Antonio Gershenson

El Senado y los contratos petroleros

Las modificaciones a fondo que hizo el Senado a los proyectos de cambios a las leyes federales de Obras y de Adquisiciones tuvieron ya sus primeros efectos. Las grandes empresas involucradas en los procesos de adjudicación de los llamados contratos de servicios múltiples no aceptaron seguir adelante con la aventura.

Los cambios propuestos por el gobierno federal perseguían, precisamente, dar un marco legal, aunque al margen y en contra de la Constitución, a los mencionados contratos. De por sí, ya antes de que se formalizara el acuerdo senatorial, pero cuando ya se expresaba la posición de la mayoría de los senadores en ese mismo sentido, se tuvo que declarar desierto el tercer concurso para adjudicar uno de los paquetes en cuestión. Luego del acuerdo formal sucedió lo mismo con el cuarto, y poco después se dejaron en suspenso por tiempo indefinido los procesos licitatorios de los que hablamos.

No es para menos. Los funcionarios involucrados en los concursos y en la campaña publicitaria para alquilar amplias extensiones del territorio nacional con yacimientos de gas natural a grandes empresas internacionales petroleras y gaseras juraban que todo esto estaba dentro de la Constitución; pero bastaba con leer el texto de la misma para encontrar la prohibición expresa, en el párrafo sexto del artículo 27, de las concesiones y contratos en materia petrolera, incluida, también expresamente, la gasera ("carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos").

Se quiso dar apariencia de legalidad a los contratos planteando cambios a las leyes de Obras y de Adquisiciones, que rigen los concursos federales encaminados a la adjudicación de contratos. Creyeron estos funcionarios que podrían meter una serie de cambios sin que los legisladores lo notaran; en algunos casos lo lograron, pero no en todos, y al llegar la iniciativa de reformas al Senado sucedió lo que ya mencionamos al principio de este escrito. Se cayó el teatrito, y el selecto público, formado exclusivamente por funcionarios de grandes empresas internacionales, se retiró de la farsa.

Fue, por decir lo menos, irresponsable, por parte de los funcionarios involucrados, no esperar siquiera al proceso legislativo que ellos mismos habían iniciado, al lanzar los procesos de concurso o licitación "a la brava". Además de muchas otras implicaciones legales, políticas, etcétera, acabaron de tirar a la basura la credibilidad que les pudiera haber quedado. Peor aún, esa pérdida de credibilidad no sólo abarca a los funcionarios, sino a las instituciones que formalmente representan, empezando por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Un ejemplo. Los ahora frustrados cambios a las dos leyes mencionadas incluían los llamados contratos de largo plazo. Ya los funcionarios de Pemex habían adjudicado, aunque no todavía firmado, dos contratos de servicios múltiples, a 15 y a 20 años, sin esperar la posible aprobación de los cambios legales. Estaban apostando a que esas modificaciones a las leyes serían aprobadas y, aunque un cambio en la ley no está por encima de la Constitución, contaban con que eso los avalaría en su ilegalidad. Pero perdieron totalmente la apuesta, cuando el Senado rechazó esa y otras modificaciones. Lo peor es que las fichas que ellos apostaban no eran de su propiedad, sino de la nación.

En otro frente de la misma lucha política y social, funcionarios federales insisten en que se cambie la Constitución en materia eléctrica para suprimir el derecho exclusivo de la nación de prestar el servicio público de energía eléctrica. Aquí, también, primero se viola la Constitución, con el apoyo de reformas legales de 1992 que, obviamente, en este caso sí fueron aprobadas, y luego se busca adaptar nuestra Carta Magna y reformarla para avalar esas violaciones y permitir actos más drásticos en un sentido similar.

No se ve que, en este otro frente, esos intentos puedan prosperar. Será imposible aprobar cambios a la Constitución que requieren mayoría de dos terceras partes en cada cámara, y luego ratificación de la mayoría de las legislaturas locales, si ni siquiera se tiene la mayoría simple. Y si de alguna manera se lograra eso en una cámara, la reacción pública haría aún más difícil que esto suceda en el otro órgano legislativo.