Los capitales español y francés tienen 43 y 20 por ciento de la capacidad otorgada, según la CRE

Controla la IP 35 por ciento de la generación de electricidad

Hasta el momento el gobierno ha otorgado 230 permisos a particulares, cuya capacidad llega a 19 mil 430 megavatios Proponen expertos suprimir la categoría de productores independientes

ISRAEL RODRIGUEZ

Pese a la inconstitucionalidad de participación de particulares en la generación eléctrica en México, la producción que realizan estos ha crecido en forma acelerada, con 230 permisos vigentes y una capacidad instalada permitida de 19 mil 430 megavatios (MW), equivalente a 35 por ciento del total.

Actualmente, los capitales español y francés controlan 43 y 20 por ciento de la capacidad otorgada, respectivamente. Firmas canadienses, estadunidenses y japonesas se reparten el resto, según revelan cifras oficiales de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

La figura jurídica privada más preocupante e importante es la de productor independiente, en la que todos los permisionarios son filiales de empresas extranjeras. Se han concedido 17 permisos que suman 9 mil 711 MW y representan 16 por ciento del parque de generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De continuar esta tendencia, se prevé que en 2011 el sistema eléctrico nacional tendrá instalados 63 mil 214 MW, de los cuales alrededor de la mitad estarán en manos de empresas extranjeras operando bajo la figura de productor independiente.

En los hechos, a partir de las reformas introducidas en 1992 en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) se permite a los capitales privados participar en la generación eléctrica, lo que va en contra de lo dispuesto en el artículo 27 constitucional.

Sin embargo, a partir de 1997 se ha impulsado la presencia de importantes inversionistas que, bajo la categoría de productores independientes o de empresas asociadas de autoabastecimiento, continúan violando los preceptos constitucionales.

Ante este escenario, Ifigenia Martínez, maestra emérita de la Facultad de Economía de la UNAM, y los especialistas Octavio Cortés, Carlos Huerta y Santiago Espinosa proponen que la LSPEE sea sustituida por una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de energía eléctrica. "Para no perder la importancia del concepto de servicio público se le podría denominar ley del servicio público de energía eléctrica reglamentaria del artículo 27 constitucional".

Ifigenia Martínez, integrante también del Consejo Político del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró que este incremento en la participación privada en la industria eléctrica tiene en contrapartida el estancamiento de la electricidad generada por los organismos públicos.

Advierte que por sus potencialidades la figura de importador- exportador también entraña un riesgo importante. Hasta la fecha se han otorgado seis permisos para exportar por la frontera norte, y uno por el sur. Suman dos mil 186 MW, equivalentes a 6 por ciento del parque de generación de la CFE.

Sobre este tema, Víctor Rodríguez-Padilla, investigador universitario especialista en temas energéticos, señaló: "La instalación de centrales en la frontera norte, dedicada exclusivamente a producir electricidad para el país vecino, plantea riesgos diversos; el más importante es el de seguridad nacional. Cuando el Congreso aprobó esta figura buscaba que aquella energía no aprovechable por el sistema retribuyera beneficios a la nación, generando divisas. El objetivo nunca fue permitir la maquila de electricidad con gas importado ni la extensión del sistema eléctrico estadunidense en territorio nacional".

Para corregir la anterior situación de abuso de la categoría de servicio público, el maestro emérito de la Facultad de Ingeniería y ex funcionario de la CFE Jacinto Viqueira propone suprimir "la categoría de productores independientes de energía eléctrica. Los contratos existentes se convertirán en contratos de tipo construcción-arrendamiento- transferencia (CAT), actualmente obra pública financiada, pasando estas plantas generadoras a ser operadas por la CFE, lo que no presenta ningún inconveniente; por el contrario, tiene algunas ventajas para los inversionistas extranjeros, actualmente propietarios de esas plantas".

Explicó que al liberarlos de la responsabilidad de manejar las plantas, tarea para la cual CFE cuenta con probada experiencia, "deben también modificarse las disposiciones sobre importación y exportación de energía eléctrica en el sentido de que se realicen con la participación de la CFE y mediante sus instalaciones".

Esto, agrega el experto, conlleva a un fortalecimiento integral de las empresas públicas del sector y a contar con una adecuada red institucional que garantice una política energética de Estado, orientada a superar el estancamiento económico mediante el fortalecimiento de la inversión y del mercado interno. Por su parte, las empresas que no quisieran negociar la conversión de sus contratos podrían, de acuerdo con disposiciones transitorias, esperar hasta su vencimiento.

Para evitar la discrecionalidad con la que las autoridades han actuado en el otorgamiento de permisos y de acuerdo con la Comisión para la Reforma Eléctrica Integral del PRD se propone la creación de la comisión nacional de energía, presidida por el secretario del ramo, a propuesta del Presidente de la República y con la aprobación de dos terceras partes de la Cámara de Senadores. En la mencionada comisión estarán representadas todas las otras secretarías de Estado que tengan interés en el sector, en un plano de igualdad con los directores generales de las empresas, los representantes de los sindicatos y los responsables de las comisiones especializadas pertinentes y de los institutos de investigación y desarrollo del sector.

La comisión nacional de energía sería la encargada de elaborar los planes con visión de largo plazo, 20-30 años, y los planes de seis años, que serían aprobados por el Congreso como documentos de intención. Los presupuestos trianuales de inversión y los operativos anuales serían aprobados por la Cámara de Diputados.

También se propone un consejo consultivo donde estarían representados la sociedad organizada (trabajadores, empresarios, academia y otros) y el Legislativo federal y locales, que estarían vinculados a la CNE mediante un secretariado técnico, el cual podría operar regionalmente. Este consejo consultivo tendría un carácter deliberativo y propositivo, pero no intervendría en asuntos operativos del sector.

La maestra Ifigenia Martínez destacó que un asunto de la mayor importancia y urgencia que deben abordar los partidos y el Congreso es cambiar la Ley de la Comisión Reguladora de Energía para suspender de inmediato la firma de contratos pendientes, la celebración de nuevas licitaciones y el otorgamiento de cualquier permiso adicional a los ya otorgados que, hoy por hoy, son inconstitucionales.

Los especialistas afirman que son las políticas neoliberales las que tratan de privatizar el sector, por su alta rentabilidad y por ser el último reducto de la empresa pública junto con los hidrocarburos, que hay que defender. "El sector eléctrico en México es rentable y debe seguir perteneciendo a la nación".