El recurso, por un homicidio cometido en marzo de este año, informa Bátiz

La procuraduría gestiona orden de aprehensión contra El Burgués

Considera factible que haya participado en el asesinato de Alejandro Ortiz Martínez

MIRNA SERVIN VEGA

A la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no le compete determinar si hubo tortura o no contra Juan Carlos Acosta Ortega, El Burgués, para que se declarara culpable del asesinato de Alejandro Ortiz Martínez, hermano del gobernador del Banco de México, afirmó el titular de la dependencia, Bernardo Bátiz, quien sin embargo consideró que no hubo tortura y aseguró que Acosta Ortega es un sujeto "muy hábil" y con antecedentes penales graves.

Bátiz insistió en que la PGJDF está en espera de ejecutar una orden de aprehensión contra Acosta Ortega, una vez que se defina su situación en el reclusorio Neza-Bordo. El proceso se llevaría a cabo por el homicidio de un joven de nombre Javier Rueda Hernández, cometido en marzo de este año afuera de una vinatería.

El Burgués, quien se atribuyó la autoría material del asesinato de Alejandro Ortiz Martínez, ocurrido en 1997 y posteriormente dijo que lo hizo bajo tortura, actualmente es juzgado por portación de arma y drogas, cargos por los cuales podría salir pronto de prisión.

Por ello, señaló Bátiz, ya se estableció contacto con las autoridades federales y del estado de México para poder aplicar la orden de aprehensión que existe en su contra, girada por el juez 19 penal, por el homicidio de Rueda Hernández.

El funcionario precisó que falta investigar si El Burgués integraba la banda que asesinó al hermano del gobernador del Banco de México, delito por el cual se juzgó y sentenció a Ulises Cámara y Javier Ibarra, quienes fueron señalados por la hija de la víctima. "Puede ser que él sea el tercero (de los homicidas) que faltaba, el que había escapado", indicó.

Bátiz explicó que aun en el supuesto de que Juan Carlos Acosta no tuviera responsabilidad en el homicidio de Ortiz Martínez, cuenta con un historial delictivo "muy complicado". Asimismo, sostuvo que los sentenciados por ese crimen tienen otra condena que cumplir; "entonces los tres son tipos de cuidado, que deben estar efectivamente tras las rejas".

El procurador sostuvo que en el caso de Cámara e Ibarra no se ha recibido ninguna denuncia por abuso de autoridad, y ya se realizaron todos los procedimientos legales, como la participación de sus defensores, el desahogo de pruebas y las audiencias, por lo que "decir que se inventaron culpables es muy aventurado".