LETRA S
Diciembre 4 de 2003

 
Con información de Antonio Contreras, Mario Reyes y Rocío Sánchez.

Ya sea por marginación, ignorancia, enfermedad o incapacidad para acceder a los servicios públicos, un gran número de personas se encuentran en situación de desventaja para ejercer plenamente sus derechos y libertades. Esta vulnerabilidad las hace blanco fácil de abusos de todo tipo. En México, el género, la edad, la orientación sexual, la pertenencia a un grupo étnico o ser portador del virus de la inmunodeficiencia humana son condiciones que según el lugar o las instituciones conllevan a la discriminación y consecuente violación de sus derechos humanos, e incluso a la muerte. La siguiente información da cuenta de los sectores más vulnerables y de las consecuencias funestas de la desvalorización social de mujeres, indígenas, menores de edad, homosexuales y portadores del VIH.

¿Dónde es más peligroso ser...
 

Homosexual?
En Tenosique y Macuspana, Tabasco
De 1999 a la fecha, en estos dos municipios tabasqueños se han registrado cuatro crímenes por homofobia, así como numerosas golpizas a homosexuales. La "ineptitud, indiferencia y falta de voluntad" para resolver estas agresiones, según señalan activistas tabasqueños, refleja claramente una homofobia institucional, puesto que las autoridades policiacas califican dichos sucesos como "problemas pasionales". En ese lapso han sido asesinados César Augusto López, Giovanni Gutiérrez, José Felipe Ramírez y Chilam Burgos. Ninguno de los crímenes ha sido esclarecido. La Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia (CCCCOH) señala que la calificación de estos asesinatos como "pasionales" contribuye a la extorsión policiaca y a su desatención, y añade que la homofobia social lleva a culpar a la propia víctima y exonerar al criminal, quien actúa con la impunidad a su favor y seguro de "librar" a la sociedad de "esas lacras". Desde luego, esto no es privativo de Tabasco. Entre 1995 y 2001 la CCCCOH documentó 232 ejecuciones de homosexuales, lo que arroja un promedio de tres asesinatos por mes en todo el país.
En la Iglesia católica
Del lado de las instituciones, la Iglesia católica mantiene su aversión a los homosexuales dentro y fuera de su seno. Siempre que hay oportunidad, o aunque no la haya, manifiesta que la homosexualidad es antinatural, pecaminosa, puesto que dios hizo al hombre y a la mujer para perpetuar la especie. El 17 de noviembre pasado el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, José Guadalupe Martín Rábago, advirtió que los homosexuales no son candidatos idóneos para el sacerdocio, y que en caso de que aquéllos no puedan superar su homosexualidad, se les despide en definitiva de los seminarios.
 
 

Mujer?
En Ciudad Juárez
Más de 300 mujeres han sido asesinadas en la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua. El Instituto Chihuahuense de la Mujer señala que son 321 las mujeres asesinadas de 1993 a la fecha, mientras que Amnistía Internacional, en agosto pasado, estimó 370 crímenes, de los cuales "al menos 137 presentan violencia sexual". La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en tanto, tiene documentados 263 casos de homicidios y entre 90 y 257 casos de desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. La mayoría de las víctimas eran menores de 20 años, trabajaban en maquiladoras o eran estudiantes, y eran migrantes. La Procuraduría General de la República atrajo este año sólo 14 casos para su investigación. Por otra parte, en el mundo una de cada tres mujeres ha vivido o vive en una situación de violencia, mientras que en México las cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que cada año se registran 1,200 homicidios de mujeres. El secretario de Salud Julio Frenk dio a conocer el 25 de noviembre que de acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de violencia contra las mujeres, una de cada cinco mujeres mexicanas mayores de 15 años ha padecido violencia alguna vez en su vida.
 
 

Niña o niño?
En Acapulco y Cancún
En México existen diversas redes que prostituyen niños y adolescentes y que operan en ciudades como Guadalajara y el Distrito Federal, sin embargo, es en Acapulco, Guerrero, y Cancún, Quintana Roo, en donde se ha acentuado el turismo sexual. De acuerdo con el estudio La infancia como mercancía --elaborado por las universidades de Pensylvania y Montreal y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (Ciesas) en el 2002--, en territorio mexicano son víctimas de la explotación sexual alrededor de 20 mil menores cuyas edades oscilan entre los 12 y 18 años. Especialistas de Unicef indican que tan sólo en Cancún cerca de 700 menores forman parte del comercio sexual que se ejerce en la zona. Hasta hoy día, las autoridades no han combatido el problema a fondo.
 
 

Adolescente?
En Tecate, Baja California
Como "medida preventiva del delito", desde el 4 de mayo de 2002 el cabildo de Tecate decretó un toque de queda para menores de edad. El artículo 31 del Reglamento para la Preservación del Orden y la Seguridad Pública prevé una infracción a los padres de familia o tutores permitan que los menores de edad salgan "entre las 22:30 horas de un día y las 5:00 horas del día siguiente, sin la compañía de un familiar mayor de edad". La medida fue promovida por el alcalde Juan Vargas Rodríguez, de extracción priista.
 
