Será dirigido por una Junta de Gobierno integrada por cinco personas

Dotan al INEGI de autonomía para que actúe al margen de presiones

Elevan a rango constitucional la obligación estatal de brindar alimentación suficiente

VICTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

El Senado de la República aprobó ayer, en su última sesión del primer periodo ordinario de la 59 Legislatura, dotar al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de autonomía de gestión, presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objetivo de que refleje la realidad del país "al margen de presiones políticas, coyunturales y partidistas".

Asimismo se acordó que el Ejecutivo presentará al Senado de la República los cinco candidatos que integrarán la Junta de Gobierno de dicho organismo, mismos que serán aprobados por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de este cuerpo. Los miembros de la junta, a su vez, elegirán a su presidente.

Los integrantes de la Junta de Gobierno permanecerán en su cargo siete años y podrán ser relectos una vez, y "no podrán en ningún caso aceptar o desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes o literarias".

El coordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Senadores, Jesús Ortega, destacó que dotar al INEGI de autonomía "es de gran trascendencia. Con esta reforma se dotará al país de un organismo que, al margen de intereses coyunturales, circunstancias políticas o partidistas, cuente con información que sea realista".

Abundó que "cuando un gobernante de cualquier partido pregunte Ƒcuántos pobres hay?, Ƒcuántos habitantes?, Ƒcuántos desempleados?, no se le responda a su contentillo, sino en función del trabajo de un organismo autónomo constitucionalmente".

A su vez, el senador priísta, Miguel Sadot Sánchez Carreño, pidió al pleno votar en favor de la propuesta de otorgar al INEGI la autonomía de gestión, presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio. Con ello, dijo, se ofrece al pueblo de México un blindaje constitucional que permitirá que las propuestas en políticas públicas que tengan que asentarse en cifras, datos, en información general, contarán con "la imparcialidad y objetividad" que determina precisamente la reforma que se propone.

Por el PAN, el senador Felipe de Jesús Vicencio Alvarez destacó que la reforma constitucional que "hoy llega a su fin, es la coronación y el reconocimiento formal, necesarísimo, de un esfuerzo que esa institución, a lo largo de los años ha realizado".

Durante el desarrollo de la última sesión ordinaria también se aprobaron modificaciones a los artículos 4 y 27 de la Carta Magna para elevar a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de garantizar el acceso a toda persona a una alimentación suficiente y de calidad.

La senadora priísta Arely Madrid Tovilla fue la encargada de presentar el dictamen ante el pleno, destacando que las conquistas sociales estaban truncas, pues hacía falta reconocer el derecho de los mexicanos a acceder a una alimentación adecuada, una garantía fundamental del hombre.

Resaltó que la alimentación debe verse como una preocupación y ocupación prioritaria del Estado mexicano; "es muy lamentable que en nuestro país, el cual con frecuencia se presume como la novena economía mundial, todavía mueren niños, mujeres o personas de la tercera edad por el hecho de no tener acceso a alimentos mínimos".

La senadora abundó: "no podemos quedarnos con los brazos cruzados y ver que cientos y miles de familias están en espera de que alguien se acuerde de ellos o de que algún día alguna computadora manejada desde las lujosas oficinas de una secretaría las elija para recibir un apoyo alimentario. En Chiapas, Oaxaca y Guerrero existe población indígena que padece condiciones inadmisibles de desnutrición".

Por su parte, la senadora del PRD María del Carmen Ramírez señaló que el hecho de que el Estado garantice eficazmente el acceso a la alimentación no es sólo una expresión de justicia social, sino un compromiso que México ha asumido al suscribir instrumentos jurídicos internacionales que reconocen tal obligación como elemental para el Estado.

Pero este reconocimiento impone al Estado el impulso de políticas para el adecuado desarrollo rural integral, las cuales deberán coadyuvar, con la finalidad del Estado, en su quehacer de garantizar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos para nuestra sociedad.

En tanto, el senador panista Francisco Fernández de Cevallos manifestó que la reforma no es una mera declaración doctrinaria más en la Constitución, sino que en una ley secundaria se deben establecer claramente a qué alimentos y cuáles se refieren esas políticas públicas.