Uno corresponde al que presentó el GDF contra el fallo de la juez Rolón

Se complica el caso del paraje; en la Corte, cuatro nuevos recursos

Reconoce a dos particulares como "terceros interesados" Como Enrique Arcipreste del Abrego, pretenden hacer valer su derechos en cuanto al pago por la expropiación del predio

JESUS ARANDA Y ALFREDO MENDEZ

El asunto del Paraje San Juan de Iztapalapa, que se ventila en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a raíz de que ejerció su facultad de atracción para conocer del caso, se complica cada vez más, ya que admitió cuatro nuevos recursos legales que forman parte de la controversia.

En tanto, el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa envió ayer a la SCJN el complemento del expediente 650/2003, sobre la queja que interpuso el Gobierno del Distrito Federal (GDF) contra la resolución de una juez federal que lo obliga a pagar una indemnización multimillonaria por la expropiación del Paraje San Juan.

La semana pasada se envió sólo parte del documento, debido a que había sido empaquetado en cinco tomos, y dos de ellos -los que se remitieron ayer- estaban incompletos.

La Suprema Corte reconoció ya, en el juicio iniciado por el GDF, a dos personas como "terceras interesadas", quienes pretenden hacer valer sus derechos en cuanto al pago por la expropiación del predio.

Asimismo, dio entrada al amparo en revisión 2381/2003 promovido por Enrique Arcipreste del Abrego -quien se ostenta como albacea de la sucesión de Arturo Arcipreste Nouvel- en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, por el incumplimiento de decisiones judiciales en favor del demandante.

Recurso tras recurso

Por su parte, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas (en ausencia de López Obrador), interpuso un recurso de queja en el juicio de amparo 508/98, en el cual el juzgado octavo de distrito B en materia administrativa ordenó el "cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo" al fijar mil 810 millones de pesos como indemnización en favor de Arcipreste del Abrego por la expropiación del Paraje San Juan.

Además, como parte integrante del citado juicio de amparo 2381/2003, la Corte ya admitió dos recursos de revisión presentados por dos personas que se ostentan como "terceros interesados". Ellos son Joaquín Patricio Avila Luna y Arturo Manuel Arciniega Ceballos, quienes en caso de demostrar que tienen derechos legales sobre el predio expropiado, complicarían aún más la decisión de la Corte en cuanto a la posible realización de un nuevo avalúo del terreno en cuestión, pero también respecto de quiénes son los legítimos propietarios del predio.

Incluso, el ministro instructor del recurso de queja presentado por el GDF, Juan N. Silva Meza, ya admitió pruebas documentales presentadas por Avila Luna y Arciniega Ceballos, las que se agregaron al expediente del recurso de revisión que interpuso el jefe de Gobierno, en el que se opone a pagar la indemnización fijada por la juez octava B, argumentando que el asunto tiene trasfondo de corrupción, ya que ni siquiera estaría probada la existencia del presunto comprador del predio, cuyos herederos son los que finalmente demandan el pago por la expropiación.

Respecto del expediente integrado en cinco tomos por el cuarto tribunal colegiado, éste fue enviado a la SCJN en dos partes: primero se enviaron tres tomos (el jueves pasado), mientras que ayer se remitieron los dos restantes.

Según fuentes del Poder Judicial consultadas por La Jornada, el expediente tuvo que mandarse al máximo tribunal en dos envíos, debido a que algunos documentos estaban "traspapelados en varios archivos del mismo tribunal". Incluso, algunas de las documentales del caso fueron localizadas hasta ayer en los archivos correspondientes a litigios de 1999, agregaron los informantes.

No obstante, funcionarios del citado tribunal que solicitaron el anonimato reconocieron que hubo "desorden" en el envío del expediente a la Corte, pero justificaron el hecho con el argumento de que "todas las partes interesadas en el caso (GDF, los abogados de la familia Arcipreste, la procuraduría capitalina y el Ministerio Público Federal) requirieron ver el expediente y obtener copias del mismo, incluso antes de que (el asunto) llegara a manos de los magistrados" que integran el cuarto tribunal administrativo.