México D.F. Miércoles 28 de enero de 2004
Diputados federales plantean su interés
por participar en la solución del conflicto en Morelos
La policía implica a jornalero en el deceso
de Gregorio Sánchez, en Tlalnepantla
Desplazados insisten en el retiro de la fuerza pública
para poder regresar al municipio
LA JORNADA MORELOS Y MATILDE PEREZ
Cuernavaca, Mor., 27 de enero. La Policía
Ministerial del Estado detuvo a Carlos Cedeño Cortez, jornalero
de Tlalnepantla acusado de estar relacionado con el asesinato de Gregorio
Sánchez Mercado, ocurrido el 14 de enero durante el desalojo del
palacio municipal, informó este martes la esposa del detenido.
Por
su parte, la comisión de legisladores federales nombrada para enterarse
del caso de Tlalnepantla informó que el gobierno del estado y el
Congreso local están dispuestos a iniciar el diálogo para
resolver el conflicto, y que sólo esperan que el secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda, convoque a las partes en disputa para negociar.
En cambio, el Comité de Barrios y Poblados y el
concejo popular autónomo de Tlalnepantla pidieron a los legisladores
federales que realicen gestiones y coadyuven para que la policía
estatal se retire del municipio para que las familias desplazadas puedan
retornar a sus domicilios.
Cedeño Cortez trabajaba para Sánchez Mercado
en el cultivo del nopal en Tlalnepantla y fue llamado el lunes a declarar
como testigo en el caso del asesinato; luego de la presentación
se retiró.
Según relató su esposa Rocío, más
tarde fue llamado a la Subprocuraduría de la zona metropolitana,
con el argumento de que le faltó una firma. Cuando regresó
fue detenido bajo el cargo de complicidad en el homicidio.
El presunto responsable permanece desde la noche del lunes
en los separos de la Procuraduría de Justicia del Estado, tras rendir
declaración ante el Ministerio Público y la fiscal Guadalupe
Dávila Aranda, quien tiene a su cargo las averiguaciones previas
relacionadas con este caso: SC/7ª/2712/04-01, así como la CT/5ª/137/04-01.
El detenido relató que él se ocultaba a
espaldas de quien fuera su patrón, y que a través de unas
fotos publicadas en este rotativo reconoce el lugar y la posición
en la que quedó Gregorio Sánchez.
Según la declaración, fueron los policías
quienes abrieron fuego y una de las balas alcanzó a Sánchez
Mercado, quien se encontraba a unos 30 o 40 metros de los efectivos, aunque
ello no concuerda con los resultados de los peritajes que señalan
que el comunero fue ejecutado con una arma colocada a unos centímetros
de su cuerpo.
Si hay responsabilidades, las enfrento: secretario
de Gobierno
La comisión especial nombrada por el Congreso de
la Unión para el caso de Tlalnepantla se reunió con la Junta
de Coordinación Política y la comisión de investigación
del Congreso local. Los legisladores morelenses expresaron sus puntos de
vista sobre la situación que vive Tlalnepantla, propusieron líneas
de investigación y vías de solución al conflicto.
Los diputados federales se reunieron también con
el secretario de Gobierno, Eduardo Becerra Pérez, quien habría
insistido en que el conflicto es de índole municipal, no nacional,
y "porque en Morelos existen condiciones" para solucionar el conflicto
"no es necesaria la intervención de la Secretaría de Gobernación,
aunque es sano que lo haga".
Tras reiterar que fue él quien ordenó la
intervención de la fuerza pública, aceptó que "si
hay alguna responsabilidad que achacarme, estoy para enfrentarla... enfrentaremos
cualquier situación; sabemos que nosotros actuamos en absoluto y
estricto apego a la ley".
Al término del encuentro, la diputada federal Dolores
Padierna Luna y el senador Marco Antonio Adame Castillo informaron que
los poderes Ejecutivo y Legislativo expresaron su disposición de
iniciar el diálogo, y sólo esperan que el secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda, convoque a las partes en disputa a negociar.
Sostuvo que "urge" que el secretario de Gobernación
"asuma su responsabilidad y llame a las partes (a dialogar) para que se
solucione cuanto antes este conflicto". Precisó que Santiago Creel
debe convocar a la mesa del diálogo, pues es un hecho que a nivel
estatal no se logró darle solución y evitar los hechos violentos.
Además de la perredista Dolores Padierna, estuvieron
en la reunión el senador Marco Antonio Adame y el diputado federal
Luis Antonio Ramírez Pineda (del PRI), entre otros.
Por el Congreso local participaron el presidente de la
mesa directiva, Rodolfo Becerril Straffon; los coordinadores parlamentarios
y miembros de la Junta de Coordinación Política Javier López
Sánchez, Juan Salgado Brito, Guillermo López Ruvalcaba, Javier
Estrada González y Jaime Alvarez Cisneros.
Retiro de la policía para regresar, piden desplazados
Por su parte, el Comité de Barrios y Poblados y
el concejo popular autónomo de Tlalnepantla, Morelos, pidieron a
la comisión de legisladores federales que realicen gestiones y servicios
de coadyuvancia para que la policía estatal se retire del municipio
y las familias que fueron desplazadas puedan retornar a sus domicilios.
Es inaceptable el cerco policiaco que impide a los habitantes
regresar a sus hogares, "el estado de sitio nos dispersa y obliga al exilio";
un diálogo digno y serio no puede iniciarse si no hay confiabilidad
ni garantía de cumplimiento de los acuerdos, asentaron.
Insistieron en que dicho diálogo sea en la ciudad
de México y abierto a la participación de la Comisión
Nacional y de organismos civiles de derechos humanos y representantes de
pueblos indios, ya que la "dignidad y cultura del pueblo de Tlalnepantla
fue lastimada". Insistieron en que la presencia policiaca no es factor
de orden sino de división y temor.
A su vez, las familias que siguen refugiadas en Tlayacapan
aseguraron que sus cosechas de nopal las están levantando los seguidores
del alcalde priísta Elías Osorio. "Tememos regresar porque
la gente de Elías Osorio ha llegado hasta las casas de familiares
en poblados cercanos a Tlalnepantla para advertirles que no se metan en
problemas, que no nos ayuden".
En ese contexto, la misión civil por los derechos
humanos que acudió a Tlalnepantla informó que en esa localidad
existe un patrón claro de represión. El temor es tal que
de cada 20 casas visitadas en los barrios que integran la cabecera municipal,
solamente una se encuentra habitada.
En una conferencia de prensa realizada en el atrio de
la parroquia de Tlayacapan, integrantes de organismos no gubernamentales,
entre ellos Raúl Benet, José Martínez Cruz y Erasmo
Santamaría, presentaron los resultados de lo que ellos apreciaron
en la comunidad.
José Martínez Cruz, titular de la Comisión
Independiente de Derechos Humanos, señaló que es preocupante
el hecho de que las corporaciones policiacas municipales respondan a convenios
u órdenes que no se encuentran fundadas en derecho. Se viola sistemáticamente
lo establecido plenamente en la Constitución.
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