No son miembros del Ejército, afirma la quinta Zona

Detienen en Chihuahua a 2 supuestos militares que espiaban al gobernador

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA CORRESPONSAL

Chihuahua, Chih., 9 de diciembre. Dos empleados de Petróleos Mexicanos, quienes, según la Procuraduría General de Justicia del estado, se identificaron como efectivos de Inteligencia Militar, fueron detenidos el 20 de noviembre cuando reportaban las actividades del gobernador Patricio Martínez, y desde entonces permanecen arraigados e incomunicados, bajo sospecha de planear un nuevo atentado contra el mandatario estatal.

Tras conocerse la versión de la aprehensión de Félix Velázquez y Eleuterio Martínez, dos presuntos militares adscritos a la planta petroquímica de Pemex, en Camargo, detenidos en el desfile del 20 de noviembre y sometidos a arraigo en un hotel de la ciudad, el subprocurador de Justicia del estado, Jesús Antonio Piñón Jiménez, informó que los sujetos son sospechosos de planear un posible atentado contra el gobernador Patricio Martínez.

Dijo que a los sujetos se les encontró equipo de espionaje, entre los que se encontraba un teléfono satelital, cámaras de video digitales, teléfonos celulares, grabadoras y una camioneta de reciente modelo.

Al respecto, la Procuraduría de Justicia del Estado informó que en el tiempo que lleva el arraigo, ambos detenidos han declarado versiones contradictorias, pero supuestamente aceptaron ante el Ministerio Público del fuero común ser agentes de Inteligencia Militar, comisionados para espiar los movimientos del gobernador Patricio Martínez García.

Sin embargo, la quinta zona militar indicó al periódico local Norte de Ciudad Juárez que los arraigados no son miembros del Ejército mexicano y que se tuvo comunicación con el área de Inteligencia Militar en la ciudad de México, donde también los desconocieron como efectivos.

Por su parte, Amada Morales Pérez y Margarita Dimas Santiago, esposas de Félix Velázquez y Eleuterio Martínez, afirmaron que sus familiares fueron detenidos ilegalmente, "torturados y golpeados", para obligarlos a inculparse como participantes en los preparativos de un supuesto atentado contra el gobernador.

Explicaron que sus maridos fueron sometidos a golpes y torturas físicas por los policías judiciales, pero el 25 de noviembre pudieron hacer llegar un mensaje a su centro de trabajo, en Camargo, reportando que estaban detenidos.

"Mi esposo ni me reconocía, pues estaba muy mal por tanto golpe que le dieron, hasta que lo obligaron a firmar un papel, y lo amenazaron de que lo iban a cargar de droga y le iban a hacer daño a su familia", relató Amada Morales.

Margarita Dimas Santiago contó que a su marido lo golpearon, lo colgaron desnudo y lo estuvieron bañando en agua con hielo, hasta obligarlo a firmar una declaración en la que supuestamente acepta que participó en el atentado contra el gobernador perpetrado en enero del 2001. Ambas mujeres pidieron protección para ellas y sus familias.

Al respecto, Guillermo Luján Peña, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, y Arturo Zubía, del mismo partido, acusaron al gobierno del estado de violentar las garantías individuales de los dos arraigados, al mantenerlos prácticamente secuestrados desde el 20 de noviembre, con el propósito de arrancarles declaraciones bajo presión.

Arturo Zubía informó que conoce a los arraigados porque han realizado labor de información desde hace varios años en la zona de Camargo, pero siempre han sido respetuosos y jamás se inmiscuyeron en forma indebida en los asuntos del PAN ni de ninguna dependencia de gobierno, pues sólo reportaban información a sus superiores.

Por su parte, el gobernador Patricio Martínez García calificó de "un asunto sumamente delicado" la existencia de "sombras negras, siempre cuidando mis movimientos y las fallas en mis movimientos".

El secretario de Gobierno, Sergio Martínez Garza, aseguró que en Chihuahua el gobierno federal mantiene un "permanente espionaje" sobre todas las actividades del gobierno estatal, y exigió al presidente Vicente Fox que ordene "el retiro del personal que ilegalmente está interviniendo los teléfonos particulares" de los funcionarios públicos.