Podrían perder la vida más de 4 mil desaparecidas, alerta

Los poderes de la Unión, cómplices de la violencia contra mujeres, acusa experta

VICTOR BALLINAS

La coordinadora general de Defensa Jurídica y Educación para Mujeres Vereda-Themis, Julia Pérez Cervera, sostiene que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial "son cómplices en la violencia contra las mujeres". Explica: "No entiendo cómo puede haber una Constitución que dice que todas las personas gozarán del derecho a su integridad física, sin discriminación por razón de sexo, y se aprueba una ley que permite que te peguen una vez. Como para que sepas de qué se trata".

Prosigue en su análisis Razón para promover la violencia contra las mujeres: "No entiendo que se firme una convención internacional en la que se prohíbe todo tipo de violencia pero a la vez se permite que el esposo viole a su esposa y, además, lo tipifique como ejercicio indebido de un derecho. ƑCuál será el ejercicio indebido, violar a tu compañera, o quizá lo indebido es el ejercicio de un derecho?"

Abunda: "No puedo comprender que se siga esgrimiendo, cuando se trata de serios agravios comparativos en relación con los derechos humanos de las personas, la soberanía de un Estado frente al derecho a la vida que ya han perdido 325 mujeres en Ciudad Juárez y que, gracias a esa soberanía, a la mejor la pierden más de 4 mil desaparecidas".

Insiste: "me parece que un Poder Ejecutivo que ve cómo en Ciudad Juárez aumenta el número de mujeres asesinadas y antes de que la Procuraduría General de la República se pronuncie declara que no puede hacer nada al respecto, es un Poder Ejecutivo que acepta, sin investigar y sin saber las causas, esa violencia. Me parece por lo mismo cómplice de que en Tamaulipas ya haya más de 100 mujeres asesinadas, alrededor de 50 en Guanajuato y otras tantas en Mexicali".

La investigadora, quien presentó su estudio en Puerto Vallarta, en el encuentro nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las comisiones estatales y organizaciones no gubernamentales (ONG), asevera: "el Poder Legislativo sigue buscando excusas y razones para no sancionar seriamente la violencia en la familia, y no estoy hablando solamente de años de cárcel, hay otras muchas medidas que se podrían tomar. Es un poder que acepta esa violencia, y por lo tanto es un poder violento, porque lo permita y, al permitirla, la promueve; por tanto, es cómplice".

Un Poder Judicial, abunda, que toma decisiones discriminatorias, sin fundamentar e influido por otros poderes "es el peor de los síntomas para un país que pretende ser una democracia basada en el respeto a los derechos humanos".

Ante centenares de ONG, la investigadora, quien a diario atiende casos de mujeres, cuestiona: "ƑCómo vamos a creer en la justicia, en el respeto, en la equidad, cuando quienes tienen que garantizar los mínimos que la ley plantea convalidan con sus actos la injusticia, la violación a los derechos humanos y la desigualdad, por no hablar de las cotidianas noticias de corrupción del sistema?"

Ejemplificó con siete casos la realidad. Uno de ellos: "La señora Trujillo vive violencia desde hace 25 años. Aguantó primero porque le habían dicho que así es el matrimonio; luego, por sus hijos; esperaba que algún día su esposo se diera cuenta de que debía respetarla. Pensaba que estaba sola. La primera vez que fue al Ministerio Público a denunciar una golpiza que su esposo le propinó, le dijeron que no era para tanto, que se fuera a su casa; total, luego acaba perdonándolo".

Después de 23 años de aguantar se enteró de que había una organización que apoyaba a las mujeres. Interpuso demanda de divorcio por violencia y logró que obligaran a su esposo a salirse de la casa. Este apeló, y se ratificó la decisión. Sin embargo, él es amigo del secretario de acuerdos del juzgado que llevó el caso, por lo cual la esposa fue notificada de que el marido podía regresar a su vivienda. "Y ahí está, humillándola, golpeándola y viviendo en la casa."