Dicen que en 1998 habían aceptado $319 millones

Prueban los Ramos Millán la renuencia del Estado a pagar

Los herederos de Gabriel Ramos Millán, que el pasado 31 de julio iniciaron una demanda civil contra la Federación con el apoyo del bufete jurídico del senador panista Diego Fernández de Cevallos, y por medio de la cual pretenden obtener el pago inmediato de mil 214 millones de pesos correspondientes a una indemnización por un litigio de tierras que en 2002 ganaron los querellantes, presentaron en días pasados un documento al juzgado décimo de distrito en materia civil, en el que argumentan que en 1998 estuvieron dispuestos a recibir de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) 319 millones de pesos de compensación por la expropiación ilegal de 33 hectáreas del ejido Santa Ursula Coapa, efectuada en 1984.

Sin embargo, la dependencia rechazó entonces la propuesta y decidió que el litigio se desahogara hasta la última instancia (en tribunal colegiado), precisan los quejosos en el documento que ofrecieron como prueba para demostrar al juez de la causa, Adalberto Herrera González, que la Federación ha estado renuente a indemnizarlos, causando "daños y perjuicios" al patrimonio de la familia Ramos Millán.

Fuentes del Poder Judicial informaron lo anterior, y agregaron que los quejosos entregaron al impartidor de justicia un escrito firmado por Gabriel Ramos Fernández (hijo y albacea de Ramos Millán), en el cual autoriza a los demandantes Gabriel Ramos Hernández y Armando Bernal Estrada (hijo y sobrino del heredero principal, respectivamente) emprender las acciones jurídicas para la protección del patrimonio de la familia Ramos Millán. En el documento se establece que los querellantes están facultados para exigir a la Federación que, además de la millonaria indemnización, se les pague una compensación de 118 millones de pesos que, según los quejosos, forma parte de los intereses devengados desde el 27 de marzo de 2002, en que el tercer tribunal colegiado en materia administrativa ordenó a la SRA pagar los mil 214 millones de pesos, hasta el momento de la demanda actual, agregaron las mismas fuentes.

De esta forma, la estrategia de los abogados encabezados por el legislador panista va encaminada a dar "armas" al juez para que declare que la Federación pudo pagar en 1988 la indemnización, cuyo monto no era tan elevado, y no lo hizo; además, los litigantes pretenden demostrar al impartidor de justicia que los quejosos sí tienen personalidad jurídica para iniciar una demanda civil contra funcionarios federales, debido a que fueron autorizados por el heredero principal de Gabriel Ramos Millán.

Por ahora está abierta la etapa de recepción de pruebas correspondientes al juicio civil 120/2003, en que están involucrados directamente (como parte demandada) el titular de la SRA, Florencio Salazar Adame, y la consejera jurídica de la Presidencia de la República, María Teresa Herrera Tello.