Sólo Nayarit y Guanajuato pagan $20 mil a sus litigantes; en Morelos, $3 mil

Sobrecarga laboral y bajos salarios frenan la gestión del defensor de oficio

Quienes no pueden saldar un servicio particular enfrentan déficit de abogados y rezagos en infraestructura, además de sentirse perdidos, desesperados y olvidados, reconocen funcionarios

CORRESPONSALES, VICTOR BALLINAS Y JESUS ARANDA

En 20 estados los defensores de oficio perciben salarios mensuales que van de 3 mil a 10 mil pesos. Los salarios más bajos para la defensoría pública se pagan en Morelos (3 mil pesos), Zacatecas, Michoacán y Yucatán (4 mil o 5 mil), y en Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero, Colima, Tamaulipas, Chiapas, estado de México, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Durango, Tlaxcala, Coahuila, San Luis Potosí y Jalisco (entre 6 mil y 8 mil). Sólo dos estados pagan 20 mil pesos a sus defensores de oficio: Nayarit y Guanajuato.

En 85 por ciento de los estados, al igual que en el Distrito Federal, las defensorías de oficio dependen del Poder Ejecutivo. Están en su mayor parte a cargo de los secretarios generales de Gobierno; en otros, dependen de las procuradurías o de los reclusorios.

En materia penal, la defensoría de oficio estatal pierde entre 60 y 85 por ciento de los casos que lleva. "Muchas veces se debe a que los acusados no confían en nosotros, no colaboran y no aportan los testigos, con lo cual la defensa es débil", argumentan los encargados de coordinar las defensorías.

Aunados a la sobrecarga en materia penal, "últimamente se han incrementado los problemas de tipo familiar: divorcios, incumplimiento del pago de pensión alimentaria, casos civiles, herencias".

Diligencias firmadas

Secretarios generales de Gobierno, jueces, agentes del Ministerio Público, procuradores de justicia estatal y otros funcionarios aceptan que "en muchas ocasiones, por la sobrecarga de trabajo, los defensores de oficio únicamente se presentan a firmar las actas de las diligencias sin haber estado presentes durante la declaración de sus defendidos".

En la mayor parte del país los detenidos que, por carecer de recursos para pagar un servicio particular, son asignados al defensor de oficio "se sienten perdidos, desesperados y olvidados" por la poca atención que se les brinda, reconocen los funcionarios estatales encargados de dirigir dicha defensoría. Ello se debe, justifican, "a las cargas de trabajo excesivas, al déficit de abogados, a los rezagos en infraestructura y a los bajos salarios que reciben".

Aunque en la mayoría de los estados es requisito que el defensor de oficio sea abogado titulado y con experiencia, son frecuentes los casos de estudiantes de tercero o cuarto año de la carrera de derecho que ejercen como defensores.

En algunas entidades, ante los magros salarios que se pagan, los defensores de oficio cuentan con despachos privados, con la única condición de que "no litiguen casos penales" para no entrar en conflicto de intereses.

En gran parte del país estos defensores de oficio trabajan en condiciones adversas: carecen de oficinas propias, en muchos casos comparten locales, y en otros se les ubica en los pasillos de juzgados y agencias del Ministerio Público, donde cuentan sólo con una mesa, padecen limitaciones que van desde la falta de computadoras, muebles, archiveros, sillas, hasta la ausencia de secretarias y personal de apoyo.

En Veracruz "no se cuenta aún con la defensoría de oficio en todas las ramas; principalmente se atiende la penal, y para ello se cuenta con 43 abogados que son insuficientes", señala Francisco Palacios Hernández, director de Coordinación y Supervisión de la Defensoría de Oficio y del Registro Estatal de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del estado.

"A esos 43 litigantes se les encarga la defensa donde están ubicados. En cada juzgado se registran anualmente más de 2 mil expedientes, y la mayoría de los detenidos, por pobreza, deja sus casos en manos del defensor de oficio", añade Palacios Hernández.

En la entidad la defensoría no se ejerce de tiempo completo, precisa, y explica que "como están mal pagados, tienen que ejercer su profesión para poderse ayudar, tienen la profesión libre hasta ahorita, porque el día que se les incrementen sus salarios, tendrán que dedicarse de tiempo completo a defensoría".