 

Portador del VIH?
En el Ejército
La Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2002 y en vigor desde el pasado 9 de julio, establece que "la seropositividad a los anticuerpos contra los virus de la inmunodeficiencia humana confirmada con anticuerpos suplementarios... es un padecimiento de origen inmunológico rebelde al tratamiento y de difícil control", por lo que quienes resulten positivos a la prueba del VIH tendrán un "retiro por inutilidad". Esto es, se legaliza la discriminación por ser VIH positivo. Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional ha reportado 110 bajas por este motivo. Además del Ejército, otras instituciones que practican de manera obligatoria la prueba del VIH son la Marina y la Policía Federal Preventiva y muchas veces, cuando los resultados son positivos, no respetan la confidencialidad de los afectados. La mayoría de las empresas privadas también exigen la prueba del VIH como requisito para contratar a una persona.
 
 

Travesti?
En Torreón, Coahuila
El artículo 75 del Reglamento de Salud Municipal de esta ciudad obliga a los homosexuales recato en el vestir. El alcalde de Torreón, Guillermo Anaya Llamas, justifica dicho ordenamiento porque considera que los hombres no deben usar pantalones ajustados ni traer el cabello largo, pues "el que parece homosexual, es homosexual". Activistas de ese municipio han denunciado que al amparo de esa legislación se han cometido actos de represión, como la obligatoriedad de practicarse el examen del VIH cuando son detenidos, ya que según las autoridades, "un hombre que se viste de mujer puede transmitir el virus a otra persona de su mismo sexo y generar problemas de salud pública". En la mayoría de los municipios del país se incluyen ordenamientos que con el argumento de la "moral y las buenas costumbres" o por "alteración de la seguridad pública" se detiene injustificadamente a travestis.
 
 

Embarazada?
En las maquiladoras
La industria maquiladora del país está conformada mayoritariamente por mujeres en edad reproductiva cuyo promedio de edad es de 26 años. Para ser contratadas se les somete a pruebas de embarazo y en ocasiones se les hacen preguntas explícitas sobre su conducta sexual, su ciclo menstrual y el uso de anticonceptivos. Aquellas mujeres que ya contratadas se embarazan reciben una carga física mayor, se les alteran los horarios cada semana, se les obliga a laborar de pie y se les exige trabajar horas extra, probablemente con la intención de que renuncien al empleo. Además de que están expuestas a sustancias tóxicas y a trabajo excesivo, deben laborar jornadas de más de nueve horas sin descanso. La práctica de exigir la prueba de embarazo sigue siendo requisito en muchas empresas para contratar mujeres.
 
 

Niño?
En la Iglesia católica
En el año 2001, el padre John J. Geoghan, de la arquidiócesis de Boston, Estados Unidos, fue acusado de violar a un niño de 10 años. Durante el juicio se supo que Geoghan había abusado sexualmente de más de 130 niños durante 30 años y su diócesis lo había estado encubriendo; el escándalo llevó a la renuncia del obispo Bernard Law y al pago de una indemnización de 85 millones de dólares a las víctimas. Esto fue el detonante para que miles de personas de todo el mundo se decidieran a denunciar abusos sexuales de sacerdotes paidófilos, que a la fecha suman por lo menos 5 mil, según refiere El Vaticano. En México el padre Marcial Maciel, fundador de Los Legionarios de Cristo, fue acusado de haber abusado sexualmente de nueve hombres, cuando éstos eran niños. En 1997, al menos 60 menores fueron agredidos por el padre Nicolás Aguilar mientras tomaban catecismo en la ciudad de Puebla; en 2002 le fue dictado auto de formal prisión, aunque hasta hoy se mantiene prófugo. Otros casos de abuso sexual a menores por parte de miembros de la Iglesia Católica han sido silenciados.
 
 

Indígena?
En Chiapas
El 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, Chiapas, paramilitares atacaron con armas de fuego un templo en el que oraban indígenas de la localidad, con saldo de 45 muertos y 25 heridos. A seis años de la masacre, las autoridades federales no han esclarecido el caso. Tampoco se ha investigado a los posibles autores intelectuales ni se ha indagado la responsabilidad de fuerzas de seguridad e inteligencia, mencionadas en diversos testimonios. La PGR ha insistido en la tesis de que se trató de un "conflicto intercomunitario". Si bien el racismo está presente en todo el país, es en esta entidad donde se ha manifestado con mayor violencia, sobre todo después del levantamiento zapatista en 1994. Cuando ocurren hechos violentos en otras regiones indígenas, las autoridades gubernamentales suelen hablar de conflictos intra o intercomunitarios.

La vulnerabilidad fracciona y, por lo tanto, anula el conjunto de garantías y libertades fundamentales, de tal forma que las personas, grupos y comunidades en esta situación tienen derechos únicamente a nivel formal, ya que en los hechos nos se dan las condiciones necesarias para su ejercicio.
Esta circunstancia viola los derechos de los miembros más débiles de la sociedad y los margina, razón por la cual el Estado tiene la responsabilidad de proteger a estas personas, quienes frecuentemente desconocen sus derechos, ignoran los medios para hacerlos valer y carecen de los recursos para acudir ante los sistemas de justicia.
(Fuente: http://www.ciudadanoinforma.com)