Aprobarán nueva ley para garantizar mayor participación ciudadana

Diputados pondrán candados a los fondos destinados al desarrollo social

ENRIQUE MENDEZ

Esta semana será aprobado en la Cámara de Diputados el dictamen sobre la Ley de Desarrollo Social, que permite una mayor participación ciudadana y de decisión de los investigadores en las políticas sociales del Estado, la cual delimita además que los programas, fondos y recursos destinados a ese rubro se considerarán "prioritarios y de interés público". Los legisladores de todos los partidos que en San Lázaro modificaron la minuta con proyecto de dictamen que les envió el Senado gestionaron que el documento entrara a primera lectura mañana y se vote el jueves.

El acuerdo al que llegó la Comisión de Desarrollo Social, que preside la panista Beatriz Zavala Peniche, busca que con esa legislación las políticas de atención no se centren en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), sino que también haya una participación amplia de los distintos sectores sociales.

En el dictamen, que surgió de la única decisión de consenso en lo que va de la 59 Legislatura, se define que los recursos para el desarrollo social "no podrán ser inferiores en términos reales a los destinados el año anterior, (y deberán) incrementarse, por lo menos, en la misma proporción en que esté previsto el crecimiento del PIB".

También se prevé la formación de un consejo consultivo de la Sedeso, en el que "se refleje la participación ciudadana y la pluralidad de la sociedad". Dentro de las atribuciones de ese órgano están emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la política nacional de desarrollo social, e impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación y evaluación de los proyectos del sector.

Además se plantea la creación de un sistema nacional de desarrollo social en el que participarán municipios, estados y gobierno federal, y que tendrá como facultades regular y garantizar la prestación de bienes y servicios de los programas sociales; determinar las bases y fomentar la participación social y privada; establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la política social, así como promover el establecimiento de instrumentos de acceso a la justicia mediante la denuncia popular.

Este mecanismo, define el dictamen, permitirá a las personas o comunidades presentar denuncias "ante cualquier hecho, acto u omisión lesivo en el ejercicio de los derechos establecidos" en la legislación. Además se constituirá una contraloría social para que los beneficiarios de los programas verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos asignados.