México D.F. Viernes 14 de noviembre de 2003
Emprende el gobierno español una batalla
legal contra el Plan Ibarretxe
Rechaza el PP participar en un homenaje a víctimas
del franquismo
El partido se dice "sorprendido por ese retorno al pasado
que no aporta nada positivo"
ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL
Madrid, 13 de noviembre. El gobernante Partido
Popular (el derechista PP), rechazó hoy participar en un homenaje
a las víctimas del ex dictador español Francisco Franco,
que tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en el Congreso
de los Diputados por iniciativa de la oposición. Esta decisión
se conoció el mismo día en que el gobierno español
presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de "impugnación"
contra el llamado Plan Ibarretxe, en que se plantea que el País
Vasco exista en una "libre asociación" con el Estado español,
que se estudia en el Congreso vasco y que Madrid califica de "totalitario".
El portavoz adjunto del PP en el Parlamento, Ignacio Gil
Lázaro, explicó que si asistió el miércoles
a la primera reunión de preparación del homenaje a las víctimas
del franquismo convocada por la oposición fue por "cortesía",
pero se declaró "sorprendido" por lo que considera "un retorno al
pasado que no aporta nada positivo". El vocero añadió que
"este acto no cuenta con el apoyo del PP", pues el partido estima que "el
tema está "cerrado" luego de que en noviembre pasado todos los grupos
parlamentarios aprobaron una moción condenando por primera vez al
régimen franquista (1939-75) y "ofreciendo un reconocimiento moral"
a las víctimas de la Guerra Civil (1936-39).
El
homenaje es organizado por todos los grupos parlamentarios de la oposición,
es decir, Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la coalición
Izquierda Unida (IU, pro-comunista) Convergencia i Unió (CiU, nacionalistas
catalanes democristianos), Partido Nacionalista Vasco (PNV, moderado),
Coalición Canaria (CC) y Grupo Mixto. El acto, que pretende marcar
el 25 aniversario de la Constitución española que significó
el restablecimiento de la democracia, concierne a las víctimas de
la dictadura, los muertos, los torturados, los encarcelados y los exiliados.
La Constitución española fue aprobada en
las cortes el 6 de diciembre de 1978, tres años después de
la muerte de Franco.
Por otra parte, y a pesar de que el Plan Ibarretxe
se encuentra en periodo de tramitación parlamentaria y está
muy lejos de convertirse en norma jurídica, el gobierno español
inició hoy una batalla judicial para evitar que se debata la iniciativa
en los parlamentos vasco y español, tal y como se propone en su
propio ideario. La iniciativa es obra del presidente nacionalista moderado
vasco, Juan José Ibarretxe.
El ministro de Justicia, José María Michavila,
presentó ante el Tribunal Constitucional una "primera iniciativa
legal" contra el plan que propone más soberanía para el País
Vasco y el reconocimiento de algunos derechos, como la nacionalidad y la
representación de la región en órganos europeos. De
admitirse el recurso de impugnación, se supendería de inmediato
la iniciativa.
El Tribunal Constitucional deberá dictaminar el
recurso de impugnación en un plazo máximo de 45 días.
El consejero de Justicia del gobierno vasco, Joseba Azkarraga,
consideró "escandalosa" la actitud del gobierno español,
al que acusó de provocar "el hundimiento de un sistema de libertades
impensable en un país que se dice democrático".
Especialistas en derecho constitucional coinciden en que
no es posible impugnar una mera propuesta que todavía no tiene rango
de ley o norma jurídica. Uno de los llamados padres de la
Constitución española de 1978 y militante del Partido Popular
(PP), Miguel Herrero de Miñón, afirmó que de aceptarse
a trámite la impugnación y suspender el debate de la iniciativa,
habría consecuencias "muy graves", y considera que una de ellas
sería que de rechazar el Plan Ibarretxe, éste se convertiría
en bandera y plataforma del nacionalismo en las próximas elecciones
y se pregunta: "¿Qué hacer si obtiene apoyo mayoritario de
los electores? ¿Se puede negar el veredicto democrático en
Euskadi y mantener la normalidad democrática en el resto de España?"
Por último, el ex vocero de la proscrita Gestores
pro Amnistía Juan María Olano llegó hoy a Madrid tras
ser extraditado de Francia a España para ser juzgado por su presunta
pertenencia a ETA.
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