Por unanimidad resuelve atraer el asunto para conocer recurso del gobernante

Valida la Corte facultades de López Obrador; revisará el caso San Juan

Rechaza crear comisión que indague irregularidades en juicio Lo equipara a un gobernador

JESUS ARANDA

En una decisión tan inesperada como histórica, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por unanimidad resolvió ayer ejercer su facultad de atracción para conocer el recurso que interpuso el gobierno capitalino en contra del fallo de un juzgado federal que lo obliga a pagar mil 810 millones de pesos por la indemnización del Paraje San Juan de Iztapalapa.

Esto implica que los ministros revisarán todo el expediente de la causa y pueden, en dado caso, modificar el avalúo del predio o determinar quiénes son los legítimos dueños a los que hay que pagar por la expropiación.

Pese a que en forma unánime los nueve ministros presentes rechazaron la petición del jefe de Gobierno del Distrito Federal de crear una comisión que investigara presuntos actos de corrupción relacionados con el caso del Paraje San Juan -en razón de que no se configuraba lo estipulado en el artículo 97 constitucional de que la indagatoria debe estar relacionada con la violación grave de garantías individuales-, lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador obtuvo más de lo que habría conseguido si la Corte hubiera creado la comisión investigadora que pedía.

Y aunque la SCJN tomó la decisión siguiendo los cauces jurídicos previstos -en los que no había lugar para la creación de una comisión investigadora-, ahorrando además el tiempo que implicaría esperar la sentencia del tribunal colegiado, el máximo tribunal revisará la totalidad del proceso legal, como había solicitado originalmente el Ejecutivo local.

Además, los ministros sentaron jurisprudencia en el sentido de que, para efectos del artículo 97 constitucional, el jefe de Gobierno sí está legitimado para solicitar la intervención de la Corte cuando lo considere necesario, equiparándole atribuciones a las que tienen los gobernadores de los estados.

En sesión privada el pleno discutió previamente lo relacionado con la facultad de atracción (la solicitud la planteó casi al final el ministro ponente Juan N. Silva Meza). Hubo opiniones de los juzgadores de que el máximo tribunal no puede permitir que una resolución judicial obligue al jefe de Gobierno capitalino "al pago irracional" de una expropiación.

Pese a las constantes críticas de López Obrador sobre la actuación de los ministros y del Poder Judicial de la Federación en los últimos días, trascendió que hay consenso de los ministros en que "todos los actores políticos" deben sumar en lugar de restar. Lo cual incluye también a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que determine la responsabilidad de los ex funcionarios capitalinos que habrían solapado o se habrían favorecido con un fallo irregular en favor de los quejosos, que demandan una indemnización de mil 810 millones de pesos.

En suma, la Corte está dispuesta a revisar "toda" la documentación que tiene que ver con el asunto; aunque hay un punto que el gobierno capitalino no ha refutado y que debe tomarse en cuenta: "hubo la expropiación de un predio y, en consecuencia, se tiene que pagar la indemnización. ƑA quién? Eso hay que determinarlo".

Al inicio de la discusión del recurso de reclamación que interpuso López Obrador en contra del acuerdo de la presidencia de la Corte, que desechó su petición por "notoriamente improcedente", los ministros presentes argumentaron que incluso, de aprobar su creación, la comisión no tendría facultades jurisdiccionales, y las resoluciones a que llegara no tendrían efecto legal alguno en beneficio del Gobierno del Distrito Federal.

Además de calificar de poco clara la solicitud de López Obrador en cuanto a los alcances de la comisión, los ministros precisaron que de aceptar la petición la Corte, sin tener facultades para ello, se habría convertido en una superprocuraduría, porque asumiría las funciones de Ministerio Público al investigar presuntas irregularidades en el juicio del Paraje San Juan; en supertribunal, porque sin seguir el trámite constitucional intervendría en la revisión de un proceso judicial saltando todas las instancias, y en simple gestora, porque sería el medio para hacerle llegar al Consejo de la Judicatura Federal la queja del gobierno capitalino en contra del fallo de la juez octava B de distrito.

El más irónico fue el ministro Juventino V. Castro y Castro, quien de entrada dijo que no quería dejar el cargo sin participar en un asunto tan importante, por lo que era de la idea de que de una vez se entrara al fondo del asunto y la Corte rechazara la petición por notoriamente improcedente. Añadió que quien sí debería crear la comisión solicitada era el propio López Obrador, porque a quien tiene que investigarse es a los abogados de las administraciones capitalinas que dejaron pasar esas irregularidades que ahora denuncia el jefe de Gobierno, que incluyen las gestiones de Manuel Camacho Solís, Oscar Espinosa Villarreal, Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles.

Juan Díaz Romero comentó que el jefe de Gobierno no midió el alcance de su petición. Mientras que Castro y sus compañeros hicieron críticas veladas al gobernante de la ciudad con reiterados señalamientos sobre la vigencia del estado de derecho y el respeto a los fallos judiciales.

Una vez que la Corte resolvió ejercer su facultad de atracción, el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa, que apenas iba a iniciar el estudio de la queja de López Obrador, remitirá el expediente a la Suprema Corte, la cual nombrará en breve al ministro instructor del asunto.