Jaime Martínez Veloz

Contrarreforma eléctrica y lucha de clases

La propuesta de contrarreformas al sector energético y a la hacienda pública constituye una expresión nítida de la actual ofensiva de clase de las elites "mexicanas". En lo que respecta al esquema impositivo, los costos de reproducción de un sistema capitalista subordinado, como es el caso nacional, establecen el imperativo de socializar las pérdidas de un inoperante modelo económico-ideológico quebrado, al tiempo de privatizar las ganancias entre unos pocos. En ese sentido, la subvención colectiva a, digamos, los banqueros, debe costearse a cargo de quienes tengan la mala ocurrencia de comer, enfermar, leer o educarse, y si son menesterosos, peor para ellos. Los comisarios políticos seudoargumentan que las propuestas impositivas de ninguna manera son regresivas, porque los "pobres", dicen, se surten en los mercados informales, fuera del alcance del fisco, y además es mínima la parte de su ingreso que destinan a la atención médica.

La intención, prosiguen los camaradas ideólogos, es gravar a las clases pudientes, las mayores beneficiarias, aseguran, de la exención del IVA en alimentos y medicinas. No pensaron en el jefe Barrio, que como muchos otros miembros de la oligarquía, ni siquiera se atiende médicamente en el que se supone es su país, prefiriendo el extranjero, tal vez para no pagar el IVA. ƑQuién puede confiar en un individuo que desprecia a las instituciones de salud de la sociedad que pretende dirigir? Pero ya sabemos que a veces "todos los hombres del Presidente" carecen hasta del mínimo sentido común.

En cuanto a las oportunidades de hacer negocio en nuestro modelo capitalista subordinado, el dogma de fe neoliberal establece la obligación de entregar empresas y activos estatales a los corporativos privados. Para ello, la rectoría nacional sobre los recursos petroleros y el sector eléctrico debe minarse día a día, inclusive desde el mismo gobierno. No importa que al entregar el sector eléctrico a las corporaciones trasnacionales se sometan las necesidades del desarrollo con justicia y equidad al objetivo de privilegiar la ganancia y la plusvalía.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa del Estado con buena rentabilidad. Sin embargo, un perverso esquema fiscal la despoja del superávit, remanente que fondea las arcas del gobierno; el engañoso sistema de "subsidios" a usuarios constituye, por su parte, una argucia contable para el caso de los usuarios domésticos, que son 60 por ciento de los clientes de la CFE, porque los mayores beneficiarios de las bajas tarifas son en realidad las empresas de exportación y las maquiladoras, enclaves de corporaciones trasnacionales.

Tanto la CFE como Luz y Fuerza del Centro están maniatadas para capitalizarse, debido al yugo fiscal y a su falta de autonomía financiera. La intención privatizadora pretende despojarlas de los grandes clientes, y limitarlas al usuario doméstico, a fin de hacerlas quebrar y completar el círculo perverso de privatizaciones, dejando la provisión del servicio al criterio utilitarista de las empresas; es decir, el desarrollo integral de México estaría subordinado al cálculo de rentabilidad para atender sólo regiones y consumidores con alta capacidad económica.

El lucro y la ambición determinarían, entre otros resultados, la electrificación segmentada de un país con desigualdades abismales. Desde las contrarreformas de Salinas, con las leyes secundarias se ha pretendido sabotear la soberanía energética establecida en la Constitución. Los buenos negocios se le escamotean a la CFE desde el mismo gobierno, pretendiendo generar la impresión de ineficiencia e incapacidad de respuesta, limitaciones que en teoría subsanaría el corporativo privado trasnacional.

El desarrollo nacional, del que la preservación y el mejoramiento del sector eléctrico es una condición determinante, no puede dejarse al arbitrio y voluntad de empresas que se conducen por criterios capitalistas, donde quien carece de recursos para consumir afecta al sistema y por lo tanto es desechable. No es gratuito, entonces, que los mexicanos nos veamos sometidos a una burda campaña propagandística, con anuncios ridículos de futbolistas llaneros que en lugar de caguamear, disertan sobre las "bondades" de la reforma eléctrica foxista. Los oligarcas deben generar el consenso necesario para proceder con el desmantelamiento de las cada vez menos empresas mexicanas con mandato y vocación sociales.