Por resolución de un juez se quedarían sin 26 mil hectáreas

Perderían sus tierras 35 mil habitantes de la comunidad La Cruz, en Chihuahua

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA CORRESPONSAL

Chihuahua, Chih., 21 de enero. El municipio de La Cruz estaría en riesgo de perder viabilidad como demarcación, pues el Tribunal Unitario Agrario (TUA) emitió un fallo que lo despoja de las 26 mil 500 hectáreas que lo componen, para entregarlas a 280 ejidatarios, informaron el alcalde Rafael Loya Salcido y el diputado local panista Pedro Martínez Chairez.

El presidente municipal y el legislador afirmaron que el magistrado del TUA, Rafael Rodríguez Luján, emitió "una riesgosa resolución", por la cual los 35 mil habitantes de La Cruz perderían sus propiedades.

Explicaron que en 2000, 280 personas reclamaron las citadas tierras, luego que el Programa de Certificación de Derechos Agrarios (Procede) "malinterpretó" resoluciones presidenciales emitidas en 1927, 1937 y 1986.

Narraron que el conflicto se originó en 1923, cuando pobladores de La Cruz conformaron un comité administrativo y solicitaron al gobierno estatal restituirles 26 mil 650 hectáreas, de las cuales dijeron haber sido desposeídos. En 1927 se emitió una resolución presidencial para entregar a pobladores de La Cruz la tierra reclamada, que se ejecutó el mismo año. Se instruyó al comité administrativo a levantar un censo básico para conformar el ejido La Cruz, cosa que jamás ocurrió y se dio por asentado que las tierras pertenecían al municipio.

Añadieron que en 1935, un segundo comité administrativo -conformado por 184 personas- exigió tierras y, en 1937, con una resolución presidencial más, se les otorgaron 180 hectáreas, con las cuales se creó el ejido La Cruz.

Martínez Chairez recordó que en 1986 los ejidatarios solicitaron una ampliación y se les concedieron otras 757 hectáreas, expropiadas a pequeños propietarios que fueron debidamente indemnizados.

Destacó que el problema se consolidó en 2000, al realizarse trabajos del Procede a través de la Secretaría de la Reforma Agraria y otras instituciones que, "aparentemente por error", interpretaron que las resoluciones del 27, 37 y 86 se referían a una sola superficie.

Según Martínez Chairez, con el fallo del TUA los ejidatarios creen ser dueños de las tierras de restitución, dotación y ampliación, que suman más de 27 mil hectáreas; es decir, la totalidad del territorio municipal.