Miguel Ángel García. San Cristóbal de las Casas. Noviembre. La doble característica que posee nuestro país --y en particular el sureste mexicano-- de contar con una enorme diversidad biológica (que se refleja en la cantidad y complejidad de ecosistemas y de especies) y una gran diversidad cultural (expresada en el número de lenguas y culturas vigentes) así como la interrelación histórica que se genera y desarrolla entre estos factores (biodiversidad/pluralidad cultural) implica formas especiales de concebir y explicarse el mundo (cosmovisiones) y de relacionarsey hacer uso de la naturaleza, mediante una gran cantidad de procesos de intercambio material y simbólico.

Partiendo de la concepción de ser integrante de la madre tierra, ha sido trascendente el conocimiento que los pueblos indios mesoamericanos han alcanzado en lo que toca a la identificación, interpretación y utilización de los más variados recursos disponibles en la naturaleza, con múltiples fines, especialmente terapéuticos y curativos, desarrollando complejos sistemas de conocimientos y prácticas que conforman la medicina indígena tradicional.

Este rico y socialmente útil sistema de saberes ancestrales se encuentra hoy sometido a una doble amenaza.

La primer amenaza es el acelerado proceso de expropiación, saqueo y tráfico de saberes indígenas ancestrales sobre el uso de la biodiversidad, que llevan a cabo corporaciones multinacionales dedicadas a la investigación biotecnológica, estrechamente ligadas a las mega industrias farmacéutica, cosmética y agroalimentaria, enfrascadas en una voraz competencia por patentar y controlar los recursos biogenéticos, patrimonio natural y cultural de los pueblos, con fines de un cuantioso lucro privado y del control político transnacional.

La segunda amenaza la representa el persistente y silencioso proceso de discriminación, devaluación cultural e incluso persecución a que ha estado sometida la medicina indígena, por parte de la medicina "moderna"; descalificación y devaluación que ha llegado a interiorizarse entre las propias comunidades, algunos de cuyos integrantes comienzan hoy a rechazar los tratamientos tradicionales, solicitando en cambio, su acceso a la medicina alopática.

Ambas amenazas provienen, se recrean y se confunden bajo el mismo modelo de supuesto "desarrollo" y consumo, ecológicamente depredador y socialmente injusto, que conlleva el proceso económico mundial llamado globalización, impulsado y solapado en México por los gobiernos neoliberales de De la Madrid, Salinas, Zedillo y Fox.

En este contexto dual y aparentemente paradójico de discriminación social/ambición multinacional de los saberes terapéuticos ancestrales, a fines del gobierno zedillista se publica el decreto por el que se determinan las plantas prohibidas o permitidas para tés, infusiones y aceites vegetales", que en términos llanos implica la proscripción del uso terapéutico tradicional de 76 plantas, entre las que se encuentran, por ejemplo, hierbas de uso tan común como el árnica, el epazote, el ajenjo, el anís estrella, el poleo y el ricino.

El acuerdo establece como supuesta justificación para prohibir su uso, el que dichas plantas "pueden tener efectos tóxicos o implicar cualquier otro riesgo para la salud".

Vaya ejemplo de hipocresía y doble moral oficial ¡como si la farmacopea alopática no causara un sinnúmero de efectos secundarios nocivos y contraindicaciones! (basta con hojear un diccionario de especialidades farmacéuticas, para darse cuenta de cómo las "medicinas" producidas por las corporaciones Bayer, Pfizer, Pharmacia, Sandoz, Hoetch, Novartis, Schering-Plough, y otras, alivian de una enfermedad específica pero provocan como reacción nuevos males que obligan a ingerir otra "medicina", construyendo así una literal cadena que atrapa al enfermo).

Si bien la aplicación de este acuerdo por parte de las autoridades, no ha sido muy estricta, sí se han dado casos de intimidación y extorsión a médicos tradicionales y yerberas, sobre todo en Jalisco, Morelos y df y su vigencia significa una permanente amenaza y velada discriminación y represión hacia la medicina indígena en nuestro país.

De hecho, este acuerdo del ejecutivo federal significa en sí mismo una flagrante violación de los derechos de los pueblos indios, contraviniendo lo establecido en los convenios 169 de la oit (arts. 2, apartado 2, inciso b, relativo al respeto a costumbres; 3, apartado 1, relativo a la discriminación; 5, incisos a y b, relativos a los valores y prácticas sociales y culturales; 6, apartado 1, relativo al derecho de consulta y 8, apartado 1, relativo a los derechos consuetudinarios) y el de Diversidad Biológica (art. 8j, relativo a los conocimientos y prácticas tradicionales sobre la biodiversidad) ambos convenios firmados por el gobierno mexicano y ratificados por el senado, lo que les da carácter de ley nacional.

Con esta medida jurídico-administrativa, se está violando la Constitución en su artículo primero relativo a la discriminación y en el tan impugnado artículo segundo, apartado a, fracción iv, relativo a la preservación de la cultura e identidad y apartado b, fracción iii, relativo a la salud y medicina tradicional.

El acuerdo presidencial fue rechazado públicamente por los más de 500 médicos indígenas y parteras tradicionales participantes en el Foro en Defensa de la Medicina Tradicional, realizado en San Pedro Atlapulco, Estado de México, en septiembre de 2002. No obstante, se requieren muchas otras medidas jurídicas y acciones políticas para lograr su necesaria derogación.