Demandan diputadas investigar desvío de 30 millones que entregó Pazos a Provida

Aleyda Aguirre -- Legisladoras de la Cámara de Diputados y organismos de la sociedad civil, pidieron se realice juicio político al ex diputado panista Luis Pazos de la Torre, por haber entregado a principios de este año la cantidad de 30 millones de pesos del erario público al grupo Provida para la apertura de clínicas antiaborto.
Criticaron el hecho de que mientras este año sólo se destinaron 13 millones de pesos al combate y prevención del VIH-Sida, a grupos antiabortistas se les otorgue 30 millones de pesos.
Integrantes de Ong's como el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la
Equidad, Salud Integral para la Mujer, Equidad y Género, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Grupo de Información en Reproducción Elegida, quienes ya habían denunciado desde hace meses el hecho, cuestionaron a diputadas/os si Pazos de la Torre, quien actualmente funge como director de Banobras, estaba facultado para reasignar recursos que estaban destinados para combatir el VIH-Sida y exigieron se sancione este acto "criminal" y de "ilegalidad".
Demandaron se garantice la transparencia y se debata cómo será la distribución del presupuesto que se asignará para el próximo año. ¿A quiénes responden los
legisladores, a los intereses y necesidades de la población o a sus propios intereses? cuestionaron. Alejandro Brito, director de Letra S, exigió que sea antes de 30 días cuando quede claro este asunto. Asimismo, lamentaron que sean solamente legisladores/as perredistas quienes respondan a su llamado y se interesen por este tema que debería ser preocupación de todo el Congreso.
La diputada perredista Marcela Lagarde explicó que en una reunión sostenida el pasado 29 de octubre entre la Comisión de Equidad y Género y el Subsecretario de Salud, Roberto Tapia Conyer, se le preguntó cuál había sido el destino de esos 30 millones de pesos, a lo que él admitió que fueron concedidos a Provida para la creación de 10 centros antiaborto.
Malú Micher, legisladora por el PRD, informó que Provida, en su página de Internet da las gracias a la Secretaría de Salud, pues por su apoyo pudieron crecer e inaugurar en Oaxaca una clínica. En este asunto, abundó, "no sólo está involucrado Pazos, sino gente que lo movió, ojalá no sean diputados del PRI y del PAN".
Es muy peligroso, dijo por su parte la también diputada perredista Ana Lilia Guillén, que se asigne presupuesto a una institución "terrorista de la salud" como lo es Provida y pidió juicio político para Luis Pazos, así como una inhabilitación para desempeñar cargos donde se tenga que ejercer presupuesto.
José Luis Treviño, único diputado panista que asistió a la reunión, se mostró incrédulo ante las acusaciones de los grupos de feministas y defensores/as de los derechos sexuales y reproductivos. "Antes de acusar hay que hacer una investigación a fondo", dijo.
El 16 de diciembre del 2002 se aprobó una ampliación de 600 millones de pesos al presupuesto para la salud de las mujeres, lo que se consideró un logro de la Comisión de Equidad y Género de la pasada legislatura. Los 208 millones de pesos que se etiquetaron para el programa de VIH/Sida se redujeron a 178 millones y apareció un nuevo rubro: Centros de Ayuda para la Mujer, con una asignación de 30 millones.