Expresa su confianza en que la ALDF lo integrará con personas ajenas a partidos

Pide López Obrador austeridad en el Consejo de Transparencia

Propone el jefe de Gobierno que participen en la designación del presidente de ese órgano intelectuales, comunicadores, empresarios, obreros, maestros y la sociedad civil en general

LAURA GOMEZ FLORES

La administración capitalina acatará el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que le ordena instalar el Consejo de Transparencia y Acceso a la Información, y confía en que la Asamblea Legislativa (ALDF) designará como su presidente a alguien sin ningún vínculo con partidos políticos, y que no suceda "como en el Instituto Federal Electoral".

Así lo afirmó el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, quien negó que la revocación de la suspensión provisional que se le había otorgado para no instalar dicho órgano -hasta no resolverse de fondo la controversia que interpuso- represente una represalia por su postura en el caso del Paraje San Juan.

Expresó que después del caso del paraje "aguantamos como 10 asuntos más de éstos, porque ese sí era un hecho emblemático de corrupción, donde se involucraban mil 810 millones de pesos, es decir, 180 millones de dólares, pero se quedarán con las ganas, y estamos a la espera de las disculpas de quienes exigieron que pagáramos".

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario local precisó que desde antes de la resolución de la SCJN sobre el Consejo de Transparencia su administración aplica ese concepto, pues todas las áreas de gobierno tienen instrucciones de entregar la información que se les solicite. Aclaró que su inconformidad estribaba en la integración poco transparente del consejo, que realizaron PRI y PAN sin convocar a la ciudadanía, y por la creación de una estructura burocrática, con sueldos elevados.

Consideró que con esa resolución, la ALDF puede convocar a la ciudadanía para elegir al nuevo presidente de ese órgano, luego de la renuncia de Leoncio Lara, con participación de intelectuales, comunicadores, empresarios, obreros, maestros y la sociedad civil en general. Resaltó la importancia de que el presidente de ese órgano no esté vinculado con ningún partido político y no cobre como un diputado, ministro de la Corte o el secretario de Hacienda, que reciben entre 110 mil y 140 mil pesos mensuales; es decir, "se sirven con la cuchara grande, se rayan".

Externó su confianza en que la ALDF establezca criterios de austeridad y a los integrantes del Consejo de Transparencia se les asigne un salario de entre 25 mil y 30 mil pesos, equivalente a la percepción de un maestro de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México o del Instituto Politécnico Nacional, porque "no puede haber un gobierno rico con pueblo pobre". Asimismo, celebró "que se vaya a aprobar una ley en el Senado para quitar las pensiones a los ex presidentes de la República".

Que el cargo de consejero sea honorífico: René Bejarano

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, René Bejarano, dijo que su propuesta es que el cargo de consejero sea honorífico, aunque analizarán la postura del gobierno capitalino el próximo martes, cuando se subirá el tema al pleno, una vez que la Asamblea Legislativa del DF sea notificada por la SCJN y se conozca el dictamen en torno a la reforma de la ley de transparencia.

Después de una reunión privada con el mandatario capitalino, Bejarano explicó que la situación de las consejeras María Elena Pérez Jaen y Odette Rivas no está definida, porque no han tomado posesión y la Asamblea decidirá si las ratifica; "nuestra intención es alcanzar consensos con las diversas fracciones y buscar acuerdos con los miembros del Consejo de Transparencia del Gobierno del DF".

Para ello, agregó, se propondrá una reunión con éstos para el viernes próximo y posteriormente convocar a personajes "de reconocida calidad moral, que no hayan sido militantes de ningún partido".

Mencionó que se busca seguir un proceso similar al que se lleva a cabo para elegir a los tres consejeros de la Comisión de Derechos Humanos: mediante una convocatoria, audiencias públicas y análisis de su trayectoria, para garantizar que no tengan nexos con partidos políticos y sea el pleno quien los elija.