Detecta irregularidades en la entrega de permisos de cacería

Investiga Función Pública a cerca de 30 funcionarios y ex empleados de Semarnat

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició 28 procedimientos de responsabilidades administrativas contra igual número de funcionarios y ex servidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entre ellos Raúl Arriaga Becerra, ex subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, por estar involucrados en la presunta entrega ilegal de permisos para cacería deportiva.

Entre los sujetos a investigación también están delegados actuales y anteriores de la Semarnat.

La SFP informó ayer que lo anterior derivó de una auditoría realizada a la Semarnat a partir de diciembre pasado. Hasta ahora, informó la dependencia mediante un comunicado, se han encontrado irregularidades en la entrega de los citados permisos, pues los funcionarios implicados utilizaron una figura jurídica inexistente conocida como Proyectos en Areas de Manejo Sustentable de la Vida Silvestre (PAMS).

Los permisos fueron concedidos sin que se contara con la autorización de los dueños de los terrenos donde se practicaba la cacería deportiva.

La dependencia cuenta con indicios de que Fernando Clemente Sánchez, ex director general de Vida Silvestre de la Semarnat, habría causado un daño patrimonial a la Federación por 3 millones 131 mil 396 pesos.

Según la dependencia, Clemente Sánchez autorizó y remitió a delegados de la Semarnat en diversos estados durante las temporadas de caza 2001-2002 y 2002-2003, 25 cuotas del llamado Aprovechamiento Extractivo de Fauna Silvestre (pagos que se efectúan para poder realizar la actividad), otorgando a particulares y asociaciones civiles hasta 60 por ciento de cintillos (permisos) de cobro cinegético.

En el mismo caso se encuentran Eleazar Loa Loza y José María Reyes Gómez, ex directores de Atención y Apoyo a Usuarios de la dependencia y de Promoción, Desarrollo Regional y Operaciones de Campo, respectivamente, quienes autorizaron de manera irregular nueve y dos cuotas de aprovechamiento extractivo de fauna silvestre a asociaciones civiles y particulares, a las cuales otorgaron 60 por ciento de dichos cintillos.

Eduardo Romero Ramos, titular de la SFP, informó en una entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga que en la auditoría a la Semarnat se detectó que los funcionarios mencionados "otorgaron permisos para caza (bajo la figura ilegal de los PAMS), lo cual nos llevó a iniciar los juicios de responsabilidad porque podría constituir una violación a las leyes ambientales.

"Además, en algunos casos, no encontramos la comprobación del pago de derechos de algunos de los permisos de caza, y también hay ahí una presunta responsabilidad por alrededor de unos 3 millones de pesos omitidos al fisco."

Agregó que el asunto ahora está en manos de los abogados de la SFP, aunque "aparentemente no ha quedado muy claro todavía si hay elementos para formular una denuncia penal" contra las 28 personas mencionadas.

En tanto, la Semarnat emitió un comunicado para manifestar "su total respaldo" a las investigaciones que realiza la SFP y para informar que en la dependencia que encabeza Alberto Cárdenas Jiménez "opera un programa anticorrupción para poner un freno total y liquidar las violaciones e irregularidades de los servidores públicos en el sector del medio ambiente y recursos naturales".

La SFP precisó que fueron dos las normas violadas: la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre.

Respecto a la posible responsabilidad del ex subsecretario Arriaga Becerra, la SFP tiene indicios de que en julio del 2003 instruyó a los funcionarios de la Dirección General de Vida Silvestre para que continuaran con el esquema de los PAMS.

Según la SFP, Arriaga fue informado de que se autorizaban permisos de caza a asociaciones civiles y particulares aun sin el consentimiento de los legítimos poseedores de los predios donde se llevaría a cabo el aprovechamiento de fauna silvestre.

Antecedentes

La auditoría de la SFP tuvo su origen en marzo del año pasado, cuando la organización Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat (IFAW, por sus siglas en ingles) realizó una investigación con recursos privados y detectó los presuntos permisos ilegales de caza otorgados por altos funcionarios de la Semarnat, entre ellos Arriaga Becerra.

Esa indagatoria -en la que se detectó que fueron otorgados de manera irregular permisos para cazar casi 2 millones y medio de animales, bajo la figura de las PAMS- derivó en la presentación de diversas denuncias ante la Semarnat, la SFP y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Además el IFAW detectó que ex funcionarios de la Semarnat incurrieron en irregularidades en la importación de 28 delfines procedentes de las islas Salomón.