El estado de México, cuya población es más numerosa que la del Distrito Federal, cuenta con la mitad de los defensores de oficio que tiene la capital de la República, y les paga 5 mil pesos menos al mes.

El director de la defensoría de oficio mexiquense, Juan Gonzalez Izsunza, señaló que se requiere al menos una cantidad igual de defensores de los que hoy tiene. "Actualmente, por ejemplo, hay defensores que atienden cuatro adscripciones (defensorías)."

Para el director del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública de Aguascalientes, Manuel Cortina Reynoso, este tipo de defensa en el estado es insuficiente, pues sólo se cuenta con 15 defensores y se requiere al menos 50 por ciento más. "Este es el grito desesperado de los abogados, la falta de personal, pues, con tantos casos que se tienen en la cabeza, se les pueden ir términos o datos que podrían ayudar al detenido. Estamos hablando de que el defensor tiene el doble de carga que un agente del Ministerio Público y gana 40 por ciento menos."

La directora Jurídica del gobierno de Tlaxcala, Hilda Patricia Ramos Mora, reconoce que por el excesivo número de casos que lleva cada abogado "hemos perdido la confianza de la gente, porque a veces piensa que no la apoyamos por desidia, cuando en realidad tenemos mucho trabajo. Los casos que perdemos no son por incapacidad de los defensores de oficio, sino porque falta colaboración de la gente, pues se siente olvidada y desesperada".

Agentes del Ministerio Público en Querétaro resaltan que "como existe un defensor de oficio para dos o tres agencias del Ministerio Público, éstos se presentan a firmar las actas de diligencias sin haber estado presentes, pues tienen mucho trabajo, y en algunos casos se llama a estudiantes de tercero y cuarto año de la carrera de derecho para que presten su servicio social como defensores".

El ombudsman estatal, Bernardo Romero, sostiene que en tres centros penitenciarios de la entidad algunos reclusos "me han manifestado que la conversación con su defensor de oficio es prácticamente nula por el exceso de trabajo de éstos".

La situación en Colima no es muy diferente. El director general de Readaptación Social, José Abel Saucedo Romero, de quien dependen los abogados contratados por el estado para cumplir con las disposiciones de la ley, señala que los defensores de oficio son tratados como apéndice de los juzgados. "Aunque se tienen 19 defensores, hacen falta ocho, por lo menos, para atender la demanda."

Los defensores de oficio en Yucatán a veces ponen de su salario para sufragar gastos de los reclusos, sostiene el juez Jesús Rivero Patrón, titular de la instancia tercera de defensa social. Se cuenta con apenas 12 defensores, los cuales carecen de oficinas, de apoyos y de equipo de trabajo. "Para atender la sobredemanda se requiere el doble o triple de abogados."

La coordinadora de los defensores de oficio en Sinaloa, Sandra Ofelia López, reconoce que los 92 litigantes en la entidad son insuficientes ante el cúmulo de trabajo, por lo que "ya se solicitaron nuevas plazas para que sean consideradas en el presupuesto del año entrante".

Para el director de la defensoría de oficio de Tamaulipas, Gastón Ruiz Saldaña, "es relativo el número de casos que ganan los defensores, porque en algunos casos el denunciado sí es culpable y, por mejores promociones que haga el defensor, los jueces condenan al detenido".

El defensor de oficio en Zacatecas percibe entre 4 mil y 6 mil pesos al mes, no dispone de lugar de trabajo, mucho menos de equipo y personal de ayuda. Ante los bajos salarios "tiene sus despachos privados para ayudarse económicamente".

Los defensores de oficio "no se dan abasto para atender cada caso que tienen; están saturados, además de que carecen de viáticos y papelería. Somos como los hospitales, la gente tiene que hacer cola; los abogados atienden a unas 25 personas en promedio al día", señala el subdirector de la Defensoría Jurídica Integral de Coahuila, Carlos Morales González.

Guanajuato, que cuenta con 180 defensores de oficio -segunda entidad en número de estos abogados, después del Distrito Federal (320)-, "también requiere de más defensores, para dar mejor servicio y trato a los detenidos. En ocasiones atendemos 40 expedientes diarios, sobre todo cuando cubrimos las vacaciones de otros defensores. Atendemos casos de todo tipo, pero en materia penal llevamos casi todos los procesos, pues realmente son muy pocas las personas que al verse ante un problema de ese tipo recurran a un abogado particular".