Según empresario, el titular de la Secoduvi incurrió en violaciones al asignar contratos

Detectan anomalías en la construcción del Centro de Convenciones de Tlaxcala

Familiares de diputado priísta, los beneficiados; autoridades indagan a Zamora Alarcón

LA JORNADA DE ORIENTE, ANGELES MARISCAL Y RODOLFO VILLALBA CORRESPONSALES

El titular la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) de Tlaxcala, Javier Zamora, incurrió en irregularidades al licitar y adjudicar contratos para la tercera etapa de construcción del Centro de Convenciones de la entidad, en beneficio de una empresa de la que son propietarios familiares del diputado local priísta Antonio Velásquez, según denuncia del subcontratista Luis Durán.

La Secretaría de la Función Pública investiga las anomalías en las que podría haber incurrido Zamora Alarcón, pues, de acuerdo con el subcontratista, el funcionario violó diversas leyes locales y cometió "tráfico de influencias". Durán recurrió a la dependencia federal después de que intentó sin éxito, durante varios meses, que el gobierno de Tlaxcala exigiera a familiares de Velásquez el pago por diversos trabajos que realizó para la Constructora de los Altos de Jalisco (CAJ), durante el primer semestre de 2003.

El 26 de noviembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria nacional 44, en la que la administración del gobernador Alfonso Sánchez llamó a los empresarios a participar en "la contratación de obra pública, a base de precios unitarios y tiempo determinado", para la tercera etapa del Centro de Convenciones de Tlaxcala.

El fallo de la convocatoria se daría a conocer el 27 de diciembre de 2002, pero el día 23 de ese mes y año firmaron el contrato PF/AFEF/249/02 Antonio Velásquez, Javier Zamora y el director de Obras Públicas de la Secoduvi, Roberto Fernández. Por ese contrato, correspondiente a la licitación 58004002-026-02, la Secoduvi pagaría al contratista 7 millones 895 mil 904.22 pesos, incluido el impuesto al valor agregado, por el total de los trabajos.

La Jornada de Oriente obtuvo copia de un segundo contrato, signado por los personajes citados el 2 de enero de 2003, que ampara la adjudicación de una obra idéntica como parte de la licitación y convocatoria pública. Las diferencias entre los documentos son el monto y el número de convenio. En el escrito se indica que por el contrato PF/AFEF/001/03, la Secoduvi pagaría a CAJ 12 millones 673 mil 517.65 pesos, IVA incluido.

La firma de ambos contratos coincidió con la discusión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de Tlaxcala sobre su presupuesto de egresos para 2003. Al destrabar la controversia, jugó un papel trascendental el diputado priísta Antonio Velásquez -hermano del dueño y de la responsable de contratos de CAJ-, en su calidad de presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso estatal.

Las anomalías continuaron, pues en la convocatoria se fijó como capital mínimo para que los empresarios interesados pudieran participar la cantidad de 6 millones de pesos, y la CAJ tenía un capital de 50 mil pesos, según el acta constitutiva asentada ante el notario Alfonso Chacón, con sede en Zapopan, Jalisco.

El 20 de enero pasado, un cuñado del legislador priísta, Edgar Espinosa de los Monteros, representante legal de la empresa, y Claudia Alina Velásquez, responsable de contratos de CAJ, acordaron con Luis Durán que la compañía de éste ejecutara trabajos de construcción de la tercera etapa del Centro de Convenciones. Ofrecieron a Durán 3 millones 440 mil pesos más IVA, casi 17 millones menos de lo que Secoduvi pagaría a la CAJ.

Con esta acción, los hermanos Francisco y Claudia Alina Velásquez, así como Espinosa de los Monteros, presuntamente violaron lo establecido en la convocatoria pública nacional emitida para la obra, los contratos que firmaron con la Secoduvi y, por ende, disposiciones legales en la materia, pues el gobierno de Tlaxcala advirtió en su convocatoria que "no se podrá subcontratar parte alguna de la obra".

Ante la situación, las bancadas de PAN y PRD en el Congreso estatal anunciaron que solicitarán la comparecencia del titular de la Secoduvi, para que aclare las irregularidades que se le imputan.

En tanto, Javier Zamora calificó de "indignante" y "calumniosa" la acusación, si bien anunció que analizará rescindir el contrato con la CAJ si se comprueba que la firma subcontrató trabajos en condiciones diferentes a lo pactado.

Arraigan a tres funcionarios de Chiapas

En tanto, el procurador de Justicia de Chiapas, Mariano Herrán, dio a conocer que fueron arraigados tres funcionarios públicos -cuyos nombres y cargos no ofreció- "hasta determinar su participación en el desvío de recursos públicos del fideicomiso destinado seguridad pública"