Iván Restrepo

Tabacaleras, corrupción y muerte por plaguicidas

Entre tanta información sobre los enfrentamientos verbales que hubo en la Cámara de Diputados y en el Senado por la aprobación de la ley de ingresos y el presupuesto de 2004, se perdió la denuncia que hicieron los diputados Miguel Angel Toscano, del Partido Acción Nacional, y Miguel Angel Yunes, del Revolucionario Institucional.

Ambos acusaron a parlamentarios del PRI y del Partido de la Revolución Democrática de ceder ante el "cabildeo corrupto" de las empresas tabacaleras para dejar sin efecto el impuesto de 20 por ciento a los cigarros. Aprobado inicialmente en la Cámara de Diputados, fue rechazado luego en la de Senadores.

Yunes, diputado por Veracruz (entidad que junto con Nayarit destaca por el cultivo del tabaco), señaló ante los medios que hay senadores corruptos que "están recibiendo de los cabilderos recursos para sus actividades de campaña. Así es y hay que denunciarlo. Desafortunadamente, cuando menos hay uno de mi partido. Yo diré quién es en su momento". Se quejó de que por derogar dicho impuesto el erario deja de recibir miles de millones de pesos, pues las compañías cigarreras prefieren pagar a los cabilderos y a algunos legisladores corruptos. Para evitar esas prácticas, apremió a sus colegas a normar y transparentar las tareas de los cabilderos y evitar así que se beneficien "intereses ajenos a los del país".

Por su parte, Toscano advirtió sobre las enormes sumas de dinero que el gobierno federal gasta para atender a las miles de personas que padecen diversas enfermedades asociadas con el hábito de fumar o porque son fumadores pasivos. Es un absurdo -dijo el panista- que el escaso dinero del sector salud se distraiga en atenderlas mientras las compañías cigarreras obtienen utilidades multimillonarias y alientan el tabaquismo, especialmente entre los jóvenes.

En efecto, es tal el poder de las tabacaleras trasnacionales y locales que rebasa las acciones de los gobiernos para combatir la adicción a la nicotina, que en México ocasiona 147 muertes diarias. Prueba de ello es que cada vez aumenta el número de jóvenes y mujeres consumidores de cigarrillos y disminuye la edad en que se inician en dicho hábito.

En el colmo del cinismo, una de las trasnacionales, Philip Morris, realiza costosa campaña publicitaria en la cual sostiene que ni ella ni nadie desean que los menores fumen y que para evitar que adquieran el vicio tiene programas de control en 80 países, diseñados en colaboración con vendedores "detallistas". En México han fracasado. Años atrás la edad promedio en que se comenzaba a fumar eran los 15 años; hoy es a los 12, lo cual se repite en el resto del tercer mundo. Y en esta disminución de edad y en que hay más mujeres fumadoras influye la publicidad de las compañías en los medios y en espectáculos masivos, desde deportivos hasta musicales.

Mientras el diputado Yunes revela los nombres de los legisladores que recibieron dinero por derogar el impuesto a los cigarrillos; mientras el gobierno atiende con dinero público a la mayoría de los enfermos por tabaquismo y pierde campo de acción frente a las trasnacionales, es oportuno pedir a los diputados de todos los partidos que intervengan para resolver otro grave problema: el de miles de trabajadores afectados en su salud y calidad de vida debido a la aplicación de diversos agroquímicos en los cultivos de tabaco en Nayarit y Veracruz.

Sobre lo que sucede en la primera de las entidades citadas, Patricia Díaz Romo ha publicado reveladores documentos que ilustran lo que ocurre a jornaleros, la mayoría de origen indígena. No faltará quien sostenga cuán inútil es pedir a los diputados que se ocupen de los más pobres, y además indígenas, pues a lo mejor reciben dinero de la poderosísima industria química elaboradora de ciertas fórmulas que, como el tabaco, también causan cáncer y otras enfermedades.

Es una lástima, por decir lo menos, que la Cámara de Diputados sea hoy escenario de un coro protagónico que vuelve sinónimos razonamientos y gritos. La cámara se ha convertido en un solo y rugiente bronx. Pero los problemas no esperan la presencia de diputados informados y en verdad democráticos: los campesinos indígenas siguen enfermándose, la industria química y la tabacalera continúan devastando suelos y a seres humanos. Sin la movilización de la sociedad civil y de lo que quede de los partidos, el ecocidio se elevará a rango de obligación constitucional.