Había frenado petición de López Obrador a la Corte

El antiperredismo de Azuela salpica al caso Paraje San Juan

En 1994 el sol azteca impugnó que permaneciera en la SCJN

JESUS ARANDA

Cuando el presidente de la Suprema Corte, ministro Mariano Azuela Güitrón recibió el recurso mediante el cual el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, solicitaba al máximo tribunal la integración de una comisión investigadora para esclarecer la posible corrupción alrededor del caso Paraje San Juan de Iztapalapa, la Subsecretaría de Acuerdos de la Corte redactó un proyecto admitiendo el recurso.

Sin embargo, Azuela Güitrón desoyó a sus colaboradores y rechazó la admisión, aunque semanas después tuvo que recular y sumarse al pleno que, por unanimidad, reconoció que el jefe del Gobierno capitalino sí cuenta con facultades -como cualquier gobernador de la República-, para interponer una solicitud ante la Suprema Corte, con base en el artículo 97 constitucional.

En el interior del máximo tribunal se dice que la animadversión de Azuela a todo lo que provenga del Partido de la Revolución Democrática (PRD) data del 19 de enero de 1995, cuando compareció ante el Senado de la República como aspirante al cargo de ministro, después de la reforma constitucional de diciembre de 1994. En aquel entonces, el legislador perredista Héctor Sánchez López cuestionó a Azuela ante el pleno: "Usted ha asumido una actitud servil a los gobiernos en turno [...], su actitud nos parece de un merolico de mercado".

Héctor Sánchez dijo también a Azuela Güitrón que le llamaban "el ministro seis votos; porque de cinco buscaba sacar seis votos, para sacar adelante cualquier propuesta que viniera del Presidente de la República".

La fracción del PRD votó contra Azuela, aunque éste y Juan Díaz Romero fueron los únicos ministros de la "vieja" Corte que se incorporaron a la nueva formación del máximo tribunal a partir de enero de 1995.

En octubre pasado López Obrador solicitó formalmente a la Corte que con base en el artículo 97 constitucional integrara una comisión investigadora sobre la corrupción que rodea la expropiación del Paraje San Juan en Iztapalapa -cuya indemnización fue fijada en mil 810 millones de pesos por el juzgado octavo B de distrito en materia penal.

Sin embargo, Azuela emitió un acuerdo en el que desechó la petición por "notoriamente improcedente", ya que López Obrador "no es gobernador de un estado". Ese fue el argumento central para no tomar en cuenta la petición.

Sin embargo, el funcionario del Distrito Federal interpuso un recurso de reclamación, mismo que fue turnado al ministro Juan Silva Meza, integrante de la primera sala de la Corte. Al día siguiente de que le fue turnado el recurso (15/10/03), los integrantes de la sala consideraron que fuera el pleno el que resolviera, dada la trascendencia del asunto.

En la sesión del 4 de noviembre pasado, en la que la Corte reconoció la personalidad jurídica del jefe de Gobierno, rechazó la formación de la comisión, pero atrajo el recurso de revisión que interpuso López Obrador contra la decisión de la juez que fijó una indemnización de mil 810 millones de pesos por el citado predio, Azuela tuvo que aceptar finalmente que, "si en el Distrito Federal se llegara a producir una situación de violación de garantías, de la que pudiera tener conocimiento el jefe de Gobierno, y él la hiciera del conocimiento de la Corte, y la Corte simplemente dijera tú no estás consignado porque no eres gobernador de un estado, pues entonces no se podría llevar a adelante el ejercicio de esa atribución..., por ello, a mí me convence el proyecto del señor ministro Silva Meza, y en ese aspecto, pues rectifico mi posición".