Lo atribuye a mala administración e irregularidades

La Central de Abasto, en quiebra técnica: dirigente de locatarios

BERTHA TERESA RAMIREZ

El presidente de la asociación civil denominada Consejo para la Modernización de la Central de Abasto (Ceda), Juan Méndez Mejía, sostuvo que este mercado enfrenta "prácticamente una quiebra técnica", a causa de la descapitalización del fideicomiso que la sostiene, por lo que más de 300 concesionarios solicitan al Gobierno del Distrito Federal que aplique la cláusula cuarta del contrato del fideicomiso, para que la administración no recaiga más en el sector privado ni en el gobierno capitalino, sino que se establezca un contrato con terceros y sea un despacho o un administrador de carrera quien la administre.

Méndez Mejía, quien junto con decenas de locatarios demandó durante un mitin la destitución del administrador general y representante del sector privado en la Ceda, Luis Fernando Islas Rico, señaló que la difícil situación que enfrenta la central es consecuencia de las malas administraciones que ha tenido.

"A más de 19 años de operación lo único que hemos visto es que los distintos gobiernos que la han manejado han dejado resultados financieros muy malos, y en los pasados 16 meses el resultado que deja la administración general, encabezada por un representante privado, es de una quiebra técnica", argumentó.

Sostuvo que desde hace varios años la Ceda ha operado con números rojos, pero su mala situación económica se agudizó durante 2003, debido a un presupuesto deficitario, y para el próximo año la central requerirá de 110 millones de pesos, con los que el fideicomiso no cuenta.

Insistió en que "desde hace más de un año hay una administración encabezada por el sector privado, la cual se contrapone a la autoridad de la dirección general de la Ceda, y el conflicto provoca duplicidad de funciones".

Méndez Mejía dijo que en un "exceso de facultades", Islas Rico ha impuesto tarifas a carretilleros, permisionarios y concesionarios, y ha restringido el acceso a los patios de maniobras, donde se lleva a cabo la carga y descarga de productos perecederos, lo cual ha incrementado la corrupción policiaca, porque los usuarios tienen que pagar entre 50 y 100 pesos a uniformados para que les permitan laborar. Además, señaló, el administrador general impuso cuotas de 500 a mil pesos a los comerciantes que se establecen el Día de Muertos y en las fiestas decembrinas. Aseveró que esas aportaciones son ilegales, porque la Ceda ya tiene recursos destinados a su mantenimiento, los cuales provienen de las cuotas, ingresos por peaje, uso de básculas y baños públicos y por concepto de publicidad, entre otros.

Indicó que ante la difícil situación que enfrenta la Ceda, solicitaron al director general, Francisco González Gómez, tener una reunión con el secretario de Gobierno del DF, Alejandro Encinas, para buscar una solución a los problemas administrativos y en materia de seguridad, mantenimiento, orden jurídico, operación y funcionamiento.