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México D.F. Lunes 26 de enero de 2004

Los créditos del Fobaproa pasarían de $113 mil millones a 2 mil millones: Di Costanzo

Auditor superior busca reducir costos del rescate para banqueros

Los hombres de dinero habrían ofrecido a legisladores ''arreglar sus problemas de crédito''

Pretenden concluir el canje de pagarés en agosto, antes de iniciar las sesiones del Congreso

ANTONIO CASTELLANOS

El impacto económico por los créditos incluidos en el programa de capitalización y compra de cartera (PCCC) del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) no será de 113 mil millones de pesos. Los banqueros negocian con legisladores, y la nueva estrategia reducirá aquella cifra a sólo 6 mil 499 millones de pesos y, en una segunda revisión, podría quedar en 2 mil millones de pesos.

Los banqueros mostraron su disposición para ''arreglar problemas de crédito'' de grupos representados por algunos legisladores, que incluyen financiamientos hipotecarios de edificios y de empresarios en los estados de Tabasco y Veracruz. A cambio, el auditor superior de la Federación les perdonará las irregularidades en intereses moratorios y los financiamientos relacionados.

Sobre el particular, Mario Di Costanzo, ex secretario técnico de la Comisión Especial para Investigar el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) precisó que el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, manipuló las cifras para esconder la verdadera negociación en favor de los banqueros.

Indicó que el auditor ha incurrido en otras irregularidades. Por ejemplo, en la cuenta pública de 2001 acepta que el comité técnico del Fobaproa procedió de manera discrecional y excediéndose en sus atribuciones permitió a Banamex, Bancomer, Bital y Banorte participar en el programa de capitalización y compra de cartera, cuando no calificaban para entrar.

Debió entonces iniciar una querella legal contra aquellos que integraron el comité técnico del Fobaproa, entre los que destacan el ahora gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz; Martín Werner, entonces subsecretario de Hacienda; Eduardo Fernández, presidente de la CNBV, y Javier Arrigunaga, secretario técnico del Fobaproa.

De acuerdo con un informe sobre el rescate bancario, el camino se prepara para que el canje de pagarés del Fobaproa por títulos del IPAB se concluya a más tardar en agosto próximo, antes de que comience el nuevo periodo de sesiones en septiembre.

La posición oficial fue expuesta por el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jonathan Davis, quien planteó la conveniencia de canjear todos los pagarés del Fobaproa, excepto aquellos que no sean aprobados por el auditor superior de la Federación.

El propio González de Aragón perfiló lo que podría ser el cierre del rescate bancario con un costo de 6 mil 499 millones de pesos, que equivalen a sólo 3 por ciento del monto de los pagarés Fobaproa. Esto quiere decir que perdonó a los bancos las irregularidades en intereses moratorios y pasó por alto sus créditos relacionados.

Dentro de este escenario, dicen los expertos, el presidente de la Asociación de Banqueros de México y director general de Banamex, Manuel Medina Mora, aceptó que si se llegan a hacer las auditorías, tendrían que ser las últimas. Es claro que los últimos arqueos serían superficiales y no irían a fondo para conocer las irregularidades de los créditos, mismos que se busca que sean pagados por los contribuyentes.

De acuerdo con este reporte, en los últimos días representantes bancarios se han acercado a legisladores de las tres fracciones para hacerles ver la ''conveniencia'' para el país de concluir el rescate bancario.

Paralelamente han ofrecido en forma conjunta organizar ''seminarios internacionales'' con especialistas financieros que hablen en favor de resolver con prontitud las crisis bancarias y emprender el desarrollo nacional.

Para ello, los bancos han empleado los ''buenos oficios'' de diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de anteriores legislaturas y han hecho uso de las relaciones desarrolladas con otros legisladores, abogados de profesión, que les han llevado casos importantes

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