Acusa al presunto dueño de Paraje San Juan de fraude y falsificación de documentos

Solicita la PGJDF orden de aprehensión contra Arcipreste

Si sus abogados quieren reunirse con la autoridad será ante el Ministerio Público: Encinas

Podría detenerse el pago de mil 810 millones de pesos si es encontrado culpable, indica Bátiz

ANGEL BOLAÑOS Y MIRNA SERVIN

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) solicitó a un juzgado penal que libre orden de aprehensión contra Enrique Arcipreste del Abrego por fraude y falsificación de documentos, informó el titular de la dependencia, Bernardo Bátiz Vázquez.

El funcionario refirió que por el momento no se tiene localizado al supuesto dueño del Paraje San Juan -que demanda al gobierno capitalino el pago de una indemnización por mil 810 millones de pesos por la expropiación del predio-, pero aseguró que cuando el juez dicte la orden de aprehensión, la PGJDF iniciará su búsqueda.

Por su parte, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que el gobierno de la ciudad no aceptará ninguna reunión con los abogados de Enrique Arcipreste, pues el único lugar donde éstos pueden tener acercamiento con la autoridad es en el Ministerio Público, luego de que la PGJDF solicitó orden de aprehensión contra el supuesto propietario del Paraje San Juan.

Aclaró que la consignación de Arcipreste no significa la conclusión de la disputa, pues independientemente de que el juez penal que conozca la causa conceda la orden de aprehensión e inicie el proceso correspondiente, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúa la revisión del expediente. Esto, luego de que los ministros decidieron atraer el caso para conocer el recurso que interpuso el gobierno de la ciudad en contra del fallo del juzgado federal que ordenó el pago de mil 810 millones de pesos de indemnización por la expropiación del predio.

El funcionario rechazó que la consignación del expediente se haya realizado con celeridad por tratarse de una denuncia del jefe de Gobierno. "El Ministerio Público la ha desahogado (la denuncia) en los términos y en los tiempos que la ley marca; no vemos mayor diferencia con los demás procesos y qué bueno que actuó expeditamente la autoridad", señaló.

Negó que se trate de algún mensaje contra quienes se atreven a demandar al Gobierno del DF, pues en este caso en particular, dijo, se actuó con apego a la ley contra un acto fraudulento, y la autoridad no tiene por qué proteger a quien actúa ilegalmente; "aquí todas las personas que violen la ley tendrán que ser castigadas conforme a derecho".

En tanto, el procurador Bernardo Bátiz sostuvo que será el juez quien determine la situación jurídica de Arcipreste. Sobre si la investigación que realiza la procuraduría capitalina pudiera revertir la decisión de la Corte, Bátiz consideró que en caso de llegar a una sentencia condenatoria por fraude, se puede detener el pago para Arcipreste.

Precisó que la cuestión relativa al pago aún se encuentra en trámite en la Corte, para determinar si, pese al dictamen de fraude, se va a pagar y a quién, ya que han aparecido otros reclamantes del predio. Bátiz aseguró que la averiguación sobre Arcipreste está bien sustentada y se demostró que se usaron actas de nacimiento apócrifas y se falsificó un contrato de 1947, junto con otros elementos para acreditar que "hubo sin duda una falsedad".

Agregó que la procuraduría no ha iniciado ninguna línea de investigación sobre funcionarios, por omisiones o complicidad en el caso. Recordó que cuando se involucró a Marcelo Ebrard, entonces secretario de Gobierno, los peritos dictaminaron que la firma asentada en un escrito era falsa.