El Código Penal ya los sanciona con multa y cárcel: expertos

"Legalizaría" actos ilícitos el cobro de impuesto ambiental

Las personas que detiene la Profepa no tienen recursos, dicen

ANGELICA ENCISO L.

Al establecer el cobro de gravamen, la iniciativa gubernamental de ley de impuestos ambientales -que está a discusión en la Cámara de Diputados- da carácter legal a actividades ilícitas sancionadas en el Código Penal con multas y cárcel, señalan especialistas.

El documento es "raro", porque parece establecer un castigo a actividades ilegales, más que tratarse de impuestos, y difícilmente podrá funcionar, consideró Juan Carlos Cantú, de la organización Defensores de Vida Silvestre. Explicó que el Código Penal es muy claro en cuanto a las actividades ilícitas que se sancionan, las cuales también están señaladas en la iniciativa oficial.

En noviembre, el gobierno federal envió en el paquete fiscal la iniciativa que considera el cobro de "impuestos" al tráfico ilegal de especies bajo protección especial, cuyo comercio no está permitido; a la producción, importación, uso, transporte, almacenamiento y tenencia de sustancias tóxicas prohibidas en el país, así como a la tenencia de productos forestales maderables cuya procedencia legal no se haya comprobado.

Cantú explicó que al cobrarse el impuesto se da carácter legal a esas actividades ilícitas, y "no creemos que vaya a funcionar porque, de por sí, las personas que detiene la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no son los verdaderos cerebros de esas prácticas".

Agregó que los transportistas que manejan esos productos, o los campesinos que venden las especies en riesgo de extinción, que son a quienes inspecciona la Profepa, ganan menos de un salario mínimo y no tienen recursos para pagar algún impuesto, por lo que será imposible hacer ese cobro.

Detalló que en el Código Penal ya están definidas las multas, según el daño que se ocasiona, o penas de cárcel para las actividades que ahora se prevé gravar, por lo que esto supondría una multa extra. La iniciativa está "mal concebida, y si lo que buscan es obtener fondos para la conservación, eso ya está considerado en la legislación".

Sin embargo, puntualizó, los recursos provenientes de sanciones no han llegado a la conservación por problemas con la Secretaría de Hacienda, lo cual se puede resolver sin necesidad de crear "impuestos" que difícilmente podrán funcionar. Insistió en que el establecimiento de un nuevo gravamen legaliza las actividades ilícitas y les da un estatus regular.

Por su parte, María Colín, abogada de Greenpeace, señaló que la iniciativa es ambigua en cuanto a los delitos ecológicos, y el gobierno debe ser claro respecto a lo que pasará con las sanciones establecidas en el Código Penal, a las que se sobreponen los conceptos que establece la propuesta oficial.