchez Matus, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, destacó que la actitud de los responsables de las diligencias en que se permitió la injerencia de extranjeros "no sólo viola las garantías judiciales de los presuntos responsables, sino que los priva de un proceso justo".

En años recientes, agregó, las autoridades han preferido aplicar nuevos mecanismos que permitan cumplir con los acuerdos suscritos con otros países, como es el caso de la extradición de presuntos implicados en actos de terrorismo.

Así, "al no conseguir por la vía legal la extradición, recurren simplemente a la deportación, a pesar de que muchos de quienes han sido entregados a autoridades extranjeras corren el riesgo de ser torturados, violando con ello los acuerdos que hemos suscritos en materia de protección de derechos humanos".

Los defensores de derechos humanos, sostuvo Concha Malo, tendremos que estar muy atentos a este tipo de acciones, "pues no sólo se reconoce que esto no ocurre por primera vez, sino que se ha tenido una participación activa de autoridades españolas en las diligencias, violando con ello las garantías de los indiciados".

Sánchez Matus afirmó que al permitir la presencia del juez español Baltasar Garzón y del fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, las autoridades responsables no sólo incurrieron en violaciones a los derechos humanos, sino en incumplimiento de acuerdos internacionales suscritos por el Estado mexicano, los cuales "claramente establecen que no pueden usar esos mecanismos como parte de las indagatorias".

LAURA POY SOLANO