Ordena mantener bajo el dominio de la nación propiedades nacionalizadas del clero

Aprueba el Senado la nueva Ley General de Bienes Nacionales

Se impedirán casos como el del ex Palacio del Arzobispado que pretendía entregarse a una asociación civil Precisa las facultades de las secretarías en materia inmobiliaria federal

ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA

El Senado de la República aprobó ayer la nueva Ley General de Bienes Nacionales, que incluye una disposición específica para que se mantengan bajo el dominio y uso de la nación aquellas posesiones provenientes de la nacionalización de propiedades eclesiásticas de 1859 con el propósito de impedir casos como el del Antiguo Palacio del Arzobispado, inmueble histórico que se pretendió entregar a una asociación civil.

La nueva ley va encaminada a establecer los instrumentos jurídicos necesarios para proteger, controlar y administrar con eficiencia los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que integran el patrimonio nacional.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Gobernación, Gildardo Gómez Verónica, señaló que la nueva ley de bienes nacionales precisa las funciones y facultades de las diversas dependencias en materia inmobiliaria federal, toda vez que los cambios que se formularon a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal crearon confusión en cuanto al ámbito de competencia entre las diversas secretarías de Estado involucradas.

La senadora del PRI Dulce María Sauri propuso una revisión al artículo 84 de la nueva ley, porque consideró que en la misma no se incluyeron los cambios que ya propuso el pasado 29 de abril en relación con esa Ley General de Bienes Nacionales, luego de la polémica surgida por la intención del Ejecutivo federal ''de entregar en comodato a una asociación civil el Antiguo Palacio del Arzobispado, con el supuesto propósito de transformarlo en un museo de arte religioso''.

No se trata, precisó en tribuna, de un edificio cualquiera, sino del primer bien nacionalizado y expropiado al clero mediante la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos del 12 de julio de 1859.

Se trata, insistió, de un inmueble ''emblemático del triunfo liberal sobre el conservadurismo mexicano" y la iniciativa ''que presenté fue para eliminar una laguna legal que pudiera provocar decisiones del Ejecutivo federal ajenos a la historia y a la tradición liberal del pueblo de México''.

Sauri comentó que las comisiones dictaminadoras recogieron sus propuesta, pero consideró que en el párrafo decimoséptimo del artículo 84 de la Ley General de Bienes Nacionales se requería de una visión ''que proporcione mayor contundencia y remita precisamente a esa Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos y a su antecedente, la Ley de Desarmotización de Fincas Rústicas y Urbanas de 1856, donde se precisa la inclusión de todos los bienes que se expropiaron al claro antes de la Constitución de 1917".

La propuesta de modificación fue aprobada, al igual que la ley en su conjunto y se devolvió a la Cámara de Diputados.