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México D.F. Martes 30 de diciembre de 2003

La Comisión de Presupuesto de la Cámara desecha iniciativa foxista sobre el tema

Rechazada, la desincorporación de 16 entidades públicas por improcedente

La decisión aún tendrá que ser sometida este martes al voto del pleno de San Lázaro

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados desechó, "por notoriamente improcedente", los artículos segundo y tercero transitorios de la iniciativa de presupuesto de egresos 2004, en los cuales el Ejecutivo planteó la desincorporación y fusión de 16 organismos públicos, entre ellos los Estudios Churubusco, el Colegio de Posgraduados, la Comisión Nacional de Zonas Aridas y la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex).

La decisión, asumida por unanimidad de los integrantes de la comisión, deberá ser sometida este martes al voto del pleno de la Cámara, una vez que se reanude la sesión, tras el receso decretado ayer por la tarde ante la manipulación del dictamen con proyecto de decreto del presupuesto para el próximo año.

La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideró que la decisión de mantener bajo control del Estado las empresas cinematográficas es "una victoria de las comunidades culturales en resistencia, particularmente de las compañeras y compañeros estudiantes del Centro de Capacitación Cinematográfica y de los productores de cine que participaron en movilizaciones pacíficas, en foros de discusión y en actos culturales".

A las seis de la mañana de ayer, cuando la mesa directiva de la comisión concluyó la redacción del dictamen, el presidente de esa instancia legislativa, el priísta Carlos Rojas Gutiérrez, aseveró que todavía existe la posibilidad de que alguna institución ya no cumpla el cometido para el cual fue creada.

"De ser esto así, esperaremos los estudios técnicos necesarios, y entonces veremos qué es lo que se somete a consideración del pleno de la Cámara."

El artículo 26 del dictamen establece los criterios que deberá atender el Ejecutivo para la desincorporación de entidades públicas. Los términos para disolver, liquidar, extinguir, fusionar y enajenar entidades o transferirlas a los estados deberán ser dictaminados por la Comisión Intersecretarial de Desincorporación, con base en un informe que someterá ante ese órgano la dependencia coordinadora del sector, el cual deberá contener una opinión y considerar el efecto social y productivo de esas medidas.

La dependencia coordinadora estará obligada a enviar a la Cámara de Diputados, por conducto de la Secretaría de Gobernación, el informe en los 30 días naturales posteriores a la emisión del dictamen favorable. Asimismo, la dependencia coordinadora deberá someter a la comisión intersecretarial, a más tardar a los 60 días naturales, la emisión del dictamen correspondiente.

Durante más de dos meses, diputados priístas, panistas, perredistas, petistas, verdes y de Convergencia suscribieron y presentaron al pleno diversos puntos de acuerdo para rechazar la venta o fusión de empresas como el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Exportadora de Sal, la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos, entre otros.

El 6 de noviembre pasado, con el argumento de que hay escasez de recursos presupuestarios, el gobierno foxista propuso la "desincorporación, liquidación, extinción o fusión" de Notimex y de los tres institutos y fondos de apoyo a la actividad cinematográfica, así como del Colegio de Posgraduados de Chapingo, de la Lotería Nacional y de Pronósticos para la Asistencia Pública.

La propuesta, incluida en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, planteó que, "ante la escasez de recursos presupuestarios para el próximo año", se lleven a cabo "una serie de acciones en materia de desincorporación, racionalidad y austeridad presupuestaria, para generar ahorros que permitan incrementar las erogaciones destinadas a programas prioritarios de beneficio social y económico".

El artículo segundo transitorio del proyecto de presupuesto señalaba que, a partir del primero de enero próximo, el Ejecutivo federal iniciaría "el proceso de desincorporación que se determine entre las modalidades de disolución, liquidación, extinción, fusión o enajenación, según corresponda", de Notimex, del Imcines, el Centro de Capacitación Cinematográfica y los Estudios Churubusco Azteca.

Estos tres últimos son de las pocas entidades públicas que todavía otorgan apoyos a la creación y a los creadores cinematográficos, actividad que paulatinamente se ha desplazado al sector privado.

La propuesta gubernamental también afectaba a centros de docencia e investigación relacionados con la actividad agropecuaria. Así, el gobierno del presidente Vicente Fox solicitaba autorización al Congreso para "desincorporar, liquidar, disolver o extinguir" el Colegio de Postgraduados de la Universidad de Chapingo; el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural; la Comisión Nacional de Zonas Aridas, y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

La propuesta de adelgazamiento del Estado incluía también a Pronósticos Deportivos y Lotería Nacional para la Asistencia Pública -que previsiblemente serían fusionadas-, además del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y Educal.

El listado de entidades públicas de las que la administración foxista pretende deshacerse se completa con el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante, Exportadora de Sal y Transportadora de Sal.

De acuerdo con el proyecto presentado por el gobierno federal a la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo, por conducto de la respectiva dependencia coordinadora de cada sector, elaboraría un diagnóstico por cada entidad, el cual "contendrá el análisis de los aspectos jurídicos para determinar el procedimiento legal a seguir en el proceso de desincorporación y la identificación de la opción menos costosa para llevar a cabo la desincorporación respectiva".

El planteamiento señalaba que en este proceso "se respetará en términos de la ley los derechos laborales de los servidores públicos respectivos".

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