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México D.F. Martes 2 de diciembre de 2003

La denuncia penal, desde hace más de un año: abogado

Acusan a la procuraduría de SLP de lentitud en caso de negligencia médica

LA JORNADA SAN LUIS

San Luis Potosi, SLP, 1Ű de diciembre. Eduardo Avila Braham, representante legal de María Elena García Castillo, informó que a más de un año de haber presentado una denuncia penal por negligencia médica contra el Centro Médico del Potosí, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aún no ha logrado integrar la averiguación previa correspondiente.

Explicó que su cliente acudió al Centro Médico del Potosí -que está en tratos para ser adquirido por el Grupo Empresarial Angeles, de Olegario Vázquez Raña- el 22 de marzo del año pasado, "en perfecto estado de salud", con el propósito de practicarse una tomografía de abdomen.

Señaló que un técnico radiólogo del hospital, Raúl Mendoza Rico, le dio a ingerir a su cliente y le inyectó un líquido denominado medio de contraste, mismo al que reaccionó la paciente, quien sufrió complicaciones.

Abundó que la señora García Castillo no recibió atención inmediata en el lugar donde se encontraba, por lo que fue canalizada a la unidad de terapia intensiva del hospita, donde estuvo 40 días en estado seminconsciente, por lo que tuvo lesiones cerebrales.

Según Avila Braham, los directivos del centro médico, encabezados por Fulvio Poumián Ferro, director administrativo, informaron a la familia de la afectada que "ya no se podía hacer nada por ella, puesto que se encontraba invadida por el cáncer en pulmones, hígado y cerebro", y agregaron que la afectada viviría apróximadamente seis meses más.

De acuerdo con los médicos, dijo, la reacción que tuvo su cliente a la sustancia que se le administró fue por el cáncer que padece.

Destacó que en una segunda revisión médica, en otro hospital, no se encontró ningún rastro de cáncer, pero sí detectaron una encefalopatía anóxica isquémica, una lesión cerebral, además de neumonía e infección en las vías urinarias.

Agregó que otra queja interpuesta en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (Coesamed) no fue atendida por el mismo hospital, que condicionó cualquier negociación al retiro de la demanda.

El abogado indicó que el 12 de julio de 2002 inició un proceso -el 60/IX/02- ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, la cual a la fecha no ha logrado integrar la averiguación previa, por lo que pidió al gobernador panista Marcelo de los Santos Fraga que dé seguimiento al caso y aplique la ley contra los responsables; además exigió el pago de los daños moral, económico y físico que sufrió su representada.

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