Buscan evitar ser procesados al anularse las leyes de Punto Final y Obediencia Debida

Ex represores argentinos "inundan" tribunales con peticiones de cosa juzgada

Jorge Batlle cierra la causa por la desaparición de la nuera de Juan Gelman

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 16 de noviembre. Decenas de organismos humanitarios argentinos denunciaron que ante la reapertura de diversas causas contra los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar (1976-1983), como consecuencia de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1986-87), los "represores están inundando los juzgados con reclamos de cosa juzgada, cuestionando la validez de la ley que derogó a las anteriores".

La causas fueron reabiertas y decenas de militares comenzaron a ser detenidos, tanto los que estaban a cargo del Primer Cuerpo del Ejército (más de 70 campos de concentración), de la Escuela Mecánica de la Armada (Esma), del Cuarto Cuerpo (Campo de Mayo e Institutos Militares), y el Segundo Cuerpo de Santa Fe, entre otros.

Los organismos humanitarios advirtieron que los abogados de los militares dirigen todas sus maniobras para que las causas reabiertas terminen en tribunales cómplices: la Cámara de Casación y la Corte Suprema, y señalaron que finalmente ésta podría decidir fallar "favoreciendo una vez más la impunidad de los genocidas".

Por lo pronto, el gobierno del presidente Néstor Kirchner sostuvo este día que promoverá la investigación de viejas denuncias contra un ex represor, Antonio Musa Azar, actualmente detenido en la norteña provincia de Santiago del Estero y bajo proceso por el reciente asesinato de dos mujeres.

Organismos humanitarios denunciaron hace unos días el hallazgo de restos humanos aún no identificados en un zoológico privado propiedad del ex comisario policial.

Otro tema candente que tiene en carpeta el gobierno -y en este caso, con visos diplomáticos-, es la decisión del presidente de Uruguay, Jorge Batlle, de cerrar la causa por el secuestro y desaparición de María Claudia García Irureta Goyena, nuera del escritor argentino Juan Gelman.

El diario Clarín informó que Kirchner se negó a recibir explicaciones de Battle sobre este caso y que más aún, durante un encuentro en el marco de la reciente Cumbre Iberoamericana, en Santa Cruz de la Sierra, le dijo que "eso lo va a solucionar Tabaré Vázquez", principal opositor del gobernante del país vecino.

Pero Batlle, se informó aquí, negó la versión periodística, a la que calificó como una "de las mentiras más grandes que he escuchado en mi vida". Para el mandatario uruguayo "es notorio que el presidente Kirchner tuvo una visita muy fugaz (a Bolivia), estuvo apenas unos minutos por la mañana, sentado en el plenario (de jefes de Estado y de gobierno) y luego regresó a su país".

María Claudia García Irureta Goyena, quien estaba embarazada en el momento que fue secuestrada en Buenos Aires en agosto de 1976 -junto con su esposo Marcelo Gelman, desaparecido y asesinado por la dictadura militar argentina-, fue llevada a Uruguay en una acción conjunta de militares locales y uruguayos.

Allí continuó desaparecida en dependencias uruguayas hasta que nació su hija, que le fue arrebatada por sus captores. Aunque después de una búsqueda angustiante Gelman logró encontrar a su nieta, quien vivía en la casa de un ex policía uruguayo, el poeta continuó buscando la solidaridad internacional para encontrar los restos de María Claudia.

Esta demanda logró reunir miles de firmas en el mundo y Batlle se había comprometido a dar una respuesta, toda vez que Gelman presentó datos, investigaciones y pruebas, así como nombres de los militares implicados en el secuestro. Ahora Batlle cerró la causa y analistas uruguayos señalan esto como una contradicción a las propias conclusiones del Informe Final de la Comisión para la Paz, que el mismo presidente instaló y donde se reconoce que la desaparición de la joven es un crimen de Estado.

Batlle se había comprometido a dar una respuesta sobre el tema al secretario argentino de Derechos Humanos, Luis Eduardo Duhalde, enviado especial del presidente Kirchner, cuando el gobierno aquí consideró el caso Gelman como una "cuestión de Estado".