Antonio Gershenson

ƑQué reformas puede haber?

Por lo menos, según sus propias declaraciones, el gobierno federal, de extracción panista, habría sacado una conclusión de la derrota electoral de este partido en la elección de julio: la política a un primer plano y los políticos para llevarla a la práctica. Supuestamente, ante la evidencia de su situación minoritaria en las dos cámaras legislativas, el gobierno federal recurriría a la renovación de funcionarios y a la negociación con las otras fuerzas políticas.

Sin embargo, por un lado los funcionarios relevados ocupaban puestos relativamente secundarios. Las reformas de las que hablan como más urgentes, la fiscal y la eléctrica, dependen ante todo de la Secretaría de Hacienda. Y, por otro lado, la negociación no se ha llevado en forma tal que conduzca a acuerdos sobre las cuestiones realmente a discusión. Se ha buscado el acuerdo de cúpula para imponer la posición que ahora es del gobierno panista, pero que ha sido la defendida por los tecnócratas desde que el Partido Acción Nacional (PAN) era de oposición. El fracaso es notorio.

La mayoría de los legisladores del Revolucionario Institucional, en ambas cámaras, se ha opuesto al IVA a productos básicos y a productos culturales, y también a medidas privatizantes no sólo en el ámbito de la energía, sino también en el cinematográfico. Esa mayoría, junto con los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, conforman la mayoría en los dos organismos legislativos.

El empecinamiento de varios funcionarios y la orden de silencio a otros acaban de alejar una posible solución negociada. La propuesta oficial, en cada ámbito en el que se ha formulado, inclusive antes de que se presente formalmente, ha sido hecha pedazos. Existe, pero en el camino al bote de la basura, cuando no ya en el mismo. Y no hay otra hasta el momento. Por si fuera poco, se prosigue con el camino de violar la Constitución en materia petrolera, al proseguir la entrega de los llamados contratos de servicios múltiples, concesionando de hecho partes del territorio nacional a trasnacionales para que exploten el gas natural. Con esto último, el gobierno federal pierde toda credibilidad ante las otras fuerzas políticas, al mostrar que ni siquiera está dispuesto a respetar la Constitución, no digamos ya posibles acuerdos en materia de ingresos y presupuesto.

A este respecto no está de más recordar la forma cómo se transaron los mismos tecnócratas que hoy gobiernan el país (mientras otros funcionarios viajan y pronuncian discursos) al PAN, entonces en la oposición. A este partido le interesaba que los municipios que gobernaban algunos de sus miembros tuvieran más dinero. El entonces gobierno federal priísta aceptó, para lograr el voto panista que requerían, aumentar la participación de los municipios en los ingresos fiscales. Terminó el periodo de sesiones, los legisladores se fueron de vacaciones, y de inmediato Hacienda aumentó las tarifas eléctricas de bombeo de aguas potable y negras, y de alumbrado público, ambas pagadas por los municipios, en el porcentaje necesario para recuperar el mismo dinero que perdía en cuanto al ingreso fiscal.

Hay que decirlo claramente: sí es posible una reforma fiscal, pero no es la que los tecnócratas y los funcionarios que los siguen quieren imponer. Sí es posible una reforma eléctrica y, en general, energética, pero no es la que quieren los tecnócratas y funcionarios que algunas trasnacionales "le prestaron" al gobierno federal. Para que haya reformas, el primero que debe cambiar su actitud -y tal vez a algunos funcionarios tecnócratas- es el gobierno federal. Debe entrar a discutir con las otras fuerzas políticas, aprendiendo a ceder y a argumentar, y de cara a la nación.

En cuanto a las fuerzas políticas que discrepan de la posición oficial, luego de este clímax que fue la megamarcha, deben consensuar puntos comunes e ir construyendo alternativas viables.