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México D.F. Jueves 15 de enero de 2004
AGENDA
LA ALDF PIDE AL PODER JUDICIAL ANALIZAR EL USO DE ESPOSAS
La Asamblea Legislativa (ALDF) exhortó al presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) a elaborar
un estudio y emitir una opinión sobre el uso de esposas por policías
y su repercusión en materia de derechos humanos. En el punto de
acuerdo, presentado al pleno de la diputación permanente por la
perredista Silvia Oliva Fragoso, se establece que se requiere de un estudio
integral que considere la problemática en prevención del
delito, índices de criminalidad, el respeto a los derechos fundamentales
y el uso de instrumentos como las esposas. La legisladora explica que un
estudio comparativo permitiría avanzar en materia de seguridad y
combate a la delincuencia, con un efectivo respeto a los derechos humanos.
POSIBLE BORRON Y CUENTA NUEVA EN EL CASO DEL
PARAJE
La presunción fundada de que al menos tres presuntos
propietarios del Paraje San Juan, de Iztapalapa, no fueron tomados en cuenta
en el juicio en el que se fijó la indemnización por la expropiación
del predio como "terceros perjudicados", fortalece cada vez más
la certeza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
ordenará "borrón y cuenta nueva" en este asunto, con lo que
se iniciaría un nuevo juicio para determinar quién o quiénes
son los propietarios del terreno y la cantidad que debe pagar el Gobierno
del Distrito Federal por el mismo. De acuerdo con fuentes del máximo
tribunal de justicia, basta que uno de los tres propietarios que ha solicitado
a la Corte que le sea reconocido su derecho a la indemnización por
el predio, para que el ministro instructor del asunto, Juan N. Silva Meza,
proponga al pleno la reposición del procedimiento, y con ello un
nuevo juicio en el que todos los involucrados, incluido el gobierno capitalino,
tendrán que demostrar su calidad de beneficiarios. Los informantes
añadieron por otra parte que seguramente habrá una reducción
sustancial en el monto total de la indemnización que pagará
la autoridad, ya que el pago que estableció el juzgado octavo B
de distrito en materia administrativa (mil 810 millones de pesos) en favor
de Enrique Arcipreste del Abrego, fue excesiva. Ello en razón de
que el avalúo realizado fue de tipo "comercial" y no con base en
el impuesto sobre la renta, como prevé la ley en la materia.
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