Busca garantizar imparcialidad del órgano comicial federal y ampliar periodos legislativos

Pondría el Senado candados a consejeros electorales que aspiren al Congreso

GEORGINA SALDIERNA Y ANDREA BECERRIL

El Senado de la República analizará el próximo lunes un paquete de cinco reformas constitucionales encaminadas a ampliar en un mes y medio el periodo de sesiones en el Congreso; a impedir que los consejeros electorales del IFE puedan ser candidatos a puestos de elección popular durante los cinco años siguientes a su encargo; a dotar de autonomía al INEGI; a establecer la obligación de garantizar el acceso de toda persona a una alimentación suficiente y de calidad, y a facultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar iniciativas legales en materia de su ley orgánica.

Su aprobación estaba prevista para este viernes, pero los legisladores consideraron que por ser reformas constitucionales no sería adecuado dispensar la segunda lectura del dictamen. En vista de lo anterior pasarán al pleno hasta el próximo lunes, cuando se les dé segunda lectura. Aunado a ello el PAN trató de aprovechar la coyuntura con el fin de negociar la ratificación de los 11 embajadores y cónsules pendientes, pero los priístas se opusieron.

La primera iniciativa, presentada por el PRD, plantea reformas al artículo 71 de la Constitución y otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el derecho de iniciativa en materia de normas relativas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Como parte de la argumentación del dictamen, se afirma que las voces que se oponían a otorgar esta atribución han quedado fuera de tiempo. "Ese pensamiento ha sido superado. La modernidad impone la necesidad de la participación total de la ciudadanía en la solución de los grandes problemas nacionales", se subraya en el documento.

Se destaca además que la Suprema Corte es la más capacitada para iniciar leyes en lo referente a la organización del Poder Judicial, al conocer a la perfección lo que se requiere en ese campo.

Otra de las iniciativas propone reformar el artículo 65 constitucional, para que el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso se inicie el primero de febrero y no el 15 de marzo, como sucede en la actualidad. Ello con el fin de aumentar el tiempo efectivo de trabajo continuo en las cámaras de Senadores y de Diputados

Para realizar el estudio y el dictamen de las propuestas, las comisiones cuentan con un tiempo insuficiente para resolver las crecientes cargas de trabajo parlamentario que deben someterse al pleno, se afirma en el dictamen.

El PRI presentó, por su parte, una iniciativa para reformar el artículo 55 de la Constitución, con el propósito de establecer como requisito para ser diputado federal no ser consejero electoral, secretario ejecutivo o director ejecutivo del IFE en los cinco años anteriores a la elección.

La propuesta considera que es necesario avanzar en el fortalecimiento del orden institucional. El IFE es una de las instituciones en las que se puede confiar por su imparcialidad y neutralidad. Pero así como se protege a este órgano ciudadano de los intereses partidistas, es necesario proteger a la propia ciudadanía con relación a los consejeros que dejan de cumplir con su encargo y de inmediato deciden convertirse en militantes, dirigentes o representantes populares de los partidos políticos.

Sin desconocer el derecho de toda persona para simpatizar con las propuestas de algún partido político, el dictamen advierte que los consejeros cuentan con información privilegiada de todos los partidos políticos y su confidencialidad se compromete si tras concluir su cargo ocupan puestos de elección popular.

El PRD, a su vez, introdujo dos iniciativas para reformar los artículos 26, 108 y 27 de la Constitución. Una para dotar de autonomía al INEGI y de esa manera darle al organismo una mayor flexibilidad para cumplir con su función de elaborar el sistema de información estadística, difundirla, protegerla y actualizarla de acuerdo con los requerimientos nacionales y con el desarrollo tecnológico en la materia. La otra para garantizar eficientemente el acceso de toda persona a una alimentación suficiente y de calidad que le permita satisfacer sus necesidades nutricionales.