Por falta de pruebas liberan a implicado en la venta de información a narcos

Indicios de que usan a militares de bajo rango como chivos expiatorios

Abogados de los soldados denuncian que en los procesos penales hay irregularidades

JESUS ARANDA

El 21 de octubre del año pasado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) dieron a conocer el "desmantelamiento" de una red de espionaje, en la que servidores públicos, militares y ex funcionarios proporcionaban "datos confidenciales" a bandas de narcotraficantes, entre ellas las de Ismael El Mayo Zambada, Vicente Carrillo Fuentes, Joaquín Loaera El Chapo Guzmán y los hermanos Arellano Félix; sin embargo, ya salió libre por falta de pruebas uno de los principales inculpados.

Hace dos semanas el juez tercero de distrito B en materia de procesos penales federales, adscrito al penal de máxima seguridad de La Palma, estado de México, José Luis Gómez Martínez, dictó auto de libertad al piloto aviador de la PGR Salvador Ortega Barrera, ya que en la indagatoria "no se encuentra otro dato que corrobore la información de que le entregó información al Mayo Zambada y a Arturo Hernández González, El Chaki".

Por otra parte, en el expediente de la causa, que está en poder de La Jornada, queda de manifiesto la forma en que miembros del grupo elite del Ejército (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE) participaron en la detención ilegal del sargento Marcelino Alejo Arroyo, quien laboraba en la Oficina de Inteligencia Antinarcóticos (OIA) -que dependía directamente de la secretaría particular del ex secretario de la Defensa Enrique Cervantes Aguirre- y fue torturado y amenazado para que aceptara su participación en la presunta venta de información.

Después de la liberación de Ortega Barrera los abogados de muchos implicados que están detenidos en La Palma confiaron en que la justicia federal los dejaría libres, pues han sido víctimas de un proceso irregular en el que se acusa -en el caso de soldados- a militares de bajo rango, que ni siquiera eran oficiales, de filtrar datos a organizaciones delictivas, cuando en realidad los que tienen acceso a ese tipo de datos "son oficiales egresados del Heroico Colegio Militar"; es decir, de subteniente hacia arriba.

En lo que se refiere a la forma en que la Sedena investigó la "fuga de información", Arroyo López declaró que el 3 de octubre de 2002, mientras se encontraba en la oficina de la OIA, ubicada en el sexto piso del edificio de la Sedena, llegó el subteniente diplomado de estado mayor Alvaro Alvarez García, quien le dijo que estaba detenido. Posteriormente llegó al lugar el coronel de artillería Roberto Aguilera Olivera, "quien me dijo que tenía que contestarle todas las preguntas que me iban a hacer, porque ellos ya sabían todo. Me dijo: 'no te hagas pendejo, porque tengo instrucciones del secretario de la Defensa de no dejarte salir vivo de aquí, porque están muy enojados'".

Señaló que no contestó nada, porque no sabía de qué hablaban. Más tarde llegó por él personal del GAFE, el cual le cubrió la cara y lo llevó a sus instalaciones, donde trataron de asfixiarlo y lo amenazaron de muerte para que aceptara su culpabilidad.

Cuenta que se ocupaba simplemente de hacer mandados en la OIA. Además "ni yo ni el personal de tropa tenemos acceso a la información relacionada con el narcotráfico, ya que los encargados de ello son analistas egresados del Colegio Militar que tienen cursos en el extranjero, y los capitanes que me detuvieron conocen mis funciones". Sin mbargo, la media docena de soldados detenidos por la presunta venta de información tienen rangos de sargento y cabo, ninguno es oficial. Cuestión que, por cierto, es impugnada por la defensa de los detenidos.