Carlos Montemayor

Subsidios y electricidad

Hace algunos meses, el 15 de agosto, Roberto González Amador reseñó para La Jornada un libro publicado este año por The New Press. Se trata de Power Play, de la profesora australiana Sharon Beder, que es un amplio estudio sobre los efectos que en varios países ha desencadenado la privatización del sector eléctrico. La autora señala, entre muchas cosas, que en el caso de Estados Unidos, tanto en California como en Nueva York las plantas de generación privadas redujeron drásticamente los programas de conservación de los equipos de distribución, lo que puede explicar en gran parte los apagones descomunales del pasado verano en el sureste de Canadá y el noreste de Estados Unidos. Explica, además, que en los estados donde no se desregularon los mercados de energía las empresas públicas no sólo han conservado tarifas de 10 a 40 por ciento por debajo de las de California o Nueva York, sino que los sistemas de abastecimiento o transmisión se han mantenido en buen estado.

El aspecto que más me llama la atención de este libro es, sin embargo, el que se refiere a las grandes sumas de dinero que las más poderosas empresas privadas invirtieron en campañas en favor de la desregulación. Sharon Beder detalla que en el primer semestre de 1996 las empresas interesadas invirtieron 37 millones de dólares para promover la desregulación eléctrica en el Congreso y en el ente regulador del gobierno. El Editor Electric Institute gastó en un semestre 11 millones de dólares. Varios grupos consultores, como la Heritage Foundation, con la misma finalidad, elaboraron estudios simuladamente académicos para encomiar los beneficios del mercado eléctrico privado. En estas campañas, el papel que han desempeñado los medios de comunicación ha sido importante.

Traigo esto a cuento porque ahora el gobierno de Vicente Fox está financiando una campaña similar en los medios informativos electrónicos. Lo grave del caso es que esta campaña publicitaria en favor de la privatización del sector eléctrico la está financiando el Presidente con dinero nuestro, con dinero de los contribuyentes mexicanos y no, digamos, con fondos provenientes de los consorcios estadunidenses o directamente de Enron.

El Sindicato Mexicano de Electricistas ha dado a conocer esta semana que en los dos años pasados la administración del presidente Fox ha destinado a esta campaña publicitaria en favor de la privatización la cantidad de 2 mil 400 millones de pesos, cifra suficiente para instalar plantas generadoras de electricidad de 2 mil 300 megavatios. El gremio comparó esa alta cifra de gastos publicitarios en la campaña de privatización eléctrica con otros rubros del sector de energía. Por ejemplo, que equivale a 7 por ciento de los recursos que se pretende destinar a Luz y Fuerza del Centro (LFC); también, que es una cantidad descomunal comparada con los 322 millones de pesos que la Secretaría de Energía gastará en el total de los órganos administrativos desconcentrados. Para la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía habrá 71 millones de pesos; para la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, 106 millones de pesos, y para la Comisión Reguladora de Energía, 144 millones de pesos.

En este contexto, y en las actuales condiciones presupuestales, cuando la administración Fox está desmantelando instituciones científicas, agrícolas y culturales del país, resulta inexplicable que se esté subsidiando a las empresas extranjeras que han comenzado a generar y a vender energía eléctrica en México. Argumenta el gobierno que no hay recursos para asegurar el crecimiento y mantenimiento de la industria eléctrica nacional, pero sí pone las redes de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al servicio gratuito de los capitales extranjeros y la obliga, junto con LFC, a condonar deudas por miles de millones de pesos. Si a la condonación se le agregan los 3 mil 331 millones de pesos con que el actual gobierno federal ha subsidiado en las tarifas de porteo y de respaldo a las empresas extranjeras sólo durante el año pasado, entonces resulta, insisto, injustificable (o cínica, por decir lo menos) la campaña destinada a defender la privatización.

Andrea Becerril informó el 12 de octubre en las páginas de La Jornada que las empresas privadas han contratado con la CFE servicios de respaldo y de porteo con tarifas establecidas por la Comisión Reguladora de Energía a tan bajo precio que no se cubren los costos reales de la comisión. Las trasnacionales asentadas en México requieren los servicios de transmisión de la CFE porque no cuentan con líneas eléctricas ni con centrales propias y se encuentran en lugares distantes al sistema de cogeneración al que están vinculadas. Por ello, las tarifas de porteo y de respaldo que el gobierno de Vicente Fox ordena aplicar a la comisión representan un subsidio implícito a las corporaciones privadas. Según el informe reseñado por Andrea Becerril, tan sólo en el caso de las 14 concesiones más importantes, de un total de 225 otorgadas a trasnacionales, el monto del subsidio debe estimarse en 3 mil 339 millones de pesos únicamente en 1992.

La administración actual (pero igual que las de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo) no destina recursos para fortalecer el sector eléctrico como servicio público, pero sí está dispuesta a construir centrales y mantener redes de transmisión para respaldar a los consorcios trasnacionales.

En estos momentos de debate de la propuesta fiscal de la administración Fox, cuando Hacienda pretende con la aplicación de la nueva tasa impositiva una recaudación probable de 45 mil millones de pesos, olvidan el presidente Fox y sus cercanos colaboradores varias cosas. Primero, que si se cobrara a los bancos hoy mismo los impuestos diferidos que deben a la Secretaría de Hacienda, se recaudaría de inmediato más de 50 mil millones de pesos. Segundo, que los subsidios a las empresas trasnacionales repercuten negativamente en las finanzas de la CFE y del gobierno federal mismo. Que desmantelar el país desde Petróleos Mexicanos y la CFE hasta el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Mexicano de Cinematografía y el Centro de Capacitación Cinematográfica, por ejemplo, no es un adelgazamiento del Estado mexicano, sino una clara venta de garage del país entero en industria, cultura y ciencia. La ecuación del gobierno del cambio es transparente: las ganancias de la nación deben ser privadas y las pérdidas de la nación deben ser públicas. Es decir, las ganancias de la nación deben ser para los extranjeros; las pérdidas de la nación deben ser para los mexicanos.