La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer el contencioso entre el gobierno del Distrito Federal y un particular que se ostenta como dueño del denominado Paraje San Juan, y que reclama una indemnización de más de mil 800 millones de pesos por la supuesta expropiación de ese terreno ubicado en la delegación Iztapalapa, constituye una respuesta correcta y razonable a las objeciones planteadas por el gobernante capitalino, Andrés Manuel López Obrador, al fallo del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa que obligaba al gobierno de la ciudad de México a desembolsar esa suma gigantesca a pesar de los numerosos indicios de irregularidades del expediente respectivo.

Si bien no fue concedida la petición original de López Obrador al máximo tribunal del país, que era la creación de una comisión investigadora del caso, la resolución aprobada es un doble triunfo para el jefe del gobierno capitalino, en la medida en que le da la razón en su demanda de esclarecimiento y le reconoce legitimidad para solicitar la intervención de la SCJN en situaciones especiales, lo que equipara sus atribuciones a las de los mandatarios estatales.

Lo más importante del episodio es que reafirma que el gobierno capitalino y la institucionalidad nacional en su conjunto disponen de mecanismos para revisar y, en su caso, anular órdenes judiciales que puedan convalidar intentos de fraude y se conviertan en un mecanismo de saqueo de las arcas públicas, como podría ser el caso del reclamo de la indemnización multimillonaria por la expropiación del Paraje San Juan a un supuesto propietario que dista mucho de haber fundamentado correctamente su exigencia.

Cabe esperar que en la revisión del expediente que emprenda la SCJN no sólo se establezca la procedencia o la improcedencia del pago referido, sino también dé pie para encontrar las fallas, involuntarias o dolosas, en las actuaciones de ex funcionarios públicos y de integrantes del propio Poder Judicial, errores que, sumados, han colocado a las finanzas de la ciudad capital en un grave peligro y han estado a punto de hacer posible una transferencia tal vez ilegal de fondos públicos a manos privadas.

Por otra parte, sería deseable que el fallo emitido ayer por la máxima instancia judicial del país siente de alguna manera un precedente y lleve a la revisión de otros litigios en los que se pretende sangrar desmesuradamente las arcas públicas, como es el caso de la indemnización, también astronómica, que los descendientes de Gabriel Ramos Millán, representados por el despacho de Diego Fernández de Cevallos, pretenden cobrar a la Secretaría de la Reforma Agraria. Si el combate a la corrupción es un propósito serio y no sólo un lema propagandístico del actual gobierno, debe ponerse freno a la proliferación de fortunas basadas no en la legalidad y la ética, sino en las habilidades de leguleyos tan llenos de influencias como vacíos de escrúpulos.