Venció el plazo fijado por la asamblea ejidal para que se desmantele una base militar

Habitantes de Emiliano Zapata, Chiapas, demandarán hoy la salida del Ejército

Representantes de ONG se trasladan a la comunidad para verificar respeto a los garantías durante la marcha de este jueves Anuncian reparto de programas paralelo a las protestas

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 21 de enero. Este jueves se cumple el plazo que, por acuerdo de su asamblea ejidal, los habitantes de Emiliano Zapata, en el municipio de Tila, pusieron al 31 regimiento de infantería de la 39 Zona Militar para salir del predio de 5 mil metros cuadrados que ocupan desde 1995. Los indígenas argumentan que la presencia de las tropas representa un peligro constante para las mujeres y los menores, y divide a la comunidad.

Esto después de que el pasado día 15 un mando castrense, a quien un cable de la agencia Efe identificó ayer como Mario Pedro Juárez, comandante de la séptima Región Militar, "antes de dejar el cargo, amenazó con incrementar la cifra de soldados y retenes si reanudan las protestas en esa comunidad". Escoltado por soldados y policías del estado, el comandante se entrevistó con las autoridades ejidales, y les comunicó que las tropas federales no dejarían la base de operaciones que tienen dentro de la comunidad.

El lunes la junta de buen gobierno (JBG) Nueva semilla que va a producir, de Roberto Barrios, denunció patrullajes, retenes, incursiones y hostigamiento de las tropas federales en la zona norte, principalmente en Tila. La JBG reveló la creación de un nuevo campamento militar entre Salto de Agua y Palenque, en el crucero de Francisco Madero, una de las "puertas" de la zona norte.

Diversas organizaciones civiles anunciaron hoy la salida de una delegación de observadores civiles rumbo al ejido Emiliano Zapata, con la finalidad de vigilar que los derechos humanos sean respetados durante la marcha pacífica que este jueves realizarán los pobladores de la comunidad para exigir la salida del Ejército Mexicano.

''Considerando que en la última manifestación pacífica los habitantes de Emiliano Zapata, así como algunos observadores de derechos humanos y periodistas, fueron agredidos con palos y piedras por algunas familias que se benefician por los servicios que prestan a los soldados", los organismos piden garantías para la población, así como para la caravana de observadores. En particular, esto se solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las ONG mencionan como factor significativo "la historia de paramilitarización que ha dejado decenas de muertes en la región". El mundo, realmente, está lleno de coincidencias. En este preciso momento de tensión en Tila, y cuando el gobierno del estado se jacta de lo mucho que ha castigado a los paramilitares de Paz y Justicia, se informa que ya prácticamente todos los detenidos de ese grupo han dejado la cárcel, absueltos de los delitos que se les atribuían (ninguno de ellos, por cierto, relacionado con su actividad paramilitar).

De acuerdo con información recabada por Elio Henríquez, corresponsal de La Jornada, este 9 de enero, casi a escondidas, las autoridades judiciales del estado abrieron las puertas del penal de Cerro Hueco para liberar a Abelino Torres García, Andrés Torres García, Fidencio Torres Martínez, Urgencio Torres Martínez, Carmelino López Torres, Juan López Torres y Fernando Torres García. Estas personas habían sido aprehendidas en Miguel Alemán (Tila) el 13 de septiembre de 2002, junto con otros 20 miembros de Paz y Justicia.

De los 27 detenidos entonces, sólo tres permanecen en prisión, entre ellos Sabelino Torres Martínez, uno de los líderes, aprehendido en Tzaquil en posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, lo cual constituye un delito federal. La información de Elio Henríquez añade que aquel operativo de más de 100 policías estatales contra Paz y Justicia se instrumentó ante la evidencia de que dicho grupo se estaba reorganizando y preparaba acciones contra las comunidades.

Justo es reconocer el timing de los desistimientos judiciales: el 8 de enero protestan priístas, perredistas y zapatistas en Emiliano Zapata contra la presencia de la base militar. El 9 de enero el gobierno chiapaneco libera al último grupo de miembros de Paz y Justicia que permanecía en prisión; la mayoría de los absueltos son pobladores de Miguel Alemán, comunidad vecina a Emiliano Zapata.

El día 15, las autoridades de Emiliano Zapata reciben lo que calificaron de amenazas del Ejército para que abandonen la lucha por sacar el destacamento militar. El 19 de enero, David Santiago Tovilla, coordinador de Comunicación Social del gobierno de Chiapas, afirma en carta a La Jornada: "El gobierno de Pablo Salazar es el único que ha procedido y mantiene en prisión a destacados líderes de Paz y Justicia". El día 20 se hace público que en realidad ya sólo quedan en prisión tres miembros de Paz y Justicia, acusados de delitos del orden común. Se sabe ahora que, pian pianito, los presuntos paramilitares han sido discretamente liberados, sin haber sido investigados por su presuntas actividades contrainsurgentes, y su eventual responsabilidad en alguno de los muchos asesinatos ocurridos entre 1995 y 1998 en la zona norte.

Estos son los ingredientes que este jueves debían encender un foco de alerta en Tila. Si bien se ha dicho extraoficialmente que las autoridades municipales "aconsejaron" a sus seguidores, miembros de Paz y Justicia, que "eviten provocaciones", precisamente para este jueves se anunció el reparto de "programas" gubernamentales en las comunidades de Tila, para lo cual se suelen congregar, básicamente, los indígenas priístas, muchos de ellos pertenecientes a Paz y Justicia.

Ante tanto ingrediente delicado y tantas coincidencias, resulta comprensible la preocupación de las ONG respecto de la movilización ejidal en Emiliano Zapata. Su llamado a las autoridades correspondientes para ofrecer garantías es firmado por CIEPAC, CAPISE, CORECO, Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, Centro de Medios Independientes-Chiapas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Casa de Comunicación y Artes Populares Parejo S'cotol, SIPAZ, CIAM, Luisa Yannini, Red Mesoamericana de Derechos Humanos y CEMAS.