Proyectos comunitarios enfrentan vacíos legales, intereses comerciales y burocratismo

Radios comunitarias, condenadas a vivir en la ilegalidad por falta de permisos

ALONSO URRUTIA

Con la advertencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de iniciar procesos judiciales en contra de quienes operan la estación La Voladora, dicha emisora -como parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMRC)- ha vuelto a solicitar que se le otorgue permiso para operar con la calidad de radio comunitaria.

Como instancia responsable del otorgamiento de permisos, la SCT representa el ala dura del gobierno y su postura coincide prácticamente con los intereses y posiciones de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), lo que ha dificultado el avance de las negociaciones que a su vez se mantienen con la otra instancia gubernamental: la Secretaría de Gobernación (SG).

Para Miguel Sarre, responsable de la elaboración del capítulo sobre libertad de expresión que forma parte del diagnóstico sobre derechos humanos entregado a la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, la postura gubernamental "representa una condena clara a las radios comunitarias a vivir en la ilegalidad, a pesar de que claramente son radiodifusoras orientadas por una función social".

Entrevistado por separado sobre la postura de la SG, el director de Radio, Televisión y Cinematografía, Héctor Villa-rreal, sostiene que las radios comunitarias representan un modelo de difusión que puede operar de manera complementaria a las estaciones comerciales, en razón de que su función pretende "satisfacer los requerimientos de comunidades en mu-chas ocasiones aisladas, y cuyos contenidos generalmente no son propios o naturales de un modelo de mercado".

Las radios comunitarias son identificadas por la CIRT como emisoras piratas cuya operación no se puede admitir. "Compartimos la preocupación de que a las estaciones piratas no puede permitírseles operar y el gobierno debe garantizar su clausura, lo cual realiza la SCT, pero es necesario distinguir lo que es una radio pirata de lo que representa una comunitaria", apunta Villarreal.

Aleida Calleja, representante de AMRC en México -organización mundial que tiene carácter consultivo para la UNESCO-, indica que dichas radiodifusoras reclaman el permiso porque precisamente no pretenden operar ni en la ilegalidad ni en la clandestinidad, como han acusado la CIRT y la SCT: "Seguramente existen emisoras piratas que operan sin permiso y con fines de lucro; seguramente existen algunas otras ligadas con movimientos guerrilleros, pero no es el caso de las radios comunitarias, que precisamente solicitan esos permisos para operar dentro de la ley".

Recientemente, durante una visita del relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Daniel Bertoni, se entrevistó en México con funcionarios de la SCT y de Gobernación, con quienes abordó, entre otros aspectos, la situación de las radios comunitarias, que tienen otras expresiones en América Latina, "y se congratuló de que hubiera diálogo entre las partes", señala Calleja.

Sin embargo, ese diálogo no ha prosperado por la cerrazón de la SCT: "la postura en el gobierno -subraya Sarre- es muy ambigua, pero es claro que la SCT representa a la vieja guardia, pues en algunos sectores de Gobernación hay una posición abierta a discutir el asunto".

En el fondo, añade, el tema se vincula con los intereses económicos del mercado, pero también, sin duda, hay temor i-deológico del gobierno, "de la vieja guardia, de que esto va a llevar a la balcanización; les asustan las relaciones que las radios comunitarias tienen en el exterior, pero éstas son realmente una expresión democrática, son parte de un movimiento mundial que tiene claras las responsabilidades en que incurre si abusa de las libertades". El director de RTC concede que la intención de las radios comunitarias es precisamente no operar en la ilegalidad, "pues una persona que pretenda funcionar ilegalmente no solicita un permiso y ellos -las radios comunitarias- han sido muy enfáticos en decir que no quieren operar fuera de la ley".

Para Villarreal, en el análisis de las solicitudes de permisos de las radios comunitarias se debe buscar "empatar el criterio social y político con el jurídico y técnico". Por ello, "sin dejar de reconocer que en este ámbito la SCT tiene la atribución legal, en Gobernación hemos considerado que valdría la pena revisar la situación que guardan estos 20 o 25 proyectos comunitarios que buscan obtener permisos".

Si bien existe oposición de la CIRT a que se otorguen permisos, a partir de "su preocupación fundada respecto de las radios piratas", la búsqueda de criterios para procurar la normalización o llevar a un estatus de legalidad la operación de proyectos comunitarios "no debilita ni obstruye al gobierno para que sea eficaz en combatir a emisoras que, esas sí, realmente establecen una competencia desleal y violan la legislación y el espectro radioeléctrico".

Uno de los puntos que han complicado el otorgamiento de permisos es el vacío jurídico que existe en la Ley Federal de Radio y Televisión, cuya vigencia data de años antes de que comenzaran a operar en México las estaciones comunitarias, modelo de comunicación que también funciona en América Latina y en Europa.

Villarreal admite que al ser un modelo de radiodifusión posterior a la ley, "a lo mejor hay falta de precisión en ella para poder abordarlo". Y aun cuando algunas radios comunitarias llevan décadas operando, no han podido conseguir los permisos, que sería la figura jurídica utilizada para regularizar su operación.

-ƑOperan en un vacío jurídico?

-No, lo que existe es que la SCT ha intensificado la revisión de los expedientes y hemos coadyuvado en ello. Son proyectos cuyos permisos están en trámite, pero ciertamente son solicitudes que se han demorado en gran medida por este vacío en la ley; justamente ahora hay la intención de agilizarlas, definiendo criterios y normalizando la operación de las estaciones.

"La idea -continúa- es que se pueda ir desahogando "de tal forma que puedan decir que sí a las que cumplen con estos criterios, no necesariamente quiere decir que se va a decir sí a todas; tenemos que definir los criterios, y aquellos que no alcancen a cumplirlos, que tengan un referente claro de las condiciones que requieren para operar".

Y es que, según RTC, en muchos casos han empezado a funcionar sin contar con las capacidades tecnológicas mínimas y sin haber pasado por el procedimiento necesario para la obtención del permiso.

Lo importante será también impedir que una radio pirata pueda disfrazarse de proyecto comunitario, porque eso sí complicaría la situación para el resto de los actores. "Creo -concluye- que las radios comunitarias comparten esta preocupación porque reconocen que pudiera afectarlas".

Por lo pronto, se estima que, además de las 23 radios incorporadas a la AMRC, operan poco más de cien con ese mismo carácter. Esencialmente -define Calleja- "son espacios de construcción social en los que el debate, el diálogo, el consenso y el disenso se construyen día a día con el ejercicio de la libertad de expresión para hacerla realidad".

Para AMRC, a pesar de que las radios comunitarias han demostrado contar con la base social y la legitimidad necesarias, la SCT ha mantenido una negativa sistemática, imponiendo requisitos inalcanzables o sencillamente no respondiendo las peticiones. En una misiva enviada al secretario de Gobernación, Santiago Creel, la AMRC subraya estas inconsistencias, pues mientras en la SCT prevalece la cerrazón, por otro lado la asociación forma parte del Consejo Ciudadano de la XEQK, perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio.

Uno de los puntos centrales que se cuestionan a las radios comunitarias es el financiamiento. En un importante porcentaje de las estaciones, los fondos provienen de las propias comunidades, que con donaciones retribuyen la función social que tienen las estaciones, pero otro porcentaje proviene de patrocinios, los cuales son cuestionados por la autoridad y son un argumento para rechazar permisos.

La propuesta de AMRC -dice Calleja- es que las radios comunitarias no excedan 5 por ciento de su barra de programación de patrocinio, "nosotros pedimos criterios que se puedan exigir para que se puedan dar los permisos, porque a nadie más que a nosotros nos interesa garantizar la figura".