Ana María Aragonés

¿Nueva política migratoria?

El secretario Derbez ha enmarcado lo que el gobierno considera como una "política migratoria" para México, y es nada menos que firmar acuerdos migratorios con distintos países que permitan a un número de mexicanos residir y trabajar en el extranjero. Su idea es iniciar con España por "la relación de siglos que tenemos" y seguirlo planteando con otras naciones. Según sus palabras, se tratará de empezar a definir el esquema y el número de personas que podrían verse beneficiadas en su próximo viaje a Madrid y se buscará ampliar el que se tiene con Canadá (La Jornada, 9 de diciembre).

Tal parece que el gobierno está decidido a que México siga desempeñando el papel de país productor de migrantes.

España, con la que supuestamente se iniciaría esta nueva "política migratoria", es el modelo exitoso de cómo un país logró revertir su tendencia de expulsor a país receptor, gracias no sólo a su evolución política que puso fin a la dictadura franquista de 40 años, sino a una serie de transformaciones económicas y sociales que le permitieron incoporarse a la entonces llamada Comunidad Económica Europea.

Los datos de extranjeros que se encuentran en ese país son impresionantes, pues de 1992 a 2000 el número de personas procedentes de las naciones en desarrollo aumentó 214 por ciento anual, cifra muy superior al aumento de 60 por ciento de extranjeros procedentes de países industrializados. Las dos nacionalidades más numerosas son la marroquí y la ecuatoriana. Entre 1995 y 2000 la población inmigrante total era de 895 mil 720. Una característica de su mercado laboral es su estratificación por grupos étnicos y por cuotas, produciéndose nichos laborales. Ochenta y seis por ciento de los latinoamericanos y 89 por ciento de los asiáticos trabajan en el sector servicios, 39 por ciento de los africanos en la agricultura y 15 por ciento de europeos orientales en la construcción (Nieves Ortega Pérez). Por el contrario, el número que proviene de América del Norte (EU, Canadá y México) es casi insignificante. Aunque quizá ahora, gracias a "la política migratoria" se irán incrementando sus contingentes y habrá que ver cuál es el nicho laboral que corresponde a los trabajadores mexicanos.

Lo que habría que destacar es que España también presenta el problema de los migrantes indocumentados, que para 2000 se contaron en 200 mil. Y si bien en los años 1996, 2000 y 2001 se emprendieron programas de regularización, las dificultades para renovar los permisos han obligado a muchos inmigrantes a volver a la situación indocumentada. Se ha establecido un sistema de cuotas dirigido a periodos de escasez de mano de obra, pero los sindicatos y los patrones no están de acuerdo, pues señalan que las necesidades laborales quedan insatisfechas, ya que en 2002 se redujo la cuota en casi 10 mil trabajadores. Todo esto no sólo da lugar a un incremento de los trabajadores indocumentados, sino que parecería que el gobierno español lo que quiere es disminuir la migración.

Ante esta situación, habría que preguntarse cuál es el objetivo del presidente Aznar al proponer al canciller Derbez un posible acuerdo migratorio, cuando además parecería tener internamente los trabajadores suficientes para incorporarse a los nichos laborales si éstos fueran regularizados.

Esta política migratoria es la más clara prueba del fracaso del proyecto económico, político y social de este gobierno. Es no sólo el reconocimiento de que nuestro producto más importante de exportación son los trabajadores mexicanos, sino que se intenta institucionalizar su expulsión al no ofrecerles los satisfactores necesarios.

Evitar el triste camino del no retorno de la migración pasa, entre otras cosas, por oponerse a los intentos de hegemonía de Estados Unidos, reorientar la política económica y por buscar inscribirse en un proyecto regional de envergadura que convierta a Latinoamérica en el espacio de libertad de intercambios comerciales, financieros y, por supuesto, sin obstáculos para el libre movimiento de la fuerza de trabajo.