El problema es ambiental, no agrario, dice, aunque tiene ya tierras para reubicar familias

Descarta subsecretario de la SRA que se produzca un desalojo en Montes Azules

Asegura Gilberto Hershberger que se privilegiará la negociación con los ocupantes

MATILDE PEREZ U.

En Montes Azules el problema es ambiental, no agrario, puntualizó el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Gilberto Hershberger Reyes. Sin embargo, la actuación de la institución es primordial, porque ya tiene localizada la superficie donde serán reubicadas las familias de 31 asentamientos irregulares, a quienes entregará las parcelas regularizadas y respaldará para obtener todos los apoyos federales necesarios para su desarrollo como sujetos agrarios.

A diez días del reinicio de las reuniones con los dirigentes de la Asociación Rural de Interés Colectivo Independiente y Democrática (ARIC-ID) para culminar con la firma de los acuerdos de reubicación de las familias, el subsecretario de la SRA aseguró que no se desalojará a ninguna de las familias de los 71 grupos irregulares que ocupan 49 mil de las 501 mil 106 hectáreas que les fueron entregadas por dotación en 1971 a los lacandones y de las cuales 331 mil 200 están dentro de la reserva de la biosfera Montes Azules.

Esas familias ocuparon la tierra por necesidad y, si bien el Código Penal de Chiapas establece que alguien que ocupa un terreno o superficie que no le pertenece comete un delito del fuero común, en este caso no hay que aplicar acciones policiacas o recurrir al desalojo; en eso "no debe ni de pensarse, porque no resuelve la problemática social", subrayó.

"La única forma de resolver para siempre ese problema es el acuerdo de voluntades, la salida conciliada. Montes Azules es un asunto prioritario a resolver privilegiando la seguridad jurídica. Hay que aprovechar el interés de la comunidad internacional por proteger esa reserva natural para que respalden a las familias con apoyos productivos atractivos, con financiamientos a fondo perdido, porque a todos nos interesa cuidarla pero hay poco dinero para resolver la problemática."

"Compromisos de vivienda y dotación de servicios públicos"

Hershberger Reyes expresó que confía en que no se repetirá la historia de los núcleos agrarios Nueva Argentina, Sol Paraíso y Santa Cruz, que aceptaron la reubicación pero regresaron Montes Azules. "Tenemos constancia que la SRA compró y entregó las tierras, pero también que las familias vendieron esas parcelas y regresaron a los terrenos que ocupaban en Montes Azules porque, argumentaron los jefes de familia, el gobierno del estado no cumplió con los compromisos de vivienda y dotación de servicios públicos."

El 5 de junio del año pasado se canceló la mesa agrario-ambiental y estableció el grupo de trabajo para la atención integral de la comunidad lacandona y la reserva de la biosfera Montes Azules "con facultades de autonomía en la definición de acciones y manejo presupuestal"; la coordinación operativa está a cargo de la SRA y la política de la Secretaría de Gobernación; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) funge como secretariado técnico, y en las vocalías están: el gobierno de Chiapas, la Secretaría de Desarrollo Social, la Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Labores correspondientes al gobierno de Chiapas y a la Semarnat

Hershberger Reyes aclaró que corresponde al gobierno de Chiapas y a la Semarnat gestionar los recursos para la compra de las tierras. La SRA apoyará en la regularización de éstas y ayudar a las familias a constituirse en núcleos ejidales si optan por ello, además de darles asesoría y capacitación. En la región lacandona hay 22 núcleos agrarios a los que por resolución presidencial anterior a 1971 se les dotó de 32 mil hectáreas; 47 núcleos agrarios que por resolución presidencial posterior a 1971 recibieron 87 mil hectáreas, y en las 49 mil hectáreas con posesión irregular están 49 grupos dentro de Montes Azules y 22 que no afectan la reserva de la biosfera.

"A los grupos que firmarán los convenios de reubicación se les ha sensibilizado de la conveniencia de no heredar problemas a sus hijos, pues no tienen seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ni jamás será de ellos porque pertenece a la comunidad lacandona, la cual podría radicalizar su posición y derivar en una confrontación. No se les pretende imponer, sino convencerlos de que las parcelas en las que vivirán serán de ellos y además serán beneficiarios de los programas del gobierno federal. Lo jurídicamente correcto y moralmente aceptable para beneficio de todos es que acepten ser reubicados", agregó.

Este año -insistió el subsecretario- "estiraremos la cuerda con imaginación para resolver el caso de Montes Azules. Haremos todo el esfuerzo para buscar salidas, negociar, platicar con los grupos ocupantes, con las organizaciones, con el gobierno del estado. La conciliación y el diálogo predominarán sobre la idea de un posible desalojo porque éste lleva consigo la violencia y así no se resuelven los conflictos".