Armando Labra M.

Petate fiscal

Nada pasará si no se aprueba la reforma fiscal propuesta por el gobierno, simplemente porque lo que propuso no es reforma fiscal. Se trata de una serie de ajustes tributarios del nivel de la tradicional "miscelánea", que no reforman ni en fondo ni en forma la estructura tributaria del país. Crean, sí, una enorme cantidad de bolas de humo terrorista -cerrar esto y aquello porque sí, reducir ad absurdum presupuestos socialmente sensibles, etcétera- para distraer y confundir a los mexicanos y sus representantes legislativos. Y salirse al final con la suya.

El holocausto anunciado si no se aprueba la mentada "reforma" es puro petate fiscal, pero no el único ni, por lo previsible, el último. Hace dos años el gobierno anunció una "nueva hacienda pública redistributiva", concepto inmenso, que finalmente se convirtió en el chisguete del impuesto al valor agregado (IVA) en alimentos y medicinas que, como todos recordamos, fracasó. Como muy probablemente sucederá en este segundo tropezón con la mismísima piedra.

Más aún, de aprobarse la propuesta fiscal del gobierno, tendremos más recesión, desempleo y estancamiento. Y poca recaudación. Es una propuesta procíclica, es decir, que profundiza el abatimiento de la inflación y las tasas de interés, pero que, como está archicomprobado, arrastra consigo la inversión, la producción, el comercio, la paridad cambiaria y el poder adquisitivo de la población.

El primer considerando verdaderamente fiscal en un país como México consiste en respondernos a una pregunta clave: Ƒquién debe contribuir más a financiar el gasto público? El gobierno dice: šlos pobres!; la lógica más elemental dice: šlos ricos!

En el estudio elaborado por la Secretaría de Hacienda y el Centro de Investigación y Docencia Económicas para el Senado en mayo de 2003 (Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas ordenados por nivel de ingreso, resultados para el año 2000) se define la distribución del ingreso y, por tanto, el segmento de la población más apto para pagar impuestos.

En términos del ingreso per cápita de los mexicanos, el 10 por ciento de mayores percepciones absorbe 53 por ciento del total mientras que el 10 por ciento de menores recibe 0.7 por ciento. El estudio muestra cómo se distribuye el gasto de los mexicanos, de manera que el 10 por ciento de más altos ingresos realiza 40.6% del total y el decil más pobre, 0.8 por ciento.

Con datos correspondientes a 2001, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en su documento Elementos de apoyo para el análisis de propuestas de reformas al impuesto al valor agregado, aprecia que, en promedio, el IVA representa 30 por ciento de los ingresos tributarios.

También revela que la eficiencia recaudatoria, es decir, lo que realmente se cobra del impuesto, es del orden de 60 por ciento, lo cual es muy importante a la hora de determinar los ingresos que efectivamente generará cualquier cambio en la tasa del IVA.

Con base en ese estudio, el consumo de alimentos y medicinas representa 49.1 por ciento del gasto familiar del 10 por ciento más pobre y apenas 14.6 por ciento del estrato más rico, de manera que cualquier aplicación pareja de cualquier tasa del IVA tendrá siempre un impacto regresivo adverso 3.3 veces mayor en los sectores pobres del país.

En definitiva se puede concluir que por su impacto social adverso y existiendo una distribución del ingreso tan desigual, gravar alimentos y medicinas no alivia sustantivamente las finanzas públicas, pero sí lastima directamente a la población más pobre, por lo cual es necesario acudir a otras medidas fiscales basadas en una lógica de gravar a los que más tienen, pero sobre todo, de tener claridad en el destino del gasto público. Ya el gobernador del Banco de México ha reconocido que el gobierno gasta poco y mal y, aunque sea sólo en eso, todos estamos de acuerdo con él.

De otra parte, la falta de recursos públicos parece ser otro petatazo, si se toma en cuenta el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública dado a conocer por la Secretaría de Hacienda el 4 de noviembre con datos a septiembre de 2003. En los primeros nueve meses, el balance público arrojó un superávit de 45 mil millones de pesos, un aumento de 220 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

Más aún, debido a los precios favorables del petróleo, a ingresos extraordinarios y a pesar del desempeño negativo en la recaudación del impuesto sobre la renta y de los impuestos especiales a la producción y los servicios, los ingresos presupuestarios superaron en 84 mil millones de pesos lo programado. El destino de esos recursos debe ser sancionado por la Cámara de Diputados. La liquidez que representa ese monto es muy importante, 1.3 por ciento del PIB, el cual asciende a 6.5 millones de millones de pesos.

Antes de pensar en aumentar impuestos a los pobres y empeñarse en asustar con petates de muerto a los de suyo aterrorizados causantes, haría bien el gobierno en definir con claridad las prioridades del gasto, administrar eficientemente el sistema tributario (por ejemplo, acumulando todos los ingresos de las personas, sean corrientes o de capital, para efecto del impuesto sobre la renta; todos en el continente lo hacen Ƒpor qué aquí no?), hablar con verdad sobre la situación financiera del país y después decidir con inteligencia en qué gastar y a quién cobrar mejores tributos. Lo demás es petate.