Nora Patricia Jara

Violación a derechos humanos

Leonardo Cruz Orozco fue sentenciado a más de 10 años de prisión por delitos contra la salud. El chofer oaxaqueño inicia el año interno en un reclusorio de Salina Cruz, Oaxaca, y es hasta la ciudad de México que llega su historia, como las de más de 7 mil transportistas del país.

En el año que recién culminó, el Zócalo recibió la visita de madres, hermanas, hijos e hijas y amigos que demandan la revisión de los casos en los que sus maridos e hijos han sido detenidos con cargamentos ilegales, de los que poco o nada saben, y de los que al fin y al cabo nada quieren saber; lo que importa es el dinero que sirve apenas para comer, pero que no los exime del delito que cometieron; sin embargo, al igual que en el expediente de Cruz Orozco, en muchos casos también se registran irregularidades.

En este caso, la captura sucedió, según refieren, hace un año en su entidad, por transportar estupefacientes escondidos en un cargamento de cítricos, del cual alega no haber tenido conocimiento hasta que fue detenido por agentes judiciales de Oaxaca, quienes lo privaron de su libertad durante más de 24 horas en las que permaneció incomunicado y sin la presencia de un defensor.

En el hecho se presumen violaciones a los derechos humanos, porque una vez comenzado el proceso judicial los defensores no pueden intervenir hasta que termina con la sentencia, que casi siempre es irrevocable.

Según advierte el informe sobre la situación de los derechos humanos en México que elaboró la ONU, existen miles de detenidos que no obtienen ayuda oportuna, asesoría o buena defensa. Específicamente, en el tema del combate a las drogas, la ley prácticamente deja sin posibilidad de protección a los supuestos responsables, mismos que son juzgados y castigados con severidad.

Para Leonardo la carga de limones y naranjas fue el último trabajo que realizó, a la vez que es también su única prueba de descargo. Según testigos, sus garantías individuales fueron violentadas, ya que las frutas que transportaba se pudrieron con el calor del sol mientras él era presentado ante la autoridad. El castigo por este tipo de actos ilícitos es de 10 a 15 años de cárcel, los que son aplica-dos generosamente por los jueces sin considerar antecedentes, situación o condición social para ponderar atenuantes, de ahí que demanden en sus manifestaciones cambios a la ley que les permitan cumplir con las penas, pero sin dejar en el desamparo a las familias.

En el norte del país es donde este tipo de acciones es más frecuente, al grado que los familiares se han organizado en asociaciones civiles y organismos no gubernamentales, con el fin de revocar las largas condenas en los asuntos donde se pruebe que no hay agravantes, que no pertenecen a bandas criminales, que fue un hecho aislado o donde no hay reincidencia; se trata de que, al deliberar, se actúe de forma equilibrada y con verdadero sentido de justicia, la que hasta ahora no pueden pagar estos trabajadores, que tampoco podrán ser requeridos para tomar chocolate en el rancho presidencial para manifestar las inquietudes y sinsabores que les causan los procesos judiciales que se les siguen y que se ensañan con los eslabones más bajos de la cadena del narcotráfico.