México D.F. Lunes 22 de diciembre de 2003
Permanecen sin castigo quienes fueron altos
personajes de gobierno y castrenses
Impunidad, saldo de investigaciones a seis años
de la matanza de Acteal
Autoridades federales y estatales desoyeron las advertencias
sobre violencia paramilitar
RENATO DAVALOS
Unos 60 hombres con uniformes oscuros se deslizaron la
noche del 21 de diciembre de hace seis años por Pechuquil y Los
Chorros con ametralladoras, cuernos de chivo y rifles .22 rumbo
a Acteal, en Chiapas. La decisión se había sido tomado horas
antes. Llegaron al paraje cafetalero de El Naranjo, mientras la comunidad
de desplazados tzotziles rezaba en derredor de una ermita y cinco grandes
cruces de madera que apuntan a sus lugares sagrados.
Hacia las 10:30 horas, un grupo paramilitar tomó
posiciones y consumó una matanza que estremeció al país
y al mundo. Cuarenta y cinco muertos: 21 mujeres (cuatro estaban embarazadas),
15 niños y nueve hombres. Todos formaban parte de la organización
Las Abejas. Fue un tiroteo contra unos 350 indígenas que se prolongó
durante seis horas y media. La gente corrió a refugiarse en el arroyo,
otros trataron de salvarse en la maleza y otros más huyeron por
la cañada.
En el tiempo quedó sólo el vestigio de impunidad
y una maraña de vínculos militares y civiles priístas,
inscritos en una guerra de baja intensidad en la zona, una ofensiva de
Estado orquestada por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo.
Al final, el cese del secretario de Gobernación,
Emilio Chuayffet, hoy coordinador priísta en la Cámara de
Diputados, y el del gobernador Julio César Ruiz Ferro. En las consignaciones,
sólo personajes menores. Las altas esferas del gobierno y del Ejército
permanecieron intactas.
"Relámpago, quiero comunicarme con Trueno..."
Esa fue la voz que se escuchó en los intercomunicadores policiacos
estatales, remontado el mediodía, para dar parte de la masacre en
el poblado perteneciente al municipio de Chenalhó, Chiapas. Apenas
tres días antes se había cumplido un año de la suspensión
del diálogo entre el gobierno y el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN).
Las "razones" del libro blanco
La
ofensiva militar comprendió, durante los posteriores cien días,
aquella mañana de Acteal, un operativo promedio diario que
cubrió toda la zona, acompañado del "ofrecimiento" de diálogo
del gobierno y de las conclusiones de la "investigación" de la Procuraduría
General de la República (PGR), a cargo entonces de Jorge Madrazo
Cuéllar, contenidas en un libro blanco que se constriñó
a señalar que los sucesos se derivaron de un conflicto interfamiliar.
Refirió "ausencia de instituciones" y una violenta disputa por el
poder político y económico, incluido un banco de arena de
Majomut.
No hubo una sola referencia a la estructura priísta.
Inclusive la procuraduría aventuró en ese libro un planteamiento
que ahondó agravios: "La idiosincrasia indígena presenta
una actitud de intolerancia cuando se trata de resolver conflictos contra
una minoría disidente y de respetar sus derechos humanos".
Retirar los cadáveres, primera decisión
"Retiren los cadáveres antes de que lleguen los
periodistas", fue la primera decisión de la policía estatal.
A 200 metros del tiroteo estaban 40 agentes encabezados por el general
retirado Julio César Santiago Díaz, quienes escucharon la
balacera sin intervenir.
Los militares y ex militares implicados fueron el general
Santiago; Mariano Arias Pérez, del 38 Batallón de Infantería;
Pablo Hernández Pérez, ex militar que encabezó la
masacre, y el sargento Mariano Pérez Ruiz, además de Jacinto
Arias Cruz, alcalde de Chenalhó, señalado como responsable
de la distribución de armas.
En el expediente 27/98 quedaron contenidas las testimoniales
que constataron los preparativos para la masacre y los avisos que a distintos
funcionarios se hicieron el mismo día 22 sin resultado alguno.
A las 11 horas, Gonzalo Ituarte, entonces integrante de
la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), informó
a Homero Tovilla, secretario de Gobierno estatal, de lo que sucedía.
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) notificó
a Tovilla de los hechos antes de esa hora, pero Uriel Jarquín, subsecretario
de Gobierno, declaró que a las 11:30 no tenía ningún
reporte. Nadie investigó después al agente del Cisen ni los
reportes que al respecto llegaron a Chuayffet.
Advertencias desoídas
Tres vecinos de Acteal, Cornelio Pérez y dos mujeres,
alertaron a las 11:30 horas al comandante de la patrulla de seguridad Ricardo
García que una hora antes se había iniciado una fuerte balacera
en la ermita donde se refugiaba un grupo de desplazados. La respuesta fue
una orden para su detención.
"Sólo se escucharon unos tiros", dijo Tovilla a
la diócesis de San Cristóbal a las 18 horas. La policía
entró seis horas y media después de que comenzó la
matanza.
Jorge Enrique Hernández, secretario ejecutivo del
Consejo Estatal de Seguridad Pública, en cambio, ordenaba en las
primeras horas de la tarde: "apresúrense a levantar los cadáveres
antes de que lleguen los periodistas". La operación limpieza
facilitó el entierro clandestino de cadáveres en seis
fosas.
Ruiz Ferro empezó a ser informado al mediodía.
Posteriormente el gobierno estatal sería el contratante de los abogados
defensores de los victimarios.
La indemnización a los deudos fue de 35 mil pesos.
Ninguna de las víctimas dio positivo en la prueba del radizonato
de sodio, es decir, no dispararon arma alguna.
En sus declaraciones, Mariano Arias Pérez, degradado
a soldado raso, y Pablo Hernández Pérez, ex militar, admitieron
que entrenaron a priístas de varias comunidades. Arias señaló
que los pobladores pidieron que les enseñara a usar armas.
En enero siguiente, la Secretaría de la Defensa
Nacional trasladó a Veracruz al batallón de infantería
destacado en Rancho Nuevo, al que pertenecían algunos militares
que participaron en la masacre.
El gobierno zedillista mantuvo oídos sordos al
señalamiento del Parlamento Europeo, que instó a México
a investigar de manera "objetiva y eficaz" la masacre, condenó enérgicamente
los sucesos y pidió al Presidente de la República "movilizar
todos sus esfuerzos" para alcanzar una salida negociada al conflicto de
Chiapas.
La guerra en curso
En el informe Chiapas, la guerra en curso, el Centro
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro estableció que la
masacre fue la muestra más clara de la estrategia político-militar
que el gobierno ha puesto en práctica desde 1994 para "rendir o
exterminar" al EZLN.
Las tres grandes ofensivas (enero de 1994, febrero de
1995 y de diciembre de 1997 a enero de 1998) no tienen base jurídico-política
y tampoco legitimidad nacional e internacional, precisó.
En el diseño de la estrategia contrainsurgente,
añadió el informe, la matanza fue concebida como el inicio
de una escalada de violencia en varias regiones de Chiapas. Se plantea
que el uso del terror tiene como objetivo minar la base social zapatista
y "no manchar" la imagen del Ejército.
También atestiguó la llegada a Chiapas de
nuevos personajes represores: los paramilitares -que operan al estilo kaibil
guatemalteco- son una nueva versión de las guardias blancas,
cuya presencia se extendió a 21 municipios y a las que se responsabilizó
de 123 asesinatos en los cuatro años previos a la matanza, precisó
el documento.
El informe del Servicio Médico Forense de la procuraduría
chiapaneca mostró la manera en que fueron ejecutados los
indígenas: algunos con balas expansivas de "atrás hacia adelante";
con cuchillo, machetes o a golpes.
El centro recordó una entrevista con el general
Otto Pérez Molina, ex jefe del estado mayor de Guatemala, en la
que manifestó la "buena relación e intercambio de información
necesario" con el gobierno mexicano.
Además refiere el apoyo que los paramilitares tuvieron
entonces de legisladores o ex legisladores priístas como Rafael
Ceballos Cancino, Walter León Montoya, Norberto Santís López,
Samuel Sánchez Sánchez y Eucario Orantes Ruiz.
Igualmente citó los principales grupos paramilitares
que operaban en el estado, además de Paz y Justicia: Primera Fuerza,
Máscara Roja, Los Chinchulines, Alianza San Bartolomé de
los Llanos, Fuerzas Armadas del Pueblo, Movimiento Indígena Revolucionario
Antizapatista, Degolladores y Thomas Munzer, entre otros.
Inscrita en la misma estrategia, la matanza sirvió
también para una reubicación del Ejército. En 27 municipios
se acantonaron alrededor de 40 mil elementos. En sólo mes y medio
se instalaron 20 nuevos retenes en las zonas de los Altos, Selva y Norte
de Chiapas.
Preludio del horror
La víspera del 22, dos indígenas de Las
Abejas lograron huir de Pechiquil, donde se encontraban secuestradas 70
personas que eran obligadas a trabajar para los paramilitares. Apenas un
par de días antes, el entonces nuncio apostólico Justo Mullor
necesitó cuatro horas para recorrer comunidades donde operaba el
grupo paramilitar Paz y Justicia.
El 8 de diciembre, el Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas expresó su preocupación por
la agudización de la violencia. Denunció el entrecruzamiento
de intereses estatales y una estrategia de contrainsurgencia con posible
desenlace de violencia.
La Conai se sumó a esas voces, que nunca fueron
escuchadas por el gobierno zedillista. No existen condiciones de seguridad,
señaló el organismo, para que la Comisión de Verificación,
integrado por las comisiones de derechos humanos nacional y estatal, el
ayuntamiento priísta, el concejo autónomo zapatista y el
grupo Las Abejas cumplan la supervisión pactada con antelación
en Las Limas.
Para las elecciones federales de julio de ese año,
el gobierno de Ruiz Ferro había apoyado a Paz y Justicia con casi
5 millones de pesos para un "programa de reactivación agrícola
y pecuaria".
Dos días después de los sucesos, Chuayffet
dijo que el gobierno federal no tenía injerencia en el asunto. A
los paramilitares los llamaba "grupos civiles armados".
Finalmente, fue sustituido el 3 de enero por Francisco
Labastida Ochoa, después candidato derrotado en las elecciones presidenciales.
Chuayffet dejó el cargo marcado por las dos masacres del sexenio:
el asesinato de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, ocurrido el mismo
día de su toma de posesión, y la ejecución en
Acteal. El día 7 de enero, Ruiz Ferro salió de la gubernatura
de Chiapas y su lugar fue ocupado por Roberto Albores Guillén.
En declaración ministerial ante la PGR, los entonces
diputados federales del PRD César Lonche y Jorge Díaz León
aseguraron haber informado al secretario particular del gobernador Ruiz
Ferro sobre la situación que prevalecía en Acteal y la posibilidad
de que integrantes de Las Abejas fueran asesinados, tal como ocurrió.
Seis años más tarde, sólo queda la
impunidad de una ejecución que derivó en el encarcelamiento
de personajes menores. Las altas esferas del gobierno y del Ejército
permanecen intactas.
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