Iniciará una averiguación previa del caso, asegura

Aceptó la autoridad recomendación por denuncia de tortura: ombudsman

AGUSTIN SALGADO

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informó que la procuraduría capitalina aceptó "en su totalidad" la recomendación 10/2003, respecto del caso de tortura a cuatro presuntos secuestradores que fueron detenidos por agentes judiciales en junio del año pasado en el municipio de Ecatepec, estado de México.

Dicha recomendación, que fue dada a conocer el 29 de diciembre pasado, provocó cuestionamientos tanto del procurador capitalino, Bernardo Bátiz, como del secretario de Gobierno, Alejandro Encinas. El primero consideró que no hubo tortura sino "cierta violencia" al realizar la detención en flagrancia, y Encinas señaló que la CDHDF debió hacer una valoración más pormenorizada antes de emitir la recomendación.

No obstante, ayer la CDHDF aseguró que los tres puntos señalados en el documento fueron aceptados "en sus términos" por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), entre los cuales se contempla realizar una averiguación previa.

La recomendación 10/2003 se originó de una queja presentada ante el ombudsman por la esposa de uno de los presuntos delincuentes, quien denunció que su cónyuge, después de la detención se encontraba "sumamente golpeado en todo el cuerpo, al grado de que no podía escuchar ni hablar". La acusación no fue únicamente contra los policías judiciales sino también involucró a un agente del Ministerio Público.

En los primeros días de enero, Bátiz argumentó que en las investigaciones realizadas por la PGJDF no se encontraron elementos que "evidenciaran un caso de tortura, ya que (al detener en flagrancia a los individuos) no se necesitaba obtener ninguna confesión". La CDHDF respondió que la recomendación fue emitida con la consideración de que "toda persona tiene derecho a que se le garantice su integridad física" y que "la tortura no tiene como fin único obtener confesiones".

En el comunicado difundido ayer por el organismo, se establece que la PGJDF, "al aceptar el inicio de una averiguación previa por los actos referidos, reconoce los hechos y manda un enérgico mensaje de que no habrá impunidad para quienes incurran en estas prácticas indebidas". En la recomendación, la CDHDF no menciona los nombres de los presuntos secuestradores y se refiere a ellos únicamente por sus iniciales, para guardar la confidencialidad, con base en los artículos 5 y 51 de su ley interna.

Además del inicio de la averiguación previa, los otros dos "puntos recomendatorios que aceptó la PGJDF" son: que el agente del Ministerio Público que se designe para llevar el caso "diseñe un plan eficiente de investigación profesional que evite actuaciones dilatorias o inecesarias (...), y procure que en todas las declaraciones que desahogue formule preguntas específicas sobre la tortura alegada", y "que se dé vista a la Unidad de Inspección Interna de la Policía Judicial para que se investiguen las faltas en que hayan incurrido los agentes